LEY DE RESIDENCIA
Francisco
Javier González
El nacionalismo real, es decir, el
independentismo, lleva muchos años de brega por una Ley de Residencia para
Canarias, elaborando propuestas acogidas a la Ley 10/87 de Iniciativa Legislativa Popular. La
primera vez que se presenta en el registro del Parlamento Autonómico una
propuesta fue por “Siete Estrellas Verdes” en el año 1988, pero sin aval de
firmas. En 1991 se presentó, conjuntamente por FREPIC y CNC y con avales de más
firmas de las 15.000 necesarias otra propuesta que establecía la condición de
canario y la de residente en Canarias, que fue rechazada por el Consultivo sin
que para el rechazo se explicitara otro fundamento jurídico de que su
"probable" inconstitucionalidad. En abril de 1996 y por un diputado
de ICAN de la isla de Gomera se presenta directamente a la Cámara autonómica como
proposición no de ley, cosechando el absoluto rechazo de PP, PSOE, CC e IU que
conformaban entonces los grupos parlamentarios. Una nueva propuesta se presenta
en 2001 por una "Plataforma Ciudadana por una Ley de Residencia" que
aglutinaba, entre otros, a Intersindical Canaria, y avalada por más de 20.000
firmas, que siguió el camino de absoluto rechazo de las anteriores, o de las
que diferentes colectivos vecinales y fuerzas políticas han presentado en los
Plenos Municipales para su posterior tramitación por los Ayuntamientos, como
sucedió, sin ir más lejos, en el 2004 con la presentada por UP en Sta. Lucía.
Todas ellas tienen en común la absoluta
necesidad de limitar la residencia -y, por ende, la entrada de foráneos- en
nuestra tierra por el irreparable daño social y ecológico que causa la
incesante presión migratoria a esta heptainsulana
nación. Los datos fríos cantan las verdades. En el pasado 2005 figuran censadas
en Canarias 1.968.280 personas, triplicando la población que teníamos 60 años
atrás y multiplicando por seis la de los inicios del siglo pasado. Esos casi
dos millones de habitantes, para los 7242 kilómetros
cuadrados de nuestro suelo dan una densidad teórica de población de 276 hab/Km2 frente a los 79 de España, pero la densidad real es
muy diferente si tenemos en cuenta que casi la mitad de nuestro suelo es
espacio protegido. Por ejemplo, solo en Tenerife, los parques de Anaga, Teno y el Teide ocupan más de 800 km2 prácticamente deshabitados. Por
ello la densidad real de población censada es de unos 550 hab/km2, lo que equivale a que en España vivieran unos 280
millones de personas. A ello hay que añadir los más de 10 millones de turistas
anuales que, a una estancia promedio de una semana, suponen una carga
permanente de unos 200.000 habitantes más y una densidad real
que supera ampliamente los 600 hab/km2, que podemos
contrastar con las cifras para Portugal 109, Italia 192 o Alemania 233.
Ahora los pseudonacionalistas de CC agitan la bandera
de una supuesta Ley de Residencia, que no pretende ser más que una versión
endurecida de la Ley
de Extranjería española para combatir la inmigración "ilegal" y
convocan, a su amparo, una manifestación en Santa Cruz con claras connotaciones
racistas. La realidad es que, protagonizada por asesores del Sr. Zerolo -uno de los aspirantes a "presidenciable"-
y financiada por CC, la manifestación tiene como objetivo primordial enfrentar
a los canarios contra los desgraciados que, empujados por el hambre en las neocolonias africanas, usan esta colonia española en Africa como trampolín para su salto a las antiguas
metrópolis europeas. Porque, volvemos a las cifras del ISTAC, de los 67.174
nuevos censados en el 2005, 31.167 son españoles y 36.007 de otros países, de
ellos 14.923 son europeos comunitarios y 2.532 venezolanos regresados. Los tan
temidos "africanos" -y no cuento a los canarios- solo son 3.498 de
los que 2.291 son marroquíes con lo que, quitando argelinos y otros africanos
blancos, no llegan al millar los eufemísticamente llamados “de color” por los
“descoloridos”.
Más información nos la brinda la combinación de datos del ISTAC y de la Seguridad Social.
En cifras redondas para mejor entendimiento, entre 1991 y 1998 se establecieron
en Canarias unas 149.000 personas foráneas, de las que 128.000 eran españoles u
otros europeos, 3.000 africanos y 18.000 del resto del mundo, proporción que se
mantiene en la actualidad pero a razón de 60.000 foráneos anuales. La pregunta
sería: ¿Para quién tiene que orientarse una verdadera Ley de Residencia? ¿Para
los inmigrantes que nos llegan desde el subdesarrollo y el hambre o para los
que nos llegan desde ese supuesto “primer mundo” europeo, incluyendo a la
metrópoli?
Como dato complementario, pero clarificador de que la realidad es aún más dura
diremos que en 2001, con los comicios autonómicos gallegos, los datos del ISTAC
arrojaban unos 10.000 gallegos residentes y empadronados en Canarias, pero el
presidente de la Casa
de Galicia en Las Palmas, Sr. Villares, manifestaba a
“El Correo Gallego” (21-10-01) que “unos 30.000 gallegos contabilizados por
la Casa de
Galicia no podrían votar en las autonómicas por estar empadronados en Canarias”
lo que coloca en tela de juicio y al alza los datos del ISTAC.
El nacionalismo canario, el real, no ha pretendido nunca segregaciones raciales
ni limpiezas étnicas. Somos conscientes de nuestro mestizaje pluriracial, y estamos tan orgullosos de él como de nuestra
ascendencia amazigh. Defendemos una Ley o Estatuto de
Residencia por una cuestión de supervivencia, de futuro. Llevamos haciéndolo
muchos años y seguiremos los que haga falta, pero rechazamos frontalmente las
provocaciones xenófobas, con claros objetivos electoreros, que quieren
arrastrar a nuestro colonizado pueblo a enfrentarse al inmigrante pobre, como
la manifestación promocionada por CC con el apoyo explícito del ultramontano y
españolista PP.
En la realidad profunda este problema y
otros muchos siguen teniendo la misma solución hoy que hace cinco siglos: La Independencia
nacional.