Inmigración, cinismo e insolidaridad
Justo Fernández Rodríguez
La llegada de pateras o cayucos a Canarias,
buscando entrar en Europa, se ha convertido en un serio problema de muy difícil
solución, no sólo para Canarias y España, sino, incluso, para
La utilización de la inmigración por parte de los dirigentes del PP como arma
para la confrontación política, con fines electorales, me obliga en esta
ocasión a intentar clarificar lo que verdaderamente ocurrió y quiénes fueron
los responsables.
El proceso de legalización de trabajadores extranjeros en situación irregular
se realizó de acuerdo con el Reglamento de
Al contrario de lo sucedido con anteriores regularizaciones, se trató de un
procedimiento excepcional que intentaba paliar la chapucera política de
inmigración desarrollada por los Gobiernos del Partido Popular, que dejó millón
y medio de inmigrantes ilegales y 832.000 expedientes sin resolver, de
inmigrantes que no fueron expulsados ni legalizados.
La decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero contó con el apoyo decidido de
todas las fuerzas políticas parlamentarias, excepto el PP, la colaboración de
las organizaciones sindicales y empresariales y de la gran mayoría de las ONG.
La medida se adoptó con los informes favorables del Consejo de Estado, Consejo
Económico y Social y Consejo General del Poder Judicial.
Se trataba de regularizar a cientos de miles de inmigrantes que ya vivían y
trabajaban en España; que utilizaban toda clase de servicios públicos:
colegios, sanidad, infraestructuras, sin aportar cotización social alguna ni
pagar impuestos. No se trataba, como dicen los dirigentes del PP, de dar
"papeles para todos" o de reproducir el "efecto llamada".
Fue una regulación selectiva. Sólo tuvieron papeles aquellos que pudieron
exhibir un contrato de trabajo y llevaran residiendo en España más de seis
meses. Esta vez, como ocurrió en las regularizaciones del PP, no valía exhibir
billetes de metro o autobús, certificados médicos, contratos de luz o agua, sin
ninguna exigencia de estar trabajando legalmente. Tampoco se pagó el viaje de
ida y vuelta a más de veinte mil ecuatorianos para que fueran a su país y
consiguieran papeles. La regularización sirvió para combatir la economía
sumergida, haciendo aflorar, cada año, más de 2.000 millones de euros de
ingresos para el Estado y aumentar los cotizantes a
Nada de esto evitó que el Partido Popular lanzara a sus notables hooligans a descalificar el proceso. La acusacion de Ángel Acebes, ex
ministro de Interior, asegurando que "nuestras fronteras son ahora un
auténtico coladero" fue contestada por
Ángel Acebes y José Manuel Soria, presidente del PP
de Canarias, buscaban otros objetivos más espúreos,
descubriendo detrás de la regularización "los intereses electorales del
Gobierno de Rodríguez Zapatero".
Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo, que dimitió por su rechazo a la
política de inmigración del Gobierno de Aznar, fue
muy concreto en cuanto a la estrategia del PP: "Como siempre se oyen voces
demagógicas asustando con las hordas que acudirán al efecto llamada, intentando
atemorizar a la población. El caso es vender miedo al inmigrante, para cosechar
votos, vendiendo seguridad contra ellos".
Las acusaciones de Rajoy, Acebes
y Zaplana de que se trataba de una reforma hecha a
espaldas de
El Gobieno de Rodríguez Zapatero no tiene de qué
avergonzarse. Contra el histerismo xenófobo-electoralista de los dirigentes del
Partido Popular, a los que se han sumado algunos miembros del Gobierno canario,
incapaces de ofrecer una sola alternativa viable, tiene que defender la
política de inmigración puesta en marcha. La actitud de los primeros es
coherente con su ideología y la política que practicaron cuando gobernaron. Los
otros, los autodenominados nacionalistas canarios, más pragmáticos, han
incrementado el tono de sus críticas y los trazos racistas, propios de
cualquier nacionalismo, por la cercanía de las elecciones municipales y
autonómicas. Alguno, caracterizado por su incapacidad absoluta en los puestos
que ha desempeñado y responsable del anticonstitucional expolio a unos
ciudadanos tinerfeños para la ampliación ilegal del Parlamento, cuyas
millonarias indemnizaciones tenemos que pagar todos, ha intentado crear un
clima de alarma y miedo, anunciando que "seis mil negros" iban a ser
soltados por haberse cumplido el plazo legal de internamiento. Con
independencia de la falsedad de tales afirmaciones, los inmigrantes no son
asesinos, ni delincuentes. Simplemente son personas que buscan una salida a una
situación desesperada, sin más horizonte que el hambre, la enfermedad y la
muerte. Sin embargo, al margen de la aberrante lucha partidaria, teniendo en
cuenta que, en importante medida, las causas de la inmigración ilegal,
procedente de América Latina, de Europa Oriental o de África, son de origen
económico, desempleo crónico, hambruna o exclusión social. Así que parece claro
que no puede abordarse en solitario por España. El problema, uno de los más
importantes que hemos de abordar en la primera parte de este siglo, ha de
resolverse desde una perspectiva de coordinación europea, en sus aspectos
políticos, económicos, sociales y policiales. Para ello hay que continuar
exigiendo a