LAS INTIMIDATORIAS CARTAS DE UNELCO-ENDESA (I)

 

Mafersa٭

 

Desde hace casi un año ya, muchos vecinos se nos quejan de las intimidatorias cartas que reciben de Unelco-Endesa para que contraten la potencia que realmente estén consumiendo.

 

El problema surge por el aumento incesante que durante las dos últimas décadas ha experimentado el consumo de energía en los hogares canarios. Al termoacumulador y la plancha eléctrica de casi toda la vida se incorporaron del lavavajillas y la secadora de ropa, ambos electrodomésticos de gran consumo, por tratarse de resistencias eléctricas, incrementaron la potencia instalada. Luego, la sustitución de las cocinas y hornos de gas por las placas de vitrocerámicas y hornos eléctricos, y, por último, debido al cambio climático que ya está tocando en nuestras puertas, desde hace sólo dos o tres años, el aparato de aire acondicionado, todo ello debido al aumento del poder adquisitivo de las familias, de su nivel de vida y al desarrollo tecnológico experimentado en ese período de tiempo.

 

En su momento, al instalar alguno de los electrodomésticos mencionados, observamos que se nos saltaba una “palanca”, era el ICPM (Interruptor de Control de Potencia Magnetotérmico), que, según el REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), había que instalar en caja precintable, al lado o incorporado, pero independiente, del cuadro de protección y control de las instalaciones de las viviendas. Este interruptor lo precintaba un operario de la Unelco una vez comprobada que su Intensidad Nominal era la que se correspondía con la potencia contratada con dicha compañía suministradora. Como su nombre indica, es el Interruptor para el Control de la Potencia contratada, de tal manera que se dispararía (bajaría la palanca automáticamente) cuando se superara la potencia contratada.

 

¿Qué se hizo en aquel momento? Pues bien por iniciativa propia o por indicaciones del vecino-amigo electricista se sustituyó sin más el ICP por otro de mayor Intensidad, la mayoría de las veces, el de 15 A que correspondían al grado de electrificación mínima en viviendas, por el de 25 A, intensidad que se reservaba a las viviendas con grado de electrificación media, según el derogado REBT.

 

Claro que para hacer esto hubo que desprecintar la tapa de la caja donde se ubicaba el ICP, operación que sólo debió hacer personal autorizado por Unelco, como pudiera ser un instalador eléctrico autorizado por la Consejería de Industria. Para hacer esta operación reglamentariamente, (según el REBT vigente en aquellos años) el instalador eléctrico contratado, después de haber sustituido la derivación individual del usuario por otra de mayor sección para que pudiera soportar la nueva Intensidad generada por el uso de los nuevos electrodomésticos, extendería el boletín correspondiente para que, finalmente, el usuario fuese a Unelco (Endesa no existía en Canarias) a contratar el aumento de potencia. Estas modificaciones en las instalaciones de cada una de las viviendas no revestían grandes costes y era perfectamente asumible para cualquier economía. El boletín que cumplimentaba el instalador era muy sencillo y estaba prohibido cobrar por extenderlo.

 

A todo esto entra en vigor el nuevo RETB (RD 1454/2005), suponiendo la contratación de la ampliación de potencia un desembolso económico considerable, sobre todo para las familias menos pudientes, parados y jubilados, pues hay que contratar a un instalador eléctrico autorizado para que realice las modificaciones necesarias para adaptar la instalación eléctrica a la nueva potencia que se pretende contratar conforme al vigente reglamento, y, además, a un albañil para abrir las rozas o regatas (ranaduras) por donde transcurrirán los tubos protectores de las líneas interiores en la vivienda, según la nueva distribución de líneas; hay que cerrar dichas regatas una vez colocados los tubos con mortero y, posteriormente pintar casi todo el piso, pues no se van a pintar solamente las paredes afectadas, pues no quedarían del mismo tono que el resto de las paredes. Estos casos se dan sobre todo en las viviendas más antiguas, cuyas instalaciones están realizadas no conforme al último REBT derogado, sino al anterior. (Viviendas auto construidas y barrios enteros cuyas casas tengan más de 30 años de construidas, etc.)

 

El encarecimiento se produce al ser obligatorio emplear cables de cobre aislado con plásticos libres de halógenos, que en caso de incendio no emitan gases tóxicos para las personas, instalar un nuevo conductor desde el contador hasta el cuadro de cada vivienda por si algún día se le ocurre al sufrido vecino contratar una modalidad diferente de tarifación. (No sería más lógico instalarlo cuando se produjese ese caso? A esto hay que añadirle la instalación de IGA (Interruptor General Automático) y los PIAS (Pequeños Interruptores Automáticos) que protegerán las nuevas derivaciones que exige el nuevo Reglamento.

 

Por si fuera poco todo esto, la confección del boletín por parte del instalador se ha complicado extraordinariamente, pareciéndose más a un proyecto que a un sencillo boletín.

Ahora hay que hacer la Memoria Técnica de Diseño, Planos de las paredes de la vivienda, reflejando por donde discurren los conductores, Esquema Eléctrico y hasta el Presupuesto de la instalación. El instalador autorizado tiene que suscribir obligatoriamente una póliza de seguros de daños, que no es barata precisamente, que cubra sus responsabilidades, lo que no está mal, pero que al final pagamos todos los usuarios. Todo ello trae consigo que el instalador tenga que cobrar por su trabajo, siendo la tarifa de 300 a 350 € sólo por la confección del boletín.

 

Es por ello que desde la Federación de la que soy directivo consideramos que el Ministerio de Industria incurrió de alguna manera en responsabilidad por omisión de la información debida, al no haber realizado una campaña de información-mentalización a nivel nacional para que los ciudadanos hubiésemos contratado el aumento de potencia antes de la entrada en vigor del nuevo REBT, ya que hubiese ahorrado mucho dinero y complicaciones a los que siempre nos toca perder: a los sufridos vecinos, usuarios que somos todos de este servicio.

 

Continuará…

 

(*) Mafersa es Manuel Fernández,  Ingeniero T. Industrial, vicepresidente de la Federación de AAVV, Usuarios y Consumidores “El Real de Las Palmas” miembro de la Cavecan (Confederación de AAVV de Canarias)