Eso es lo que seguirá pasando en la inmensa mayoría de los Países del vecino continente, si la comunidad internacional -más pendiente de otros asuntos- no lo remedia, e impide lo que es un auténtico genocidio.

El hambre y la inseguridad alimentaria son problemas de dimensiones planetarias que corren el riesgo de persistir y de agravarse de forma dramática en ciertas regiones, si no se arbitran urgentemente medidas enérgicas concertadas.

Pero la toma en cuenta de las necesidades presentes y futuras de los pueblos, del potencial y los límites de los recursos naturales, la búsqueda de tecnologías apropiadas y de una participación activa de los agricultores tanto del norte como del sur, así como la construcción de un nuevo marco comercial internacional, desafían a un modelo económico que tiene como única vocación favorecer los intercambios.

Como se pregunta Edgard Pisan (Ex Comisario Europeo -1981.1985-, autor de "Un vieil homme et la terre, Seuil", Paris 2004), ¿Puede tratarse la agricultura como cualquier otro sector económico?. ¿Hay que abogar por la "excepción agrícola?. ¿Cuál es el objeto de las políticas agrícolas? ¿La Organización Mundial de Comercio (OMC) tiene que aplicar a la agricultura la regla general o elaborar un modo de intervención especial?

Un observador imparcial que intente responder estas preguntas encuentra pocos interlocutores interesados en hablar de la realidad: los especialistas se dedican a las instituciones; los investigadores, al reajuste de la normas existentes, y muy pocos a la invención de nuevas normas.

En el mundo hay tres necesidades perentorias: la seguridad alimentaria y, en esa perspectiva, el fin del hambre; el respeto por la naturaleza y el exámen crítico de los efectos actuales y de futuro de las nuevas prácticas y productos sobre los seres humanos y el medio ambiente; y la salvaguardia de las saciedades rurales cuyas migraciones -fenómeno en constante aumento- pueden alterar el equilibrio demográfico de la Tierra.

Cuando se dice que las políticas agrícolas tienen como objetivo seducir a los electores rurales, lo cierto es, que están inspiradas en intereses y estrategias conjuntos.

Así, las decisiones de la Comunidad Europea fueron impuestas por sus déficits alimentarios de inicios de la posguerra, y después por el deseo de impedir que Estados Unidos ejerciera el monopolio del "poder verde". Para compensar su debilidad industrial Francia, por ejemplo, exigió que el Tratado de Roma (1957) sentara las bases de la Política Agraria Común europea (PAC).

La posterior modernización provocó un éxodo rural que favoreció el desarrollo industrial. Por su parte, EEUU alentó la investigación y las inversiones agrícolas. En ambos lados, el gran beneficiario de esta política fue el sector agroalimentario industrial y comercial, más que la propia agricultura, supuestamente, el objetivo.

Actualmente, los Países del grupo llamado de Cairns (compuesto por 17 Estados dispares: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay) gozan de ventajas comparativas -sociales, territoriales, climáticas- que, en el futuro inmediato, les permitirán controlar intercambios y precios mundiales; por eso estos países luchan encarnizadamente contra las ayudas que se prestan en Estados Unidos y en la Unión Europea.

En resumen, esas ayudas y garantías han frenado la desaparición de agriculturas útiles y contribuido a equilibrar tanto las cuentas como las regiones, porque consideran a los cultivos factores de producción, a la tierra como yacimientos para explotar, al medio ambiente como un bien inagotable, y a la seguridad alimentaria como un privilegio natural. Por tanto, la gran pregunta es la siguiente: ¿Puede el mundo alimentar a los anunciados 9.000 millones de seres humanos?. La realidad es que no existe tal seguridad. Y mientras, África, la gran olvidada, se muere de hambre.

África es el único continente donde la producción agrícola por habitante ha caído durante los últimos 25 años. Es también un continente donde la agricultura ha sufrido intensamente políticas erróneas o inadaptadas, tanto durante el periodo colonial como en el pasado más reciente.

De los 53 Países africanos, 43 tienen un ingreso bajo y sufren de déficit alimentario. No solo no producen lo suficiente como para alimentar a su población, sino que tampoco tienen los recursos suficientes para importar los alimentos que cubrirían esa carencia.

África continental, donde los menores de 15 años representan alrededor del 45% de la población, deberá alimentar a una población que pasará de los 832 millones de 2002 a más de 1.800 millones en 2050. Para superar ese desafío será necesario incrementar tanto la producción como la productividad agrícola. Actualmente, la agricultura emplea al 57% de la población, genera el 17% del PIB y obtiene el 11% de los ingresos por exportaciones. Pero si se le asignara una parte más importante de los presupuestos nacionales se podría convertir en el motor del desarrollo económico y social.

Canarias, abril de 2006