El Partido Popular, desde que perdió las elecciones, con la inapreciable ayuda de los medios de comunicación que controla o que lo controlan, utilizando toda clase de manipulaciones, mentiras, falsedades o tergiversaciones de la realidad, obediente a la estrategia y disciplina ideológica elaborada en la FAES, refugio del neofranquismo superviviente y la ultraderecha, ha creado un ambiente político de crispación y confrontación irrespirable, con el entusiasta apoyo de la Conferencia Episcopal y su poder mediático, organizaciones familiares católicas, el Poder Judicial, alguna asociación de victimas del terrorismo, determinados sectores empresariales y, ahora, pretendidamente, el Ejército.

Después de casi 25 años, desde el intento de golpe militar del 23-F, un alto cargo militar, el jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, ha vuelto a amenazarnos con una interpretación golpista del artículo 8º de la Constitución, advirtiéndonos que si los resultados del debate parlamentario sobre el Estatuto de Cataluña no se ajustan a su interpretación de la Constitución, no es preciso recurrir, como recoge el ordenamiento jurídico, al Tribunal Constitucional. En base a la actualizacion de los criterios golpistas del 23-F, el Ejército tendría autonomía para un pronunciamiento militar, olvidando que la Constitución reconoce al Gobierno la dirección política interior y exterior y la supeditación del poder militar al poder civil, Gobierno y al Parlamento emanado de la voluntad democráticamente expresada de los españoles.

La indecencia no radica tanto en las inadmisibles palabras de un militar inquieto o preocupado, más allá de sus deberes y atribuciones, sometido a la disciplina militar y a la autoridad del poder civil encarnado por el Gobierno. La obscenidad y desvergüenza política recae en la dirección del Partido Popular, responsable de la campaña sobre las consecuencias de la aprobación del Estatuto catalán, como causa de la "ruptura de la patria", el peligro para la "unidad de España" o la futura "España rota", orientada no sólo a sembrar la inquietud entre muchos españoles, sino también entre los militares, especialmente sensibles a estos conceptos inamovibles de "unidad" y "patria".

El articulo 8º de la Constitución, de difícil similitud con cualquier Constitución de países democráticamente avanzados, producto de las dificultades de consenso de la transición política, tiene una redaccion que, por segunda vez, es utilizada equívocamente por un militar para cuestionar su deber de obediencia absoluta del poder político.

El PP ha resucitado la "cuestión militar" coqueteando con su discurso. No es descabellado deducir que algunos mandos del Ejército pueden sentirse incitados a un pronunciamiento, ante la campaña propagandística sobre los peligros que acechan a la "patria" y a la "unidad de España". Es el caldo de cultivo apropiado para que surgan "salvadores de la patria".

Mientras, la totalidad de las fuerzas políticas criticaban, duramente, las manifestaciones de Mena Aguado, Gabriel Elorriaga, secretario de Comunicación del PP, lejos de condenarlas, consideraba "inevitable que se produzcan este tipo de pronunciamientos" como "reflejo de la situación que estamos viviendo".

Rajoy, después de un día de silencio, ha considerado que, tales declaraciones "no pasan porque sí", acusando al Gobierno de "jugar a la ruleta rusa con el Estatuto" catalán.

Sin embargo, Josep Piqué, presidente del PP catalán, las calificó de "profundamente desafortunadas, inapropiadas, inadmisibles y sin justificación". En el mismo sentido se pronunció Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. "En una democracia avanzada, los militares deben estar en silencio y a las órdenes del único poder que emana del pueblo".

Algunos medios de comunicación, los más conservadores, han pretendido hacernos creer que las opiniones de Mena Aguado tenían un gran predicamento entre los mandos de las Fuerzas Armadas, mientras desde el Ministerio de Defensa reiteraban que se trataba de un caso aislado. Veremos.

La pretendida petición de responsabilidades a Bono, por haber nombrado a José Mena Aguado jefe de la Fuerza Terrestre, es una nueva majadería si tenemos en cuenta que fue el Gobierno de Aznar, quien lo nombró jefe de la Brigada Acorazada Brunete y, posteriormente, lo ascendió a teniente general y lo nombró jefe de personal del Ejército. Un poco de seriedad.

En Canarias, como en otras ocasiones, el presidente del PP de Fuerteventura no sólo apoya la posición del teniente general. Asegura que "no está solo" y que "lo que ha dicho no lo ha dicho por capricho, ni inconscientemente". Al parecer, da a entender que existe una trama y que sus palabras forman parte de una táctica. ¿Quiere decir que hay más militares implicados? ¿Que el Partido Popular está detrás de su discurso?...

Más mentiras. Después de desgañitarse para intentar engañarnos con la "misión humanitaria" de las tropas españolas, el ex gobernador estadounidense en Irak, en un reciente libro, critica la conducta de esas tropas, que no quisieron ayudar a las norteamericanas, atacadas por la resistencia iraquí. Paul Bremer cuenta que los soldados españoles "han adoptado una posición de que, a no ser que se les dispare, no entrarán en combate. Permanecen sentados en sus carros de combate sin hacer nada. Es un escándalo". Relata que, después de enviar un informe de queja, lo llamó Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores, para decirle que habían recibido la queja y le transmitía la incredulidad de Aznar sobre esa actuación de los soldados españoles. Una prueba evidente que habían ido a combatir. Afortunadamente, el triunfo socialista en las elecciones favoreció el cumplimiento de la promesa electoral del presidente Rodríguez Zapatero, ordenando el regreso de las tropas a España.

El ex embajador chileno en las Naciones Unidas también ha escrito un libro, en el que revela que, después del atentado terrorista del 11-M, el Gobierno de Aznar, presionó al Consejo de Seguridad para que elaborara una condena expresa de ETA como autora del atentado de Madrid, cuando todos sabían que había sido el terrorismo internacional islamita.

Ahora sabemos que, como habían advertido los servicios de inteligencia de varios países, casi el 50% de los terroristas detenidos en distintos países europeos, desde 2004, residían en España desde hacía años sin que fueran molestados por la Policía, mientras eran responsables del Ministerio de Interior Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes. Sólo después del atentado del 11-M, la Policía y la Guardia Civil han detenido a casi 250 integristas.

Y todavía se atreven a criticar...