Nos ha visitado Mariano Rajoy sin disfraz ni careta. Mostrándose como heredero de la política del "vale todo", protagonizada por Aznar, ha vuelto a utilizar el terrorismo como arma política, en su desaforado objetivo de desgastar al Gobierno. Decir que "ETA recibe regalos de Zapatero" es la confirmacion de que, simplemente, es un hooligan del aznarismo rampante que le imponen desde la FAES. Pero, más preocupante es su profecía sobre que el próximo presidente de Canarias será José Manuel Soria. Ni una palabra sobre la ’Operación Salmón’.

La cola de la tormenta ’Delta’ sigue generando acusaciones y réplicas. No sólo entre la fuerzas políticas y los dirigentes de Unelco-Endesa. Tengo alguna relación con los movimientos ecologistas, las plataformas de resistencia contra proyectos que ponen en peligro el futuro de Tenerife; catedráticos de la Universidad de La Laguna; políticos de diversas formaciones, periodistas, abogados, médicos y, sobre todo, ciudadanos normales preocupados por el futuro de sus hijos y no he logrado averiguar qué poderes político económicos "extraños" o de "la Isla de enfrente", dirigen y subvencionan sus protestas.

Sin embargo, contrasta la abrumadora mayoría de los que saben, intuyen o sospechan qué intereses económicos están detrás de la orquestada y subvencionada campaña, en Tenerife, contra quienes, democráticamente, se oponen a la ecuación "licencia, cemento y comisión" como símbolo de un desarrollismo económico-especulativo impuesto por grupos económicos foráneos y autóctonos, cuya moralidad está fundamentada en el refranero español: "El que venga detrás, que arree". En cualquier caso, yo pago los recibos de la luz que consumo. Hay otros que no. ¿Quieren que dé la lista?

A continuación, sin opiniones personales, relataré algunos hechos, sucesos y declaraciones que clarifican quiénes han sido los culpables de la dejacion de responsabilidades que han ocasionado un desastre económico de considerables proporciones y que, afortunadamente, sólo la Providencia evitó que pudieran producirse desgracias personales.

Ha quedado claro, pese a los intentos de desviar responsabilidades, que la regulación y control del monopolio eléctrico de Unelco-Endesa es responsabilidad del Gobierno Autónomo.

El 26 de enero de 1996, el Gobierno, presidido por Manuel Hermoso, decretó la urgente expropiación de los terrenos afectados por la primera fase de la línea de alta tensión de la central de Candelaria a la de Granadilla. "La necesidad y urgencia" de la expropiación, "se fundamenta" en la necesidad de "proceder a la sustitución" de las torres de apoyo, "cuyo estado de oxidación es tal, que se prevé que, en un plazo máximo de tres años, no podrán soportar los esfuerzos para los que estaban calculados". Casi, diez años después, sin hacer nada, todo seguía, lógicamente, mucho peor.

El 26 de septiembre de 1996, el Congreso de los Diputados debatía en Madrid una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista -en medio de la campaña de privatizaciones de empresas públicas, organizada por el Gobierno de Aznar, para poner al frente de ellas a sus "compañeros de pupitre" o a los amigos de Rodrigo Rato- contra la privatizacion de Unelco. José Segura, diputado socialista, fue el encargado de pedir al Gobierno "que mantenga el control mayoritario del sector público eléctrico estatal, incluyendo a la Administración Pública Canaria, sobre el capital de la empresa Unelco", "para garantizar la misma eficacia", en "la generación y distribución de energía eléctrica". El PP y Coalición Canaria defendieron la privatización y votaron en contra y la PNL fue derrotada.

En enero de 2004, el PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz presentó una propuesta para que las líneas de Unelco fueran soterradas. Pese a que obtuvo la aprobación y el voto de todos los grupos municipales, casi dos años después, la propuesta continúa en un cajón del Ayuntamiento, pese a que Miguel Zerolo, a su condición de alcalde, une la de parlamentario y dirigente de Coalición Canaria, y Cristina Tavío es concejal, parlamentaria y presidenta del PP de Tenerife.

