"Sería saludable para la autoestima colectiva que este país se definiera como un Estado laico y cada institución se dedicara a jugar el papel social que le corresponde"
Este fin de semana está anunciado que más de una veintena de obispos y cardenales se manifestarán en las calles de Madrid contra el gobierno español de Rodríguez Zapatero, en lo que podría ser una especie de magna procesión, convocada como ceremonia de la confusión desde los púlpitos y desde las aulas de los centros educativos concertados, financiados, por cierto, con fondos públicos.

¿Qué dice la Ley del PSOE? Que la enseñanza del segundo ciclo de la etapa infantil seguirá siendo subvencionada, medida que ya inició el PP. Que se siguen respetando los acuerdos entre el Estado Español y el Estado Vaticano del año 1979 y, por tanto, la religión seguirá siendo una asignatura -no evaluable- de obligada oferta por la totalidad de los centros públicos y concertados; así pues, podrá ser elegida o no, por cualquier familia para sus hijos e hijas. Que la libertad de elección de centros está garantizada para las familias (también ahora está recogido en la legislación vigente y sin embargo los centros concertados deciden a qué alumnos matriculan y a cuáles desvían hacia los centros públicos). Que además, en la medida que no se deroga la LODE, los centros concertados podrán seguir imponiendo su ideario y eligiendo a su profesorado, aunque lo pague el Estado. Que, por tiempo ilimitado, el dinero público seguirá estando destinado en gran parte para el negocio privado de la enseñanza. Que el profesorado de religión católica, nombrado por la Iglesia y pagado por el Estado, tendrá garantías de estabilidad laboral, no estando sujeto a motivos subjetivos de despido por parte de la jerarquía eclesiástica. Que, como recoge también la actual normativa en vigor -aunque no se cumple-, los centros que reciben fondos públicos para su mantenimiento y cuyo profesorado es pagado por el Estado, no podrán cobrar ‘impuestos revolucionarios’ enmascarados como matrículas y ‘cuotas voluntarias’ de la más diversa índole. Y además de todo esto, el Estado sigue garantizando el pago de nuestros impuestos destinado a la Iglesia Católica, el mantenimiento, restauración e incluso construcción de muchos de sus templos, así como el resto de acuerdos de orden pecuniario por los que tantos y tantos millones de euros se desvían hacia los representantes de la Iglesia Católica.

¿Qué dicen los obispos, los miles de curas desde sus púlpitos y de frailes y monjas desde sus colegios religiosos? Amenazaron primero, con que la religión se iba a eliminar de las escuelas. Después han seguido llamando a la rebelión, porque no se garantiza la presencia de los valores cristianos en la enseñanza. Más tarde exigen que la religión sea una asignatura evaluable y que todo el alumnado debe recibir bien religión bien ética, moral o algo similar que garantice que la plataforma de adoctrinamiento cubra a la totalidad del alumnado. Finalmente, han apelado al sagrado derecho de las familias a elegir centro, que insisten en que no sólo no está garantizado sino que además está negado por la nueva ley,...

Señores obispos, curas y monjas: se van a condenar por mentirosos compulsivos y demagogos. Van a ir de patitas al infierno y "allí será el llanto y el crujir de dientes".

¿Qué ocultan los obispos, curas, frailes y monjas a sus feligreses? Que, a lo mejor, se les va a poner más difícil -ojalá- cobrar el ‘impuesto revolucionario’ a las familias. Que no pueden admitir no poder despedir a los profesores de religión por motivos de divorcio, amancebamiento, homosexualidad, u otras ‘desviaciones perniciosas’... Que conciben que el poder de la asignatura de religión católica no estriba en la transmisión de valores, concepciones y convicciones religiosas sino en la calificación a efectos de expediente académico. Que no les gusta que el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero haya aprobado la Ley de Parejas de hecho y que se encontraban más a gusto con sus monaguillos del PP a los que añoran en el poder y con los que estrechamente colaboran para volver a auparlos a la poltrona desde la que les dispensaban prebendas y canongías con obediencia ciega, como debe hacer cualquier buen creyente, pues ‘el que obedece nunca se equivoca’ y, sobre todo, si lo hace "Ad maiorem gloriam Dei" (AMDG), en beneficio de quienes ya están asistidos por la ‘gracia de estado’ y ahora, además, reclaman todos los privilegios y gracias del Estado.

Este importantísimo grupo social y poder fáctico, que se resiste a perder los privilegios consuetudinarios de que venía disfrutando desde tiempos inmemoriales, sólo es capaz de manifestarse en las calles para reclamar estrechos intereses corporativos. Nunca los vi cuando millones de personas salimos a oponernos a la guerra contra Irak, tampoco los he visto en las acciones de protesta para reclamar el 0,7% del PIB ni saliendo a las calles para reivindicar la ‘pobreza cero’ y la desaparición de la situación de marginalidad, con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, que padecen muchos cientos de miles de conciudadanos.
Este país tiene una Constitución en cuyo artículo 16.3 se garantiza que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". El Estado se define pues como aconfesional, y, más aún, ya que corren vientos de reforma constitucional, y los ruidos de sables y sotanas de la Transición se han ido desvaneciendo con el paso de los años, sería saludable para la autoestima colectiva que se definiera como Estado laico y cada institución se dedicara a jugar el papel social que le corresponde, en una democracia consolidada y con una clara división de poderes.

Señores obispos: salgan más a las calles, manifiéstense con más frecuencia, elijan algunas causas justas por las que hacerlo, y seguro que incluso podrían compartir pancarta con muchos pecadores que defendemos lo público en una sociedad laica y nos oponemos a que el dinero de todos se destine al negocio privado de la educación y a su plataforma de adoctrinamiento.

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