Bajo la disculpa de acelerar y simplificar los requerimientos administrativos a que deben someterse las instalaciones eléctricas por su incidencia en el territorio cuando se declaren de interés general, lo que hace este proyecto de ley, es en realidad despojar de su autonomía municipal a los ayuntamientos, instituciones más cercanas a la ciudadanía.

Una situación similar a ésta, se llevó también a cabo en el Parlamento de Canarias, el 29 de junio de 2001 en donde se aprobaba una modificación de la ley canaria del sector eléctrico, dentro de la llamada ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, por la que los Tendidos eléctricos podrían ocupar suelo privado sin previa expropiación a los afectados/as. Esta modificación se llevaría a la práctica en el proyecto de LAT "Granadilla-Vilaflor-Adeje", el conocido como Tendido de Vilaflor, con el Decreto 116/2002 de 9 de agosto de 2002, decreto que finalmente sería "dejado sin efecto" tras la multitudinaria manifestación de 150.000 personas en Santa Cruz el 23 de noviembre de 2002. Este Decreto de urgente ocupación de los terrenos –camuflado por la antidemocrática Ley de Acompañamiento- fue denominado por el Colectivo ecologista TEA como el "Decretazo energético" porque "se saltaba todas las normas del Estado de Derecho: los recursos jurídicos planteados y sin decisión definitiva, los trámites parlamentarios europeos, los recursos jurídicos existentes tanto por particulares como por la oposición del Cabildo Insular de Tenerife, las alegaciones vecinales presentadas, las denuncia formulada en la Comisión Europea por el propio grupo etc."

Ahora, lo mismo que entonces, lo que subyace tras este proyecto de ley, es despojar a los ayuntamientos y a los ciudadanos de sus derechos y competencias, para conceder un poder absoluto al Gobierno de Canarias, en un claro ejercicio antidemocrático, y por el que, no sólo se niega a la ciudadanía su participación y decisión en estos temas, sino que se le niega también ambas cosas hasta a la propia Institución Municipal.

Es por eso, por lo que Iniciativa por La Orotava (IpO), propone la siguiente moción.

1.- El Excmo. Ayuntamiento de La Orotava acuerda manifestarse contra el proyecto de Ley que se debate actualmente en el Parlamento de Canarias sobre modificación de la ley del sector eléctrico canario, y por el que se excluye de la necesidad de licencia urbanística, control municipal o adecuación al planeamiento territorial a las instalaciones eléctricas que sean declaradas de interés general por el Gobierno canario.

El Excmo. Ayuntamiento de La Orotava, manifiesta que con la aprobación de este proyecto de ley se le resta competencias como institución Municipal, lo que va en contra de los intereses de los propios ciudadanos y ciudadanas, no aportando nada positivo, además, a una más rápida ejecución de los proyectos pertinentes bajo la aprobación final del Gobierno de Canarias.

El Excmo. Ayuntamiento de La Orotava, acuerda remitir este acuerdo plenario a la Mesa del Parlamento de Canarias así como a los respectivos portavoces de los partidos políticos allí representados.

En La Orotava, a 5 de julio de 2005