El mes de marzo, Adán Martín anunció que se ha realizado una "auditoría completa" a Unelco-Endesa sobre el estado de sus redes y centrales y, sin presentar los documentos correspondientes, añadió que se había observado una mejora de los servicios del 41%. Todavía no ha sido presentada ante el Parlamento esa auditoría, ni completa, ni por partes.

El pasado 2 de diciembre, el Parlamento de Canarias, con los votos de CC y PP y la oposicion del PSC-PSOE, aprueba un proyecto de Ley que impide a los ayuntamientos oponerse al paso de instalaciones eléctricas, tanto cuando su trazado transcurra por terreno urbanizable como no urbanizable, si es considerado "de interés general" por el Gobierno Autónomo, en claro beneficio del monopolio de Unelco.

Las reacciones políticas a la incalificable actuación de Unelco y la complicidad e inoperancia manifiesta del Gobierno de Canarias y el Cabildo tinerfeño han sido muchas.

El Partido Socialista Canario ha puesto de manifiesto sus problemas internos. En La Laguna, proponía, y lograba, la reprobación de Adán Martín con el apoyo del PP y la oposición de CC, y en Santa Cruz se abstenía ante una proposición similar. Mientras, Juan Carlos Alemán expresaba su preocupación por la falta de previsión y la deficiente actuación tanto de Unelco como del Gobierno de Canarias, que no ha asumido sus responsabilidades y competencias, al tiempo que pedía la creación de una comisión de investigacion.

Por si no bastaba, el PSOE insular solicitó la reprobación política de Adán Martín y de Ricardo Melchior, por defender los intereses de Unelco-Endesa en detrimento de los intereses generales de los canarios. Incluso, ha evidenciado que "hay un clima social de censura" al Gobierno Autónomo. Asimismo, exigió la dimisión del director general de Unelco por su irresponsabilidad.

Después de días de silencio, el líder del PP, José Manuel Soria, no sólo responsabilizó al Gobierno de Canarias de lo sucedido, sino que pidió a los dirigentes de Unelco que contaran por qué no se habían invertido mil millones de euros y quién frenó el plan, firmado el 28 de junio de 2004, en clara referencia al Gobierno de Adán Martín.

Las denuncias, con trasfondo electoral, de Miguel Zerolo y Ana Oramas, culpando a Unelco de todo lo ocurrido y eludiendo incluir a los responsables máximos del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, han sorprendido a muchos ciudadanos. Pero, la sorpresa alcanza a algunas formaciones políticas. El Centro Canario Nacionalista ha manifestado su grado de sorpresa, porque "han sido los nacionalistas los que han propiciado esa política, por no haber querido promover la liberalización del sector, "debido a presiones inconfesables".

Adán Martín y Paulino Rivero han intentado, sin demasiado éxito, endosar sus responsabilidades al Gobierno Central, reeditando aquella tradicional falacia nacionalista de la "culpa es de Madrid". Mientras los gobernantes se escondían de los ciudadanos, la vicepresidenta del Gobierno visitó barrios, pueblos, zonas urbanas y agrícolas, comprobando las consecuencias de la tormenta y la desastrosa actuación de Unelco, con la complicidad o incompetencia del Gobierno Autónomo y del Cabildo de Tenerife.

Por fin, el director de Unelco en Tenerife, José Manuel de la Cruz, ha hecho acto de presencia asegurando que la caída de las torres no ha sido la causa de los apagones. La responsabilidad es de "un grupo potente, bien organizado y bien financiado, que pretende desprestigiar a Unelco" y que "son los mismos que impidieron que la línea de 220 de Vilaflor se hiciera".

La desvergüenza de este personaje no tiene límites. Quienes primero salieron a responsabilizar a Unelco, con toda la razón, del desastre ocasionado por la desinversion, imprevisión y falta de mantenimiento de un monopolio privado, que debería velar por el buen funcionamiento de un servicio publico, fueron los alcaldes de Santa Cruz y La Laguna. Y quiero añadir, señor De la Cruz, que en la manifestación por el trazado del proyecto de torres eléctricas por parajes naturales protegidos tuvieron presencia física Ricardo Melchior, Miguel Zerolo y Ana Oramas, entre otros dirigentes de Coalicion Canaria, hasta que los manifestantes los expulsaron.