El sindicalismo no ha logrado adaptarse a las nuevas formas y estrategias de explotación, cuyos sujetos principales son las grandes empresas multinacionales y los Gobiernos al servicio de sus intereses, principales protagonistas de la mundialización, la deslocalización y, cuando es necesario, de la represión. Sin capacidad para elaborar una estrategia globalizada, pese a contar con fuertes organizaciones internacionales, intentan defender los intereses de los trabajadores, en los tradicionales niveles empresariales o sectoriales y, en ocasiones excepcionales, llegan a organizar alguna huelga general, de ámbito estatal, con escasa capacidad de planteamientos coordinados, supranacionales. Cuando alguna vez lo consiguen, los resultados son positivos, como ha ocurrido recientemente con la movilización de los estibadores portuarios, contra el intento de liberalizar sus actividades, en favor de los intereses de las grandes compañías navieras.

Permanentemente, las organizaciones sindicales tienen que enfrentarse a los intentos de cambios legislativos, que coartan la libertad sindical y la negociación colectiva; la creación de organizaciones sindicales amarillas o corporativas; las campañas orquestadas de descrédito de los sindicatos; la prohibición o restricción del derecho de huelga; el aumento de la precariedad laboral, las mayores facilidades y abaratamiento del despido o a la represion, pura y dura, en todo su amplio catálogo de posibilidades, incluso el asesinato.

El sindicalismo continúa siendo imprescindible en la defensa de los intereses de los trabajadores, los derechos humanos, las libertades y la democracia. Reclamar el pago de salarios atrasados; luchar por mejorar las condiciones de trabajo; crear sindicatos independientes; movilizarse por el derecho a la negociación colectiva; defender los derechos de la mujer y denunciar el acoso sexual; exigir un sistema de protección social o una participación más justa del desarrollo económico, en muchos países continúa llevando a muchos sindicalistas al despido, la cárcel, las amenazas, la agresiones violentas, la tortura o la muerte.

Una vez más, la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que representa a 145 millones de trabajadores y trabajadoras de 234 organizaciones sindicales, repartidas en 154 países y territorios, ha publicado su informe anual sobre la represión antisindical en el mundo, que cubre 136 países de los cinco continentes. En palabras de Guy Ryder, secretario general, "el informe revela hasta dónde están dispuestos a llegar muchos Gobiernos y empleadores para conseguir tomar la delantera en unos mercados globales donde la competencia es cada vez más feroz", y añade que "la globalización debe tomar una vía distinta en la que las preocupaciones sociales y el fin de la explotación ocupen un lugar central, en vez de quedar al margen".

Un total de 145 de militantes sindicales fueron asesinados como represalia por sus actividades sindicales, 16 más que el año anterior. El informe documenta más de 700 agresiones violentas contra sindicalistas; más de 500 recibieron amenazas de muerte. Es de reseñar la ausencia de informes sobre los países nórdicos europeos. El respeto de los derechos de los trabajadores constituye una de las bases del éxito económico y, desde luego, es piedra angular de sus consolidadas y ejemplares democracias. Latinoamérica continúa destacando como la región con mayor número de asesinatos y amenazas de muerte, mientras que la región de Asia y el Pacífico registra el mayor número de sindicalistas encarcelados. Colombia, una vez más, es el país más peligroso del mundo para el ejercicio del sindicalismo: 99 militantes sindicales fueron asesinados y varios centenares padecieron amenazas de muerte. Algunos "fueron asesinados a sangre fría por el Ejército". También se produjeron asesinatos de sindicalistas en Guatemala, Paraguay, Brasil, República Dominicana y Haití. En Venezuela, Hugo Chávez continúa con su cruzada contra la central sindical CTV que, según sus propias palabras, "se va a convertir en polvo cósmico". En EE.UU., los empresarios continúan recurriendo a las tácticas antisindicales legalizadas por el Gobierno Bush.

En África, en medio de guerras tribales, étnicas o religiosas, bajo la explotación más severa de gobiernos corruptos, decenas de millones de personas luchan para sobrevivir, con índices de pobreza extrema, sin protección social, con escasa capacidad de negociación colectiva y en medio la agresividad gubernamental contra los sindicatos. En Sudán, Egipto y Libia no existe libertad sindical. Se reconoce una sola organización, creada y controlada por los Gobiernos. En Botswana, Guinea Ecuatoria, Camerún, Congo, Namibia, Kenya y Sudáfrica miles de trabajadores son despedidos por participar en huelgas.

En Asia, conforme avanza la globalización, los derechos sindicales son continuamente violados, llegándose frecuentemente a las palizas y el asesinato, a manos de la Policía, "como herramientas de opresión generalmente utilizadas por los Gobiernos en la región". En China no existe el menor atisbo de avanzar hacia la libertad sindical. Cualquier intento de creación de sindicatos, al margen del gubernamental, es represaliado.

El sindicalismo, vengo insistiendo en ello, debe superar sus carencias y abrirse a nuevas alternativas de lucha, para resistir la ofensiva del pensamiento único, la mundialización y la deslocalización y sus consecuencias; del aumento de la probreza y las desigualdades; del incremento de la explotación; la exclusión de amplios sectores de población y el desmantelamiento de la protección social. Los sindicalismos no pueden dar la espalda, como vienen haciendo, a los grupos emergentes y a la antimundialización, sino encauzar su violencia; a las organizaciones de consumidores, humanitarias o ecologistas que protagonizan nuevas formas de lucha y de resistencia, logrando inquietar a los dirigentes políticos, sátrapas, dictadores o chupócteros cuya única inquietud parece orientada a satisfacer los intereses de las grandes empresas multinacionales, los grupos empresariales o financieros internacionales, nacionales o locales, a costa de la explotación de millones de trabajadores, de la destrucción del medio ambiente, fomentando la construcción de innecesarias y costosísimas infraestructuras de escasa calidad y menor utilidad, salvo para sus constructores y los espabilados, con información privilegiada, que compraron terrenos, cuando los proyectos sólo estaban en la cabeza de unos pocos.

El próximo año, la CIOSL publicará su nuevo informe y, lamentablemente, nos enteraremos de que todo sigue igual o, tal vez, peor.