Las leyes y los
campesinos
Wladimiro Rodríguez Brito
*
Casi
todos los días recibimos quejas de hombres y mujeres vinculados al campo sobre
los problemas derivados de un marco legal que controla y limita los usos
tradicionales, y que hace día a día más dura la vida a nuestra gente
comprometida con la tierra y sus frutos. Algunos tienen la desagradable
sensación de que "estorban" a la sociedad urbana y consumidora de
suelo para solares en que se ha convertido Canarias.
Ante
esta coyuntura parece razonable que hagamos una reflexión pública para
denunciar la injusticia flagrante que en nombre de la ley y una presunta
protección del suelo rústico está amenazando a las pocas personas que hoy por
hoy le dan sentido como tal. No sólo estamos en la dinámica -ya suficientemente
conocida- de defender a la agricultura y la ganadería en Canarias, sino que
además tenemos que apoyar a los que viven de la tierra y reivindican una
vivienda digna en su suelo, o mejorar las condiciones de habitabilidad de la
que ya tienen. Estas intenciones son -en la actualidad- prácticamente utópicas
con la ley en la mano.
Para
la construcción de un baño o una cocina, anexo a la vivienda persistente, los
impedimentos son tan grandes que acaban con la ilusión de los propietarios. Lo
curioso del tema es que no existe la misma vara de medir con las decenas de
miles de adosados que pululan sobre las antiguas tierras de cultivo de las
islas, bien por planes parciales o por recalificaciones de terrenos municipales.
En la última década, los ayuntamientos han recalificado como urbanizable el 25
por ciento de la superficie total del estado. Se es especialmente permisivo con
las macro-urbanizaciones bendecidas por la administración y se hostiga sin
piedad al agricultor o al ganadero individual, que se verá obligado a
desplazarse a los espacios urbanos para poder aspirar a una vivienda digna.
Toda esta presión bajo la coartada de la protección del mismo suelo rústico,
que es cercado e invadido por todas estas barriadas de adosados.
Sería
deseable, aunque parece poco probable, que el Parlamento de Canarias intervenga
y modifique el marco legal, de manera que dificulte la acción a los
especuladores del suelo y beneficie a los que legítimamente aspiran a vivir en
la tierra de sus antepasados y de la que viven. Obviamente, esto no quita para
que se controle y se persiga cualquier tipo de picaresca o fraude que permita
hacer pasar por casas de agricultores o por cuartos de aperos segundas
residencias para chuletadas o chalets
de fin de semana con vistas al campo, respectivamente. De esta manera, nos
encontramos con que cada vez vive más gente en el campo pero que no pertenece a
él, y que incluso le molesta, cuando denuncia a los agricultores o a los
ganaderos por los olores o las moscas generadas por el ganado o por el
estiércol utilizado para abonar la tierra. Es especialmente preocupante que
algunas administraciones promuevan barriadas de viviendas sociales en los
pueblos del archipiélago en los que no existe el mínimo espacio para plantar una
mata de perejil o tener un gallinero. Es un error el empeño en construir
viviendas sociales con tipologías alejadas a la cultura del medio rural.
En
definitiva, el proceso está claro: estamos urbanizando no sólo el agro sino
también, lo que es más preocupante, las mentes de los habitantes del mundo
rural del mañana, privándoles de la cultura y las tradiciones de sus
antepasados, convirtiendo núcleos privilegiados en espacios rurales en ciudades
dormitorios de la capital o de los polos turísticos. Resulta inaudito que se
llegue a medir en centímetros la superficie de los cuartos de aperos auténticos
que se tratan de desarrollar en nuestro territorio mientras se parcela sin
recato el suelo agrario.
La
proliferación de "viviendas cosméticas" no puede justificar el "talibanismo" en contra de cualquier tipo de
construcción ligada a la actividad agraria. Por supuesto deben existir
criterios claros y tajantes sobre cuántos metros se pueden permitir en tierras
de regadío o secano, siempre que estén ligados a la actividad agrícola o
ganadera.
Se
deben establecer porcentajes de renta familiar vinculada al sector. En
definitiva, hemos de facilitar que las familias que quieren vivir en el campo
puedan hacerlo, sin más dificultades burocráticas y problemas, que están promoviendo
picarescas reincidentes con viviendas sin ningún lazo real de sus propietarios
con el sector primario y que perjudican a los verdaderos campesinos. Estas
viviendas para agricultores no serán habilitadas si las tierras dejan de
cultivarse.
Por
último, tenemos que asumir nuestras responsabilidades, desde el conjunto de
administraciones competentes (ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias)
se ha de trabajar para buscar soluciones racionales y equilibradas que
respondan y cubran estas carencias. El proceso aún es reversible si arrimamos
el hombro y se toman medidas urgentes. El parlamento debe, en última instancia,
estudiar este tema y buscar alternativas que hagan posible la vida y el trabajo
de las personas ligado a la tierra. Estas familias de los campos canarios
tienen todo el derecho no sólo a ser jardineros de nuestra tierra sino también
a contribuir a mantener y preservar una cultura ancestral, a la vez que
proporcionan alimentos frescos y sanos.
* Consejero
de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife