"El año 2006 será el año de la sanidad"; "estamos creciendo muchísimo en personal sanitario"; "Julios anuncia una gran reforma sanitaria a partir del dictamen de los expertos"; "Mauricio se compromete a la desaparición de las listas de espera en un año"; "Julios afirma que ningún canario esperará mas de seis meses para una operación"; "Adán Martín declara que la sanidad está por encima de la política"; "esta será la legislatura de la salud"; "la consejera de sanidad afirma que gracias a los conciertos con los centros quirúrgicos concertados se han reducido notablemente las listas de espera"; " se aumentará el gasto en sanidad como nunca en la historia"; " con el nuevo pacto social aprobado se asegurará la estabilidad del sistema sanitario para no estar sujeto a los vaivees del parlamento"; "el año 2005, ha sido muy positivo para Canarias, con respecto a los presupuestos sociales"; "este es el mejor gobierno que ha tenido Canarias en los últimos tiempos" …. Son algunas, y muchas más, de las rimbombantes declaraciones de nuestros gobernantes en materia sanitaria y que, claramente, se tratan de mera y manoseada, por conocida y repetida, propaganda a la que nos tienen acostumbrados cuando comienzan las épocas preelectorales como las que ahora padecemos. Y todo eso a pesar de estar en vigor una ley que prohíbe el "auto bombo" publicitario de las instituciones públicas.

Pero muchos de los habitantes de estas islas ya no creen en vanas promesas electorales sino que contrastan las informaciones con lo que verdaderamente ocurre en nuestra comunidad. Información veraz y constatable es la de las grandes bolsas de pobreza, son los bajos salarios que soportan los ciudadanos, son los déficit en prestaciones sociales con respecto al estado, es el mayor precio de la cesta de la compra, es el menor índice de esperanza de vida que sufrimos, la sanidad más lenta en tiempos de espera, tanto para citas de consultas y exploraciones como para las operaciones, las pensiones más bajas, la mayor concertación de sanidad privada de todo el territorio nacional, los mayores índices de diabetes y sus complicaciones que influyen negativamente en nuestra salud, el poco gasto sanitario, acorde con los niveles españoles casi los más bajos de toda Europa, los grandes negocios económicos en torno a la sanidad, los colapsos de los grandes hospitales, la infradotación de amas quirúrgicas, el incremento de las listas de espera, la poca productividad de las áreas quirúrgicas hospitalarias con que basan la necesidad de las concertaciones privadas, la derivación de las patologías quirúrgicas más rentables, los nulos drenajes postquirurgicos de los hospitales de referencia, el déficit facultativo de los centros primarios y especializados con su intolerable masificación, que no permite sino tres minutos por paciente, la falta de informatización de los centros sanitarios, la falta de recursos en atención primaria, la grave politización de la sanidad, la poca capacitación profesional en la gestión sanitaria….

Ya nadie cree en la solución que nos vende la propaganda oficial. Los colectivos de usuarios y de ciudadanos consideran todo como promesas electorales a las que nos tienen acostumbrados cada vez que se acercan las elecciones. Y eso es lo que ahora está ocurriendo; luego todo volverá a ser igual.

El pacto social por la sanidad, elaborado, eso sí, por un comité de expertos elegido y nombrado por el propio gobierno, y compuesto por diferentes personas, algunas vinculadas a las ideologías gobernantes, con cargos anteriores en materia sanitaria y con claros acercamientos progubernamentales, han elaborado un texto, que ellos mismos definen como "objetivos e independientes" que ahora venden como la panacea de las soluciones sanitarias. ¿Y por qué ese comité de expertos no fue consensuado con los ciudadanos y usuarios, con las representaciones sindicales y laborales, con los colegios y profesionales antes de nombrarlos? ¿Es ese el comportamiento no partidista político que tanto anuncian? ¿Se ha hecho o no un planteamiento partidista gubernamental al elegir un grupo de expertos por ellos mismos?...Comité que tardó más de 10 meses en elaborar el documento que viene a expresar lo ya sabido y conocido por muchos y que pedíamos desde hace mucho tiempo: rofesionalización de la gestión sanitaria con pérdida de las implicaciones políticas, compromiso de todos los estamentos y colectivos sociales, formación continuada de los profesionales sanitarios, mejoras en sus retribuciones, disminución de las listas de espera, racionalización del gasto farmacéutico, etc.….¿ Y para esas conclusiones tanta propaganda?. Todo esto ya ha sido manifestado antes y por otros muchos sin que nadie hubiera hecho caso. Hoy es la solución definitiva, la piedra filosofal del problema sanitario; han descubierto la pólvora.

