Hace algo más de dos años y unos meses, coincidiendo con la moción de censura a José Juan Santana en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, José Carlos Mauricio convocó una rueda de prensa multitudinaria y habló con rotundidad y absoluta seguridad de la recurrente "mafia" del sur de la Isla. Sin atisbos de dudas citó a empresarios concretos, Theo Gerlach era uno de ellos, como instigadores de la moción de censura y financiadores de la operación. Mauricio era en aquel entonces diputado en Madrid y portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento.

Un poco más tarde, un año después, Luis Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, acusaba sin ambages a Lopesan de haber financiado la campaña electoral del Partido Popular con varios cientos de millones de las antiguas pesetas. La denuncia la hacía, con grandes titulares, en un medio de comunicación que llega, en todas las Islas, a más de un centenar de miles de personas. Al tiempo, un cruce de acusaciones acerca de tratos de favor por la paralización de las obras del nuevo dique en construcción, en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

El pasado día 4 de octubre, un periódico digital (CANARIASAHORA.com) anunciaba, a bombo y platillo, un "sablazo" de Soria. Citaba este medio de comunicación una operación del hoy presidente del Cabildo grancanario y ayer alcalde de la capital de la Isla con el empresario Santiago Santana Cazorla para la compra de La Favorita que terminaba en una cuenta bancaria en Suiza. Decía textualmente el señalado periódico que "Soria debe dimitir de todos sus cargos o querellarse contra nosotros. No lo hará porque pueden investigar cosas".

El viernes 8 de este mismo mes, el ministro Juan Fernando López Aguilar volvía a insistir sobre unas declaraciones que le hemos escuchado en otras ocasiones: "El Gobierno de Canarias orbita siempre en torno a negocios e intereses privados". En medio, el istmo de la ciudad, el nuevo casino del Sur, el gas, los puertos deportivos, la energía eólica.

En todos los casos citados anteriormente, los señalados en las denuncias se rasgaron las vestiduras, ebrios de rabia, y anunciaron terribles querellas con prestigiosos bufetes de abogados.

En ninguno de los casos se han producido las querellas pregonadas. ¿Olvidos? ¿Pactos de silencio? ¿Compensaciones?

¿Y los fiscales? ¿Qué hacen los fiscales ante denuncias de estas características? Se trata de acusaciones públicas realizadas por personas de enorme relevancia social a las que se presume debidamente informadas y, por razones de su cargo, investidos de credibilidad. No estamos ante una conversación acalorada, animada por el alcohol, en la barra de un bar. Así lo ha entendido la fiscalía gallega ante el cruce de acusaciones último producido por el enfrentamiento de dos facciones del PP de aquella Comunidad.

Se preguntaba no hace mucho Joaquín Estefanía sobre si es estructural la corrupción en el sector de la construcción en sus vínculos con los partidos políticos y sus representantes.

¿Acaso no deberían intervenir urgentemente los fiscales para abrir una investigación que lleve a los tribunales a los autores de los hechos anunciados, si fuesen ciertos, o a los responsables de las declaraciones si no lo fueran?

¿No estamos propiciando cada vez más el descrédito de la justicia, de la política, de los medios de comunicación.?

Gabriel Jackson, el historiador estadounidense, profundo conocedor de la sociedad española escribía recientemente: "¿Qué responsabilidad tienen los que viven en democracia pero no pertenecen a la clase política? Muchos se distraen todo lo posible con el fútbol, la telebasura, los juegos de ordenador, etc. Muchos intelectuales se han callado por las buenas".

¿No les parece que últimamente en Canarias da la sensación de que media docena de personajes lo controlan absolutamente todo, desde la atalaya del poder dimanado de la conjunción política y empresarial, en beneficio propio y animados por una corte que les baila al son de las migajas?

Para el profesor Alberto Reig, "más que hilaridad o rebeldía provoca ya melancolía el deleznable clientelismo generado en la legión de mediocres que, a la sombra del cacique corrupto de turno, sólo aspiran a sobrevivir riéndole siempre las gracias y diciéndole amén a todo sin el menor sentido de la autoestima o de la dignidad".

Félix de Azúa se preguntaba hace unos días en un periódico madrileño: "si en efecto, como todo el mundo reconoce, era público y notorio que el juez Lluis Pascual y el abogado Joan Piqué estaban cobrando millones mediante un chantaje generalizado contra los patricios de Barcelona, ¿cómo es posible que no apareciera esta información en ningún periódico? ¿no había entonces en Cataluña ni un solo profesional ni una sola empresa independiente?".

¿Qué está sucediendo en Canarias? ¿No deberíamos todos hacernos una autocrítica y dar un paso adelante? Siquiera para cumplir los postulados de la declaración de París de 19 de junio de 2003, suscrita por magistrados y personalidades de la talla de Eva Joly, Baltasar Garzón, Bernard Bertossa, Antonio di Pietro, Adolfo Pérez Esquivel o Mary Robinson, que finaliza afirmando que "combatir la gran corrupción es un prerrequisito para cualquier acción política auténtica. Se debe restaurar la confianza en las elites políticas y económicas. A la hora de la globalización, la responsabilidad de los que nos dirigen es inmensa y, por ello, debe estar a salvo de cualquier sospecha, para permitir la esperanza de todos".

Debemos hacer un enorme esfuerzo para quitarle la razón al filósofo Rafael Argullol cuando afirma que "los necios casi nunca saben que lo son y los canallas casi nunca reconocen serlo, pero unos y otros, alimentándose mutuamente, han acabado creyendo que en el mundo sólo hay lugar para ellos".

Mientras, ¿dónde están los fiscales?