Menores  inmigrantes en los calabozos coloniales

 Francisco P. De Luka  

 Y no lo decimos nosotros. Esto es lo que afirmó, con algunas variantes en sus expresiones, el sindicalista español residente en Tenerife, Maximiliano Correa, del SUP (Sindicato Unificado de Policía), organización que agrupa a cientos de miembros pertenecientes a la propia policía colonial. Y lo hizo el pasado 23 de Agosto a partir de las 15 horas en la Cadena Cope Madrid, en un determinado programa de radio. El citado sindicalista mostró su malestar y el de sus compañeros por el esfuerzo y la presión a que están siendo sometidos un mismo número de funcionarios, trabajando 14 horas diarias, en la recepción de los miles de inmigrantes de nuestro continente que llegan continuamente a Canarias. El susodicho se despachó a gusto afirmando que a pesar de pedir a sus mandos el relevo y refuerzos suficientes desde España -para estas funciones-, no se les hace el más mínimo caso. Antes al contrario -indicó- los referidos mandos policiales en Canarias se jactan ante Madrid de que con los efectivos con que cuenta el Archipiélago se bastan y sobran para este cometido, buscando el reconocimiento oficial y las consabidas “medallitas”. Criticó indirectamente al Delegado del gobierno colonial español en Canarias por su dura actuación en esta crisis humanitaria que adquiere ya tintes dramáticos.

Se indignó, en un gesto que le honra, al denunciar que muchos menores inmigrantes africanos permanezcan en los calabozos de las islas sin las debidas garantías de protección, bienestar e higiene, contradiciendo la Ley del Menor reconocida a nivel internacional, y no entendía como no se habilitaban casas prefabricadas, o incluso tiendas de campaña, para acogerlos. Indicó asimismo que la entrada de los llamados despectivamente “sin papeles”, procedentes de nuestro continente, representa una ínfima parte de la inmigración total ilegal que entraba en Canarias, cifrándolo sólo en el 1 o 2 % del total. Reveló finalmente lo que es de dominio público: que la inmensa mayoría de los ilegales entran por puertos y aeropuertos con un visado de turistas por un tiempo limitado, y que  transcurrido este tiempo se quedan en nuestro pequeño país. Abundó en el dato de que el mayor porcentaje de este tipo de inmigrantes lo constituye los ecuatorianos. Hasta aquí las objetivas declaraciones de un no canario que al menos tuvo el valor de decirlas públicamente.

Lo que a nosotros nos crispa y repatea es el cinismo de la Delegación del gobierno español, que niega los recursos suficientes para atender debidamente, con los medios humanos y materiales necesarios, a los infelices que llegan buscando legítimamente una salida para sus vidas, desde un continente secular y vilmente explotado por el colonialismo europeo saqueador de sus materias primas. Pero sí pidió, en cantidad desproporcionada, fuerzas antidisturbios para reprimir a pacíficos independentistas durante el paseo del pendejo por las calles de Aguere. Por supuesto, cuadran las cifras que se barajan desde el gobierno canario cuando se habla de la presencia de casi 700 menores inmigrantes en el Archipiélago, cuando la capacidad máxima para tenerlos en aceptables condiciones es de 250 plazas. Es claro pues que a los demás los meten en los calabozos como si de vulgares delincuentes se trataran.

Nos encochina también, y nos avergüenza, aunque nada nos debe sorprender de esta gente, la blandenguería del gobierno de CC que no tiene la testosterona necesaria para denunciar estas sinvergonzonadas colonialistas. Y que no le grite verdaderamente a la metrópoli, porque tiene más miedo que vergüenza. Y que no descargue el puñete emancipador en la mesa internacional porque les aterra el concepto dignificador y liberador de la independencia isleña. Y que sigan aguantando sin poder, ni querer, decidir políticamente en nuestra propia tierra. Patético. Terriblemente patético. Los gabinetes de crisis -y van tres- se lo pasan los españoles por el forro. Es leche cacharro. Todo se resuelve con la reciente visita del primer ministro español en la que, entre sonrisa y sonrisa, se dedicó a tomarnos el pelo aludiendo a la hospitalidad y a los buenos sentimientos de nuestro pueblo, que por supuesto existen, pero que a ellos les sirve de justificación nihilista. Mientras tanto, no nos dejan desarrollar una Ley de Residencia que ponga coto de una vez a los miles de europeos -del este y del oeste- o a los latinoamericanos que sí que nos invaden y que sí que quitan los puestos de trabajo a nuestra juventud, aparte de introducir la maldita droga. Un mar inmenso comparado con las gotas de agua que proceden de nuestro noble continente africano.

Por otro lado, ¿mentía el gobierno senegalés cuando acusó a España de dejar sin combustible ni alimentos a los inmigrantes, a los cuales obligó a retornar a mitad de camino, resultando varios muertos en las playas del continente? ¿Por qué  naufragan y acaban ahogados a mitad de la travesía o incluso cerca de sus puntos de partida? Según la Delegación del Gobierno colonial deben ser “rechazados y reenviados a África”, cuando aún se encuentren cercanos a sus costas, por supuesto antes de que entren en aguas canarias, en cuyo caso hay que “salvarlos”. Mira a ver si no. El gobierno mauritano sospecha (vocablo bien empleado, ¿expresado en clave?) de que los inmigrantes subsaharianos muertos aparecidos cerca de la costa de Nouackchott el 26 de Agosto pasado, lo sean como consecuencia de un “naufragio”. ¿Patrulleras? ¿Helicópteros? ¿Navíos de guerra? ¿Frontex? ¿Qué está pasando? ¿A quién creemos? Por supuesto la respuesta es clara, conociendo de sobra al personal. Sólo la respuesta generosa de los hombres y mujeres de las distintas ONG canarias en nuestras playas nos alivia un poco de tanta desgracia.

Puestos ya, habría incluso que investigar a fondo los sucesos de los subsaharianos rechazados en las “fronteras” de Sebta y Mililia de hace algún tiempo. Habría que hacerlo.

Para finalizar, las declaraciones del Director General de Protección al Menor del Gobierno canario en la prensa isleña, el 21 de Agosto pasado, en el sentido de considerar “gravísima” la situación de absoluto desbordamiento en la atención a los menores y de la grave responsabilidad del gobierno español, cuya  Delegación en Canarias no está haciendo todo lo que tiene en su mano, supone ya una auténtica señal de alarma, teniendo en cuenta la tradicional pusilanimidad de los gobernantes y políticos canarios.