Por fin, Ley de Dependencia

Justo Fernández Rodríguez

Después del aluvión de casos de corrupción -Marbella, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Madrid, Castilla-León, Galicia, Canarias o Baleares- que en los últimos meses han abierto los informativos de radio y televisión y llenado páginas de periódicos, entre el asombro y la indignación de muchos ciudadanos, se percibe la percepción de que la corrupción está generalizada y que, hasta ahora, sólo se descubre donde hay jueces o fiscales que toman conciencia de su deber e investigan las evidencias de corrupción o las denuncias presentadas sobre abusos, irregularidades, tráfico de influencia, nepotismo, cohecho, prevaricación, información privilegiada, enriquecimiento ilícito, recalificaciones fraudulentas o la agresión urbana a zonas costeras.

Asimismo, en medio del estruendo de los excesos, manipulaciones, cintas de vídeo, mentiras y obstruccionismo generalizado, que viene caracterizando la contienda política en España, impulsada por el núcleo duro del Partido Popular escorado hacia la extrema derecha, y algunos medios de comunicación convertidos en promotores, impulsores y controladores de esa deriva estratégica, incluso para boicotear cualquier posibilidad de llegar al fin de la violencia terrorista etarra, diseñada en la FAES de Aznar, resulta difícil encontrar algún hecho que sitúe a la política en su dimensión más edificante: la de encauzar su acción en defensa de los intereses generales de los ciudadanos, especialmente de aquellos que, por diversas causas, tienen mayores necesidades.

Sin embargo "el milagro" es posible. En España, casi 1,2 millones de personas padecen una dependencia severa y 1,6 millones precisan de algún tipo de ayuda que, en su mayor parte, ha venido recayendo en la familia, especialmente en las mujeres, el 83%. Sólo el 6,5% de los dependientes, cuidados por sus familias, reciben alguna ayuda pública. La muerte de ancianos solos, sin atención, es una bofetada para cualquier Gobierno democrático.

Pese a la indiferencia ante este problema de los distintos gobiernos aznaristas, en un momento de importante y sostenido crecimiento económico, fuerte creación de empleo, cierta seguridad ante el futuro de las pensiones y, sobre todo, un aumento en la esperanza de vida que, lógicamente, incrementará el número de personas dependientes, España no podía esperar más tiempo para afrontar un grave problema que no es coyuntural.

Después de un año de debates, con avances y retrocesos, el pasado 30 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó, por amplia mayoría -PSOE, PP, IU y CC- el texto definitivo de la Ley de Dependencia, que cumple una de las aspiraciones históricas de la sociedad y el desarrollo del Estado de Bienestar. Han votado en contra CiU, PNV y EA, por entender que la nueva normativa creará desigualdades entre los discapacitados e invade las competencias autonómicas en servicios sociales. Han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional.

En el Congreso estaban presentes numerosos representantes de colectivos y asociaciones de afectados, que aceptaban el contenido de la Ley, calificada de "hito histórico" por Rodríguez Zapatero y que se denominará Ley de Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Según el presidente del Gobierno, "la riqueza de un país no se mide sólo en términos de PIB o renta per cápita, sino también por el bienestar de sus ciudadanos y la capacidad de generar solidaridad".

La nueva Ley sienta las bases del Sistema Nacional de Dependencia. La instauración de este derecho social producirá cambios sociales importantes, especialmente en lo relativo al rol social de la mujer, y tendrá efectos positivos en el empleo. Con seguridad, puede considerarse la legislación de mayor repercusión social.

El acceso a los servicios y prestaciones será igual en todo el país y tendrá carácter universal. Una medida absolutamente novedosa es la de conceder una compensación económica a un miembro de la familia que acepte responsabilizarse del cuidado del dependiente.

Serán atendidos de forma "preferente" los grandes dependientes. Se prestarán servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y residencias para mayores y personas dependientes. La Ley pretende que permanezcan en su entorno el mayor tiempo posible.

Mariano Rajoy ha mostrado su satisfacción, pidiendo que se dote de recursos suficientes para que "cumpla su objetivo". La portavoz del PP, María Salom, hizo hincapié en las enmiendas incorporadas por los populares que convierten la ley en una norma "ni de izquierdas, ni de derechas, sino de todos".

Carme García, representante de Izquierda Unida, manifestó que esta ley convierte a España en "un Estado moderno y comprometido con las necesidades de la población. Es una ley progresista y de izquierdas".

Según la UGT, recoge las propuestas de los agentes sociales, garantiza los principios de universalidad, equidad y accesibilidad para todos los ciudadanos en situacion de dependencia y determina los distintos niveles de protección vinculados a los sujetos encargados de la financiación. Además, se recogen los criterios de financiación establecidos en el acuerdo entre sindicatos y empresarios, basados en una financiación estable, suficiente y sostenible, que deberá asegurar el equilibrio del sistema y su permanencia en el tiempo.

CC.OO., por boca de su secretario general, José María Fidalgo, ha valorado la nueva Ley como un logro histórico que constituye una pieza más del Estado de Bienestar, que debe responder a los criterios de equidad, racionalidad, gobernabilidad, sostenibilidad y suficiencia. El "espíritu de la ley" es la igualdad de acceso a todas las personas a la misma prestación y con la misma calidad. CC.OO. inquiere a los gobiernos central y autonómicos para que "vigilen la calidad del empleo de todas aquellas empresas que quieran prestar los servicios del nuevo Sistema de Dependencia. Es necesario asegurar la estabilidad en el empleo, la formación de los trabajadores y el establecimiento de ratios de plantilla adecuados para asegurar una atención de calidad a las personas dependientes".

Habrá que esperar años para que la Ley de Dependencia esté en pleno vigor. Pero, no podemos bajar la guardia. Debemos estar en permanente vigilancia, para que las esperanzas de millones de españoles no puedan ser cercenadas por el sectarismo, las luchas políticas o la falta de voluntad de quienes tienen que ponerla en marcha.

¿Tendremos ocasión de ser testigos agradecidos de nuevos acuerdos entre los dos partidos políticos más importantes de España para que defiendan los intereses económicos o sociales de los ciudadanos, con independencia de las lógicas diferencias de criterios ideológicos de cada uno de ellos? Yo, como Santo Tomás.