Las lluvias del pasado 20 de septiembre han dejado al descubierto las graves carencias que presentan nuestras ciudades ante precipitaciones de cierta intensidad, aunque no infrecuentes. Lo más grave de esta situación es que el 31-M del 2002 no ha servido de escarmiento para que no se repitan estas desgracias. Ningún accidente es casual, no es motivo de un solo fallo. En este caso se pueden citar tres, que además, se repiten con excesiva frecuencia.

Primer fallo: no se activa a tiempo la alerta por lluvias y cuando se activa, es de forma ineficaz. En efecto, varias horas después de que empezara a llover (a las 6.30 de la mañana ya caían sobre Santa Cruz precipitaciones de cierta intensidad) fue cuando se activó la alerta por posibles precipitaciones superiores a 60 litros. En la página web del Instituto Nacional de Meteorología (www.inm.es) desde primeras horas de la mañana se podía observar la formación y la evolución de la tormenta que ya descargaba sobre Santa Cruz. Si a todo esto añadimos que en las islas tan sólo existen tres estaciones meteorológicas capaces de determinar la duración e intensidad de las lluvias, se entiende que dificilmente puedan ponerse en práctica medidas de gestión del drenaje urbano, ya ampliamente utilizadas en Europa. Si hasta que no se inundaron la avenida de Anaga y la vía de San Andrés no acudieron policía y bomberos en auxilio de los vehículos que ya estaban atrapados por las aguas, fue por falta de una correcta planificación de emergencias.

Segundo fallo: la falta de previsión en el mantenimiento y limpieza de las infraestructuras básicas de saneamiento y drenaje. De siempre, al finalizar el verano, los operarios de EMMASA realizaban una sencilla, oscura, y muy útil labor de limpieza de rejillas, imbornales, sumideros y conducciones principales de alcantarillado. No hay más que observar, no sólo en Santa Cruz de Tenerife, sino en muchas ciudades del Archipiélago, el estado de estos elementos llenos de suciedad y de elementos que taponan las vías de drenaje.

Tercer fallo: falta de voluntad política en resolver viejas costumbres. A pesar de las obras ejecutadas en los barrancos y que han mejorado notablemente la situación anterior al 31-M, siguen existiendo numerosos puntos negros que, ante sucesos como éstos, pueden dan lugar a desgracias de cierta consideración. Estos puntos negros se corresponden con edificaciones en barrancos, en laderas o en zonas de riesgo geológico o hidrológico. Para solucionar el riesgo potencial existente en estas zonas hace falta una innegable voluntad política. Los hechos que conocemos desde el 31-M evidencian que no la hay.

Entendemos que es el planeamiento municipal la herramienta con la que se pueden gestionar las actuaciones que permitan corregir esta situación. La desgracia del 31-M ha obligado que en el documento del Avance y la Revisión del PGO de Santa Cruz de Tenerife se consideren los riesgos geológicos e hidrológicos como criterios básicos para el establecimiento y definición de los usos a implantar en el territorio. Por todo esto, no se entiende cómo la Cotmac aprueba planeamientos municipales en los que se consolidan suelos urbanos en zonas con evidentes riesgos naturales. La presión inmobiliaria influye de tal manera en el planeamiento municipal que los parámetros urbanísticos que definen la implantación en el territorio son los relativos a aspectos económicos (edificabilidad, ocupación del suelo...) y no aquellos como las pendientes del terreno, los riesgos geológicos, los riesgos por avenidas, etc.