Mientras tanto las noticias nos advierten de que el gobierno sigue primando con más dinero a los centros privados en detrimento de los públicos. Este año un aumento del 8% a los privados y un 1 % al H.U.C. Y siempre con la excusa de las listas de espera como determinante en un claro intento de la descapitalización de la sanidad pública donde el desmantelamiento es cada vez más notorio, donde la fuga de profesionales, cualificados y con experiencia, es cada vez mayor. En este sistema actual, donde los empresarios de las clínicas privadas conocen de antemano el reparto económico que le destina la Consejería, empresarios que forman parte del Consejo de Salud y que asesoran a la propia administración de lo que se debe hacer en la sanidad canaria, se constata la connivencia del gobierno con aquellos en una perversión del sistema que hace desconfiar a todos en cuanto a las soluciones que ahora pretender ofertar como remedio a lo que ellos mismos potencian, mantienen y condicionan.parAhora, con el nuevo Pacto Social para la sanidad, se nos pretende vender más de lo mismo, pero incluso con agravantes como incluir en su texto que: flexibilizar la normativa sobre concertación para facilitar una colaboración más ágil con los centros privados sanitarios… ¿Más todavía? ¿Pero les parece poca la concertación actual a la que se envían grandes cantidades de pacientes en lista de espera, eso sí los más rentables económicamente, mientras los hospitales públicos no son rentables ni productivos?

Pero es que hay más. Sigue diciendo el texto del famoso pacto: ampliación de los horarios de utilización de los hospitales, evitando en la medida de lo posible los programas de tarde… ¿Pero por qué esa discriminación con los hospitales públicos cuando en los privados se sigue operando en jornadas de tarde? Ya no solo existe una diferencia de lo que cobra un especialista en la sanidad pública con respecto a la privada, tres o cuatro veces más en este caso, y siempre de los presupuestos generales públicos de sanidad, sino que, además y con los mismos dineros, se les abona las jornadas de tarde en las operaciones de los pacientes de las listas de espera que generan los hospitales públicos de referencia.

Creemos que la apuesta por la sanidad pública debe ser total y absolutamente demostrable, con compromisos pactados de su potenciación y garantías a su favor y no al revés. Ya está bien de seguir con la propaganda de que tenemos una sanidad pública de máximo nivel, gratuita y universal, porque…es cierto de que disponemos de buenos profesionales, de buenos hospitales y equipamientos, pero tampoco es que seamos una maravilla…Esta idealización y autocomplacencia de nuestros políticos en materia sanitaria cada día está perdiendo más consistencia, porque no puede ser tan bueno un sistema que presenta tantas listas de espera, que emplea tres escasos minutos para atender a los enfermos en la atención primaria, que no cubre las enfermedades mentales, que no asiste a los pacientes discapacitados, que no contempla los servicios dentales infantiles, que tiene un gasto farmacéutico inmenso, la que menos invierte en Atención Primaria…¿Es tan buena, entonces, nustra sanidad?. Existen muchas manipulaciones en torno a este hecho y hay que cambiar esta tendencia, pero nunca en su detrimento para asegurar el crecimiento de la privatización.

Nuestra sanidad está secuestrada y dirigida por los políticos y por las empresas e industrias, ya sean hospitalarias o farmacéuticas, y hacia esa dirección tenemos que encaminar un pacto ciudadano, no social, que cambie las tendencias actuales. Tenemos que disponer de un sistema público con identidad propia y nunca ensombrecido por los poderes económicos antes reseñados, con posibilidad de impulsar movimientos propios y personales. Ese es el cambio por el que abogamos los ciudadanos y usuarios, los profesionales, por el cambio que deben conseguir los sindicatos y representaciones políticas y sociales. Los déficit económicos sanitarios, que vienen ya de muy lejos, hay que solucionarlos no solo con aumento presupuestario, estatal o autonómico, sino con una diferente gestión de los mismos, con la obligación de las autonomías a destinar ese dinero a la sanidad y no gastarlo en otros sectores, como pasó ya con fondos sanitarios dedicados a saneamientos de entidades deortivas que todos conocemos….Ya está bien de tanto lloro, a veces no justificado, que forma parte del "juego" tolerado bajo la premisa de "el que no llora no mama"..

Si se conocen los fallos que tenemos en nuestro sistema sanitario, si todos coincidimos en localizar los malos funcionamientos, ¿por qué no ponemos remedio, a quienes interesa no arreglarlo, que intereses condicionan el arreglo?

De lo que se trata es de respetar los derechos constitucionales que le asisten a los ciudadanos y que están consagrados en la ley y en la constitución: el derecho a la salud. Los grandes negocios deben acabar en la sanidad pública. Es cierto que los recursos son limitados y por ello hay que priorizar las necesidades sociales. La autocomplacencia en la gestión política sanitaria debe acabar. La politización sanitaria debe finalizar. Es la hora de los ciudadanos, de los usuarios, de los que generan con sus impuestos los recursos. La gestión que se profesionalice con criterios estrictamente técnicos y especializados. Estamos en el siglo XXI y se nos exigen altas tecnologías en la aplicación de métodos de diagnostico y terapéutico, con aparatos muy sofisticados