Desde hace más de ochenta años, cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Conmemora el aniversario de la muerte de 129 trabajadoras, en marzo de 1857. En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso que todos los países miembros proclamaran el 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, exigiéndoles crear las condiciones para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y su plena participación, en condiciones de igualdad, en el proceso político y el desarrollo económico y social. Casi, treinta años después, podemos constatar los avances producidos en algunos países y la lejanía de los objetivos planteados en la gran mayoría.

Más allá de fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, las mujeres de los cinco continentes se disponen a organizar reuniones, manifestaciones, concentraciones, foros de debate; aparecerán en periódicos y emisoras de radio o televisión exigiendo igualdad de derechos. Es cierto que se han producido avances tangibles. La expectativa de vida ha aumentado. Se incrementa el número de matrículas femeninas en las escuelas primarias y se han incorporado millones de mujeres al mercado laboral. Pero, aumenta la trata de mujeres y niñas. En los conflictos armados, se eleva el número de víctimas femeninas. Es aterrador el crecimiento del sida entre las mujeres, particularmente entre las más jóvenes.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud denuncia que cada 18 segundos una mujer es agredida en algún lugar del mundo. Las mujeres están más expuestas a la violencia en el hogar que en la calle. Más de 24.000 mujeres fueron entrevistadas en zonas rurales y urbanas del Brasil, Perú y otras ocho naciones, revelándose que entre el 25 y 50% de ellas son víctimas de la violencia doméstica. Y lo peor es que, entre el 6 y el 80% de las mujeres, consideran justificada la agresión. "Estas diferencias no se pueden explicar por causas demográficas, de renta o de educación. Tienen que ver con el nivel de tolerancia social hacia este fenómeno y con el grado de intervención de los poderes públicos para prevenirlo o combatirlo".

Podría exponer los datos de otros informes sobre la situación de la mujer en el mundo. Pero, en esta ocasión prefiero hacer referencia a las dificultades que para la igualdad de derechos y la lucha contra el acoso sexual, venimos padeciendo en España, porque una parte importante de la sociedad parece resistirse al enorme avance social que significaría la igualdad real de derechos entre los hombres y las mujeres.

En España, la incursión de la mujer en la política siempre ha tenido un cierto aroma de concesón paternalista de los hombres. El establecimiento de criterios de "discriminación positiva", la denominada "cuota femenina" y la más reciente "paridad", introducidos por los gobiernos del PSOE, hasta que la igualdad de participación en la política, entre hombres y mujeres, basada en la capacidad e idoneidad, esté asegurada por mecanismos democráticos normales, sin reminiscencias machistas, han constituido elementos imprescindibles para recortar la distancia que nos separaba de los países más desarrollados.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero pone a punto la legislación que, en base a la discriminación positiva, trata de lograr una mayor igualdad de derechos en el ámbito laboral. Podria establecer "exclusiones, reservas y preferencias en la contratación, de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos representado".

Pero, exiten fuerzas políticas, económicas, religiosas y sectores de la Justicia que se resisten a aceptar la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Durante los ocho años de gobiernos aznaristas se produjeron hechos que no contribuyeron a que la situación de los derechos de la mujer progresaran. Sólo unos ejemplos. En 2001 estalló el caso de Nevenka Fernández, militante del PP que denunció el acoso, las vejaciones, los chantajes, y las amenazas y humillaciones de que fue víctima por el alcalde de Ponferrada, Ismael Pérez, dirigente del PP. En el juicio, tuvo que ser sustituido el fiscal, García Ancos, por la impertinente, grosera y agresiva actitud con la víctima, mientras mantenía un comportamiento versallesco con el acosador, posteriormente condenado. Llegó a hacer comentarios incalificables sobre la normalidad de la aceptación del acoso sexual en mujeres que tienen que mantener a sus hijos. En medio del sonoro silencio de los dirigentes del PP, Aznar, Rajoy, Rato, Acebes o Zaplana, Ana Botella defendió la actitud del condenado: "Hay que tener un respeto total por el alcalde de Ponferrada, que ha tenido una actitud impecable, al dimitir antes de que haya sentencia firme", dijo.

El alcalde de Toques (La Coruña), Jesús Ares, de 71 años, del PP, fue condenado por abuso sexual, en la persona de una menor de 16 años, a la que intentó besar y tocar los pechos, hija de un amigo suyo y compañero de partido. Manuel Fraga se negó a tomar medidas disciplinarias y apuntó que "este caso se limita a una conducta incorrecta… Me siento avergonzado de la hipocresía de los grupos de izquierda y los colectivos feministas que me exigen sanciones, cuando han estado luchando por el aborto sin condiciones, por el amor libre y las parejas de hecho, aunque sean del mismo sexo… Vamos a dejarnos de menudencias".

También el alcalde de Begonte (Lugo) fue condenado por acoso moral a una funcionaria a la que marginaba en el trabajo, después de que rechazara sus proposiciones sexuales. Los dirigentes del PP se abstuvieron de tomar medidas disciplinarias.

Hace casi un año, el imán de Fuengirola, Mohamed Kafan, líder espiritual que da clases de religión, recomendaba cómo pegar a las mujeres sin dejar marcas, según el Corán: "Se debe administrar el castigo en unas partes concretas del cuerpo, como los pies y las manos, debiendo utilizarse una vara no demasiado gruesa, es decir, ha de ser fina y ligera para que no deje cicatrices". Tuvo que comparecer en el juzgado 29 de Barcelona, denunciado por más de un centenar de asociaciones de mujeres.

Sólo hace unas semanas, el sacerdote Gonzalo Girones, profesor jubilado de la Facultad de Teología y colaborador habitual de la hoja parroquial ’Aleluya’, que se distribuye en la mayoría de las iglesias de la Comunidad Autónoma valenciana, en cuya portada siempre figura una carta pastoral de monseñor Agustín García-Gasco, explicaba su particular teoría sobre la violencia doméstica. Refiriéndose a las 63 mujeres asesinadas por sus parejas en 2005 escribía: "Sin negar que sea verdad, conviene hacer dos precisiones. Primera: nadie ha confesado qué hicieron las víctimas, que más de una vez provocan con su lengua. (El varón generalmente no pierde los estribos por dominio, sino por debilidad: no aguanta más y reacciona descargando su fuerza que aplasta a la provocadora). Queda, ademas, una segunda observación: ¿No han tenido en cuenta que hubo en España, durante el mismo periodo, 85.000 abortos reconocidos? Por cada mujer muerta a manos de un hombre, hubo 1.350 niños asesinados por voluntad de sus madres. Es peor".

En medio de la indignación general, a denuncia de un ciudadano, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha abierto diligencias, mientras el Arzobispado anuncia la apertura de un expediente. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial expresaba su indignación, manifestando que el artículo "menosprecia tanto la importancia como la extensión de esta lacra que afecta a todos los estratos de la sociedad".

A finales de enero, decenas de mujeres en Murcia la mayoría inmigrantes, denunciaba, entre otros abusos laborales, que sólo conseguían trabajo a cambio de sexo...