Los dirigentes del Partido Popular nunca han tenido el menor escrúpulo para utilizar el terrorismo como baza electoral. Desde el 11-M han dado un paso más. Ahora manipulan a las víctimas del terrorismo y utilizan a algunas de las asociaciones de familiares en su política de acoso partidista al Gobierno. La excusa, la propuesta de Rodriguez Zapatero, ratificada por el Congreso de los Diputados, de abrir una posibilidad de diálogo con ETA, sin contrapartidas políticas, si la banda terrorista abandona definitivamente las armas.

El cinismo de los dirigentes del PP y la brigada mediática que lo apoya y orienta no tiene límites. Sin el menor pudor, se han apuntado a la denostada "política de pancarta", que descalificaban hasta hace unos días. Nadie duda del derecho ciudadano de manifestación, salvo quienes descalificaban a las decenas de miles que se manifestaban contra la desastrosa gestión del ’Prestige’, o los millones que lo hacían para evitar la invasión y la masacre posterior de miles de ciudadanos inocentes, en Irak, acordada, en las Azores, por tres personajes que mintieron, con deshonesta reiteración, para justificar la matanza con un innoble horizonte de intereses económicos.

Todos los gobiernos, desde la reinstauración de la democracia, unido a una enérgica represión policial, judicial, de acoso político y colaboración internacional, han negociado con ETA, en un lógico intento de terminar con su violencia asesina. Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar lo han intentado, sin el consenso parlamentario, con escasos resultados, pero con el apoyo silencioso de todas las fuerzas políticas democráticas, especialmente del PSOE.

Sin embargo, Rodríguez Zapatero, de acuerdo con su promesa de convertir al Parlamento en el centro del debate político nacional, sometió su propuesta de un posible diálogo con ETA, si abandonaba definitivamente las armas, al consenso parlamentario y fue aprobada con sólo los votos en contra del PP. Luego se ha organizado una operación mediático-política de descalificación y acoso, que no se produjo en anteriores intentos sin participación parlamentaria, con la complicidad del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, entregado, en cuerpo y alma, a los intereses de la ultraderecha que decide en el Partido Popular.

¿Por qué guardó silencio la AVT cuando el presidente Aznar, al margen del Parlamento, decidió dialogar con los asesinos que dirigian la banda terrorista ETA, a la que se refirió como "Movimiento de Liberación Nacional Vasco", atendiendo a una "tregua trampa", según calificación de Mayor Oreja, ministro de Interior, de su propio Gobierno? En cambio ahora, para servir al PP, aceptó convocar una manifestación contra una decisión del Parlamento, para una hipotética negociación que, ni siquiera, se ha iniciado. ¿Afán de protagonismo de sus dirigentes...?

El éxito de la manifestación no puede dudarse. Las autonomías y municipios gobernados por el PP pusieron todo su esfuerzo económico e influencia para organizar auténticas caravanas de autobuses, repletos de manifestantes. Los métodos, los medios e, incluso, la cifra mágica de "un millón" de asistentes tienen reminiscencias de otras manifestaciones celebradas en una conocida plaza madrileña, en una época afortunadamente superada.

Los gritos de los manifestantes -"se nota, se siente, Aznar está presente" o los de "presidente", "presidente"-, con que fue acogida la presencia de Aznar y Rajoy ilustran sobre los objetivos sectarios y partidistas de la convocatoria.

Los objetivos reales de quienes mandan y controlan el PP no eran la "dignidad de los muertos", sino la reconquista del poder, manipulando y utilizando a las víctimas del terrorismo, para hacer fracasar cualquier intento del Gobierno de terminar con la violencia etarra. Desde que gobierna Rodríguez Zapatero no se ha producido ninguna victima mortal, aunque no han desaparecido las "advertencias" etarras de que, si quieren, pueden matar.

La campaña electoral gallega tiene todos los alicientes de la perversión democrática, de quienes utilizan todos los recursos que les proporciona el gobierno de las instituciones públicas para bordear la legalidad, despreciar la ética y olvidar la decencia política a favor de sus intereses electorales.

Mientras Manuel Fraga organizaba una amplia visita electoral a Argentina y Uruguay, pagada con fondos públicos, para pedir el voto, "repartiendo cheques, medicinas y ayudas económicas" a los emigrantes, Pérez Touriño, candidato socialista, y Anxo Quintana, del BNG, tenían que pagar sus visitas a costa de las arcas de sus partidos. En las últimas elecciones, más de mil gallegos, residentes en Argentina y Uruguay, con edades superiores a los cien años, eran electores del PP, mientras en toda Galicia sólo había 360 personas centenarias. No se les puede privar a los emigrantes fallecidos de "su derecho" a votar a Fraga.

La extemporánea exigencia del PP de situar interventores en los aeropuertos y en los Servicios de Correos, por si "desaparecieran" sus votos argentinos, uruguayos o venezolanos, parece buscar una justificación, si los resultados electorales le fueran desfavorables. Y es que esa exigencia la hacen quienes no han tenido la misma exigencia democrática, para que el voto de emigrantes se realice con unas mínimas garantías de transparencia; que no voten los fallecidos o que alguna persona recoka los votos de decenas de emigrantes y los entregue en las oficinas de Correos sin el menor control. Pero, no sólo se trata de corromper el proceso electoral de los inmigrantes; el ínclito José Luis Baltar, presidente del PP orensano, en presencia de Fraga emplazó a los alcaldes del PP "a robar los votos a quien sea". "No me valen las disculpas de los votantes que murieron", dijo.

En abril, por supuesto, "sin intencionalidad electoral", el Gobierno de Fraga distribuyó varios millones de euros entre algunos periódicos, revistas, emisoras de radio y televisiones locales e, incluso, alguna estatal, para que incluyeran en todos sus informativos las actividades del Gobierno autónomo y de su presidente; mientras, CC.OO. denunciaba la manipulación informativa de la televisión pública de Galicia, que ha venido dedicando siete de cada diez minutos de programación a los dirigentes del PP.

En una campaña en la que Fraga ha recuperado su discurso franquista y machista, atacando, descalificando e insultando a sus oponentes políticos, a los gays y lesbianas; llegando a amenazar a los ciudadanos con que su derrota podría traer el terrorismo a Galicia, el objetivo del candidato socialista está en "derrotar la lacra del caciquismo" y acabar con un sistema corrupto que "trafica con las necesidades de la gente". El candidato del BNG ha acusado a Fraga "no sólo de meter la pata, sino la mano, al mantener una Administración corrupta, clientelar y caciquil". Sólo hace unos meses, Enrique Lopez Veiga, consejero de Pesca de la Xunta, acusaba a muchos dirigentes del PP de "haber aumentado su patrimonio paralelamente a su ascensos políticos".

Pero, ya lo saben. "Si no eres del PP, ¡jódete!, ¡jódete!", convertido en el grito de guerra en los mítines del Partido Popular. Hemos vuelto a la derecha más zafia y chulesca desde el franquismo. ¿Hasta dónde podrían llegar los líderes del PP si pierden las elecciones gallegas? ¿Por qué no puedo evitar pensar en las similitudes, de todo esto, con lo que ocurre en Canarias?