El término oligárquico, según el diccionario de la lengua española, indica una estructura de gobierno según la cual el poder es ejercido por un reducido grupo de personas, o, si lo prefieren, por un conjunto de poderosos negociantes que se aúnan para que todos los negocios dependan de su arbitrio.

La definición se adapta como una vestidura a medida, a los Ayuntamientos isleños, indiferentemente de los colores que abanderan los alcaldes o la mayoría que gobierna las diversas municipalidades. Un análisis comparativo dan para poder afirmar que no existen diversidades entre derecha, izquierda o nacionalistas. Por esto no son pocos los que se preguntan si existen diferencias de línea y aplicación política, entre una alcaldía gobernada por los socialistas, por los de Coalición Canaria o del PP.

En Tenerife no hay duda alguna acerca del régimen aplicado, o mejor dicho aprovechado, en los ayuntamientos. Si abordamos el tema desde la reconocida simetría política de quienes nos gobiernan, nos incumbe afirmar que por cierto lo que no tenemos es un sistema democrático.

Es de recibo que ya desde tiempo, especialmente en las jóvenes generaciones, se está extendiendo el convencimiento que no se puede definir democrático un sistema por el solo hecho de poder votar cada cuatros años. Al mismo tiempo se está ampliando el numero de personas de todos los extractos sociales y anagraficos, que consideran el actual sistema, un sistema caciquil por lo tanto oligárquico.

Oligárquico porque desde años y años, los cargos públicos siempre están en manos de las mismas personas. Cuando en el habla popular utilizamos el termino "políticos de profesión" afirmamos algo real. La definición corriente en la literatura de "clase política" individualiza un segmento que compone la sociedad, al igual que "clase obrera", "empresarial" etc. Contra la definición "clase política", por parte de sus componentes siempre se hizo, y sigue haciendo, una fuerte resistencia a su uso. La rechazan porque establece la existencia del principio profundamente antidemocrático: el de la repetición en los cargos de por vida.

A tal propósito bastante es recordar la fuerte oposición al intento del señor Zapatero de intentar imponer un cambio generacional en todos los sectores de su partido. Pedía la no-renovación de un cargo público después de ocho años consecutivos. Ocurrió que, tan pegado estaba el pompi de las señorías a la silla de mando, que de aquel asunto está prohibido hablar dentro del PSOE. La revolución interna de los "varones" y, más aún, las exigencias electorales ganaron por goleada.

No menos apropiada es la segunda definición, la que llama en causa los intereses que están detrás de la conducción del gobierno. Quiero decir que las iniciativas de los políticos están definidas, legislada y controladas por parte de los intereses de unos pocos. Pocos, pero muy poderosos. Estos no son necesariamente los mismos políticos, aunque la mezcolanza, a veces, pone dificultad individuar las dos funciones: la de quien legislan y la de quien paga a los legisladores

Los intereses que representan unos y otros partidos políticos, son exactamente iguales. Lo que cambia es solamente la titularidad del capital. La definición popular de "títeres" o "guiñol" que la gente común pega a los que ejercen la política, es emblemática de esta situación que se encuadra perfectamente, como ya he dicho, a la definición de oligarquía en los diversos ayuntamientos Tanto poder ha tenido y sigue teniendo el capital y los hacendosos que han llegado a reorientar, como pasa en nuestra isla, la ideología, el pensamiento o la filosofía de los diversos partidos políticos, tanto hasta reducirla a una mezcla que, como he dicho antes, no permite individualizar los colores, pero si la incoherencia a los principios que brotan.

Síntoma de todo lo denunciado es las amenaza de estilo mafioso de unos de los grandes polichinelas de la política que intenta intimidar al adversario con el desvelar los empresarios que sustentan y están de tras del partido adversario. Es la indecorosa acción que confirma que ellos mismo reconocen de estar al sueldo del capital.

Otro síntoma: las explicaciones que un presidente del gobierno regional tiene que aclarar a los empresarios acerca de las reparticiones de fondos públicos. A los empresarios se dan las cuentas que se están respectando los acuerdos. ¿Y a la mayoría, que somos nosotros, que?

Definido el régimen pasamos a ver como todos emplean la misma herramienta del poder, sean de la ideología que profesan. En un sistema oligárquico o caciqueo o totalitario, se impone; no se escucha, solo se oye; no se respeta, se difama y se insulta; no se informa, se manipula. Y es lo que pasa en nuestros Ayuntamientos, ni más ni menos

Todos consideran la minoría como un inconveniente que la ley puso entre las extremidades de la mayoría. Son considerados heréticos y, por lo tanto buenos para el limbo político; quienes son de otra idea y a los cuales se deniegan la documentación necesaria para el desarrollo de las actividades opositoras y correctoras de los actos deliberados de la mayoría. La exclusión de la minoría de la participación en las diversas manifestaciones organizadas o patrocinadas por cualquier entidad publica, es cosa propia del limbo político, así que la gente no note la presencia de los adversarios.

El limbo político es también el negar el acceso a los medios de comunicaciones, editados, controlados o "subvencionados" por el ayuntamiento. La mayoría está convencida (¿¿??) que los medios son propiedad privada del partido que gobierna. Impiden a todas costas que la minoría pueda utilizar cualquier sistema para hacer llegar a la población sus criticas, motivaciones, denuncias. Para impedir un dialogo con la población, nunca encontramos en los municipios espacios reservados a las minorías para que puedan pegar carteles, propaganda, informaciones. Pero se utilizan las arcas de los ayuntamientos, para sostener emisoras radiofónicas o televisivas, reservada a la propaganda de los "actos institucionales" que es lo mismo que decir "reservada a la propaganda del partido que está en el gobierno".

Los espacios culturales, sociales son cotos de caza reservada y de propiedad del partido al poder. Todo esto Incumple claramente las normas constitucionales y democráticas de la igualdad de los derechos por las cuales la oposición es parte constituyente de las instituciones y de sus actos y debe gozar de los misma posibilidad que goza el partido mandante. Y cuando hablo de minoría no hablo solo de la más castigada institucionalmente, que está presente en los Plenos. Incluyo también la minoría social, de los movimientos, de las asociaciones vecinales, de las plataformas, de los partidos políticos "secundarios". Estas exclusiones se aplican siempre y cuando no sean estos componentes sociales y políticos títeres, a su vez, de los gobernantes

En todos estos grave y, para mí perseguible de oficio, es la responsabilidades de los alcaldes porque ellos están bajo del juramento de defender y aplicar la Constitución de la nación. De este vínculo constitucional se hacen cargo solo en el momento del juramento.

Aquí habría muchísimo trabajo tanto para un constitucionalista como para un juez anticorrupción.

Una operación tipo "Mani Pulite" (Manos Limpias) que se desarrolló en Italia por obras de unos puñados de valientes jueces, potaría a muchas "honorable señoría" a no ser tanto señoría ni meno aún honorable. Fue gracias a esta valiente operación judicial que se descubrió lo que realmente era el partido socialista y lo de los democráticos cristianos como de los socialdemócratas y lo que se escondía detrás de la diversas siglas políticas. Así botaron todos los enormes intereses económicos, de trafico de dinero, de cuentas en paraísos fiscales de la "honrada clase política".

¿Que pasaría aquí en Tenerife si un juez pone "manos a la obra?" ¿Pero existe en Tenerife un grupito de jueces de tan animosos?