¿Quién quiere sabotear la Operación Canarias? Con ese titular, un periódico marroquí analizó la semana pasada los desajustes entre intereses particulares y generales que se están produciendo en las relaciones económicas entre Marruecos y el Archipiélago. Más que la acusación al trío formado por el cónsul marroquí en las Islas y los dos presidentes de las cámaras de comercio de Las Palmas y de El Aaiún, lo que llama la atención es el sujeto de la pregunta: ¿Qué es la Operación Canarias?

Según el mismo texto, "durante tres décadas, Canarias y Marruecos han mantenido unas relaciones muy tensas a causa del apoyo del gobierno autónomo a la posición de los separatistas de Tinduf, una situación que ha cambiado enormemente desde hace algunos meses". Entre Marruecos y Las Palmas "se ha abierto por primera vez una nueva etapa, basada en la cooperación económica y la concertación política".

En realidad, no se trata de un cambio de mentalidad repentino que haya llevado a los dos pueblos a encariñarse; la Operación Canarias más bien se inscribe en la agenda oculta de las prioridades pactadas por agentes con poder en las dos orillas, para doblegar el principal escollo que Marruecos siempre ha encontrado al intentar penetrar en el Archipiélago. Esa dificultad no es otra que el apoyo mayoritario de la opinión pública canaria a la legalidad internacional representada por el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, una opinión que de llegar a convertirse en realidad, obligaría a Marruecos a devolver el territorio y las riquezas invadidas y robadas desde que el 6 de noviembre de 1975 inició la ocupación militar e ilegal del Sáhara Occidental. Pues bien, parece que en los últimos meses, Rabat ha encontrado lo que hasta ahora no tenía en las Islas; aliados con poder que le prometen o garantizan una política exterior del Archipiélago ajena a esa opinión.

¿En qué consiste esa confluencia de intereses? Marruecos trata de afianzar en la comunidad internacional la creencia de que sólo habrá paz en la región cuando se aniquile a los zarandajas de los independentistas que fundaron la República Árabe Saharaui y Democrática (RASD) sin su consentimiento. Sólo con la anexión de las tierras, las aguas y el pueblo del Sáhara se podrán frenar o controlar el integrismo islámico y la inmigración clandestina que salen de sus arrabales rumbo a Europa. Sin estabilidad territorial, el régimen de Rabat no se compromete a garantizar la seguridad de Europa, y España ya conoce desde el 11 de marzo pasado el dolor que este argumento representa.

Es evidente que en Canarias no faltan las voces que quieren comprar la tranquilidad del mercado pagando con la moneda del Sáhara, entre otras cosas porque ese precio no afectaría al actual estado de las cosas en las Islas. Si se puede reclamar el cambio de la legalidad internacional para reconocer los derechos canarios a las aguas territoriales, o para invertir la RIC en África, también se puede apostar por cambiar la legalidad internacional para terminar con el conflicto saharaui.

Derecho por derecho, sería la lógica imperante en los aliados políticos y económicos de Rabat en las Islas, habituados a la mutación de principios por mercancías. Se rompe además, en esta nueva dinámica, un viejo axioma de geoestrategia según el cual si Marruecos legitimase su ocupación del Sáhara, los flancos este y sur del Archipiélago Canario quedarán al descubierto, a merced de los intereses de Rabat.

Esta confluencia tiene un sorprendente parecido con el plan de actuación que el Gobierno de Zapatero se ha trazado para marcar la agenda de la ONU en el capítulo del Sáhara. La diplomacia activa de la que presume el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, está dirigida por dos urgencias; primero, recomponer las degradadas relaciones con Marruecos para frenar en la medida de lo posible fenómenos incontrolables como el terrorismo islámico que se cultiva en las chabolas marroquíes o la inmigración clandestina, y después, garantizar mecanismos de estabilidad a la economía española creando zonas de desarrollo como las prometidas, o negociadas, por Rabat. En este escenario, la estrategia de Zapatero reduce el conflicto saharaui desde la obsesión por reconstruir la unidad europea, una miopía que le lleva a dejarse guiar en exclusiva por Francia. Conviene no despreciar, en este contexto de juego de potencias en la zona, el mensaje reiterado en las últimas semanas al menos en dos ocasiones por James Baker, apostando por la defensa de la autodeterminación del Sáhara con la vocación transatlántica que caracteriza a la diplomacia estadounidense.

Esta unidad de criterio entre el Gobierno regional y el de Madrid son el principal sostén de la Operación Canarias desplegada desde Marruecos, que comporta además un amplio despliegue de negocios y favores mutuos. También explica, como ningún otro elemento de la política canaria, las concordancias entre Adán Martín y Zapatero. Y de paso, explica por qué es innecesaria la entrada del PSOE de Juan Carlos Alemán en el ejercicio del poder que hace Coalición Canaria; incluso podría resultar inconveniente, porque la salida de Soria y/o del PP de la cohabitación con ATI debilitaría la confluencia de intereses que ha permitido a Marruecos trazar su ofensiva sobre las islas. Los créditos que aporta el presidente del Cabildo grancanario a esa concertación política con Rabat son exponencialmente superiores a los que ofrecen Juan Carlos Alemán, por mucho que el comité regional del PSC-PSOE en su conjunto apoye las mismas maniobras. Y eso, con buen talante, lleva a Madrid a preferir que en el Archipiélago las cosas se queden como están. Es el cimiento del pacto de petróleo; El Gobierno del PSOE en España se beneficia en política internacional de la alianza entre ATI y Soria, y también a eso se refería Zapatero cuando invitó en su investidura a CC a ejercer como interlocutor privilegiado entre su Gobierno y el PP.

En esta dinámica, la convocatoria de un referéndum en las Islas sobre la explotación de yacimientos de petróleo no es sólo una gran engaño, sino una enorme pero rentable maniobra de distracción; sería un impagable regalo al régimen marroquí, que sueña con un bloqueo de la explotación en el territorio español para absorber, al otro lado de la mediana, el botín del yacimiento en exclusiva. Si los canarios dijeran No a la explotación, Madrid se ahorraría muchas gestiones, incluido el reconocimiento de las aguas canarias, y Rabat premiaría eternamente, y en metálico, a sus padrinos canarios. Hasta el PP, al menos en las Islas, estaría de acuerdo con la cesión negociada de los derechos sobre los yacimientos; bastaría con dejar pasar lo que diga CC, como en tantas otras cosas del pacto. En este escenario, compartir el oro negro con una posible nación saharaui obligaría a un reparto más amplio de los beneficios, lo que incomoda en la misma medida que recorta los ingresos de los aliados en la Operación. Ahora bien, puestos a convocar referendos, ¿por qué no apuestan los nacionalistas canarios por someter a una consulta popular su reforma del Estatuto de Autonomía, con el que quieren enmarcarle el futuro a los canarios para los próximos veinte años sin preguntarles siquiera? Curiosa discriminación de objetivos refrendarios; los canarios sufriremos la votación de la Constitución Europea, pero no tenemos derecho a opinar sobre nuestras libertades autonómicas. Magro nacionalismo.