Desde el inicio de su mandato, Rodríguez Zapatero se comprometió a impulsar el diálogo social para luchar contra la precariedad laboral -que casi triplica la media de la Unión Europea- propiciada por los gobiernos aznaristas, con el objetivo de abaratar el coste salarial y laboral de los empresarios.

Después de año y medio de diálogo fantasma, con reiterados aplazamientos y suspensiones, la negociación de la reforma laboral, prometida por Rodríguez Zapatero y exigida por las patronales, está incorporando signos alarmantes, que deben hacer meditar a los sindicatos, porque no sólo se aleja de los compromisos contraídos en el programa electoral socialista, sino que desdibuja, negativamente, las reiteradas promesas del presidente del Gobierno.

No puede negarse que, en el cumplimiento de sus objetivos, Rodríguez Zapatero tiene un activo más que aceptable con los trabajadores. Así lo testifican la regularización de inmigrantes ilegales, para que trabajen con derechos, condiciones dignas y coticen a la Seguridad Social; el aumento del salario mínimo después de años de pérdidas de poder adquisitivo, hasta los 513 euros mensuales, lo que provocó la primera suspensión del diálogo social, por el malestar creado en la CEOE; la recuperación del poder adquisitivo salarial de los funcionarios, y la revalorizacion de las pensiones mínimas, entre un 5% y un 6,5%, por encima de las subidas del IPC.

El pasado mes de mayo, coincidiendo con su primer año de Gobierno, Rodríguez Zapatero, ante miles de delegados de UGT, fue rotundo en su compromiso: "El Gobierno aprobará el proyecto de empleo estable al que lleguen empresarios y sindicatos". "No habrá ninguna reforma del mercado de trabajo que no se haga con acuerdo de sindicatos y empresarios".

Sin embargo, días después, pese a la promesa de que el Gobierno hablaría con una única voz, Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, reconocía que el abaratamiento del despido es una de las fórmulas barajadas por el Gobierno para reducir la temporalidad de la contratación. Y se deshizo en elogios del contrato de fomento del empleo, con una indemnización de 33 días y la posibilidad de extenderlo a todos los contratos de trabajo.

La OCDE y la Comisión Europea han urgido a España sobre la necesidad de una reforma laboral que pueda paliar la caída de la competitividad y la baja productividad, provocada por la desidia de los gobiernos de Aznar, con la racanería de las inversiones en investigación y desarrollo, basando el crecimiento económico exclusivamente en bajos salarios, precariedad laboral y escasa protección social.

Por fin, el Gobierno presentó un papel, como exigían los sindicatos, en el que establece algunos criterios. Sobre despidos, pretende ampliar a nuevos colectivos el despido con 33 días de indemnización. Además de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, también podrán "beneficiarse", aquellos trabajadores que lleven un mes en paro.

En cuanto a la temporalidad, como eje de la reforma, pretende que la indemnización por despido, en los primeros tres años, se establezca en 20 días por año. Cualquier trabajador que en los últimos tres años haya tenido dos o más contratos temporales, durante más de 24 meses, pasará a ser fijo. Se limitarán las subcontrataciones, exigiendo contratos fijos para los que trabajen para empresas de actividad permanente. Tendrán derecho preferencial los trabajadores temporales para ocupar vacantes en la empresa y habrá planes de igualdad para las empresas de más de 250 trabajadores.

La patronal CEOE, pese a considerar más urgente la reforma laboral que la fiscal, rechaza la propuesta del Gobierno. Considera que es un refrito de sus reivindicaciones las sindicales y ha elaborado un documento alternativo. Según José María Cuevas, presidente de la CEOE, desde su filosofía de "el empleo de por vida se ha terminado", la propuesta del Gobierno "a lo mejor puede reducir la precariedad, pero lo seguro es que va a reducir el empleo". El Partido Popular ha metido baza, cómo no, para identificarse con los intereses empresariales. Mariano Rajoy ha afirmado que la reforma puede conducir a un deterioro de la economía española.

Entre otras reivindicaciones, la CEOE pretende erradicar del Estatuto de los Trabajadores la indemnización por despido de 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades. Sólo conservarían ese derecho los que ya lo tienen. Para el resto, la indemnización seria de 33 días por año y un máximo de 24 mensualidades. En los despidos con menos de cuatro años de antigüedad, la indemnización sería de 14 días por año. También pide la rebaja de las cuotas a la Seguridad Social, con repercusiones negativas para el Fondo de Reserva; reducir el Impuesto de Sociedades en cinco puntos, sin contrapartidas de mayor rigidez en el mercado laboral, y el rechazo de un cambio en la legislación que aumente la igualdad laboral entre hombres y mujeres.

Los sindicatos tampoco han mostrado su entusiasmo por el borrador del Gobierno. Cándido Méndez, secretario general de la UGT, considera que la negociación de la reforma laboral se complica. José María Fidalgo, secretario general de CC.OO., entiende que la propuesta del Gobierno "está más orientada a hablar de extinción de los contratos que de su fortalecimiento". "No aceptaremos el abaratamiento del despido porque eso no tiene nada que ver con la temporalidad", ha dicho.

Las reivindicaciones sindicales, con toda razón, reclaman la modificación del modelo de crecimiento económico actual, basado en bajos costes laborales, precariedad en la contratación, salarios bajos y escaso gasto en protección social, por otro en el que la tecnología, la investigación y el desarrollo sean la base de una mayor competitividad.

Resulta alarmante, para sindicatos y trabajadores, una cierta identificación en las propuestas del Gobierno y de la CEOE, en su pretensión de automatizar los despidos como una potestad empresarial, debilitando el papel de los jueces a la hora de discernir sobre las causas justas o legales de los mismos.

Hace unos días, Pedro Solbes, ministro de Economía, en apoyo de la tesis empresariales se mostró partidario de generalizar el coste del despido individual a 33 días por año trabajado, obviando que la anterior reducción de 45 a 33 días pactada con los sindicatos en 1977 sólo sirvió para aumentar las facilidades de un despido más barato.

No me atrevo a dar consejos. Pero, los sindicatos y los trabajadores deberían comenzar a engrasar los músculos de la movilización si quieren que los resultados de esta nueva reforma laboral no sean como los de las últimas, en las que se aceptaron mayores facilidades para un despido más barato para reducir la precariedad laboral, con un resultado desastroso. Un dato positivo: la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2005 ha registrado un descenso histórico del desempleo: 179.700 trabajadores encontraron empleo en ese periodo. La tasa de paro se sitúa en el 8,42%, el nivel más bajo en los últimos 27 años. En cualquier caso, los sindicatos no deberían bajar la guardia.