Lo dicho por el PSOE sobre la ilegalidad de la Ley, tiene sentido por la falta de argumentos jurídicos desde la aplicación del Tratado Internacional del Mar, y no de Leyes internas del Estado. Este hecho no tendría razón de ser, si en diciembre de 1996 el congreso de los diputados hubiese solicitado del Tribunal Constitucional, antes de aprobar el Tratado, los derechos marítimos de islas y archipiélagos, en base a la aplicación en todos sus términos, del artículo 95.1 de la Constitución Española, que dice: "la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional". Teniendo en cuenta que Canarias podría tener una de las dos consideraciones jurídicas en la Constitución española. Primero: islas españolas situadas sobre la plataforma continental de otro Estado. Segundo: Archipiélago de Estado con las consideraciones políticas-administrativas que van unidas a esa consideración archipelágica. El congreso de los diputados en colaboración con la Ponencia, aprobará la primera consideración. No quieren que seamos archipiélago.

Al no existir Declaración del Tribunal Constitución afirmando si existe o no, esa contradicción constitucional con respecto a las delimitaciones de los espacios marítimos de Canarias. Hoy bien podría corregirse ese tremendo error, que aún continúa provocando las injusticias del Estado con Canarias. Con lo que presionado por el Gobierno, el grupo político Ponente de la Ley, presenta cinco enmiendas en la misma línea que el grupo socialista, de la que coinciden en dejar limpia como una patena el contenido de la Ley. Con ello, el espíritu reivindicativo histórico de las aguas canarias son rechazados con argumentos ambiguos como son la de cambiar las palabras "delimitación" y "aguas interiores", por otros conceptos que no existen en ningún diccionario jurídico nacional o internacional. Mas grave aún, utilizan falsedades de interpretación con el derecho marítimo vigente. Lo mejor que puede hacer Coalición Canaria por su propio interés, sería la retirada de enmiendas, y defienda íntegramente el texto original, por coherencia política.

Es absolutamente imprescindible el reconocimiento internacional de la delimitación marítima de Canarias, especialmente para la definición de las aguas interiores archipelágicas, la fijación de la Mediana y la zona económica exclusiva. Para ello es necesario que el Estado consideren archipiélago de Estado a Canarias, entendiendo que este reconocimiento jurídico no será válido sin un Estatuto de Plena Autonomía Interna. Esta realidad política supera a la consideración jurídica de la plataforma continental sobre los espacios marítimos de Canarias.

En Las Palmas de Gran Canaria a, 18 de noviembre de 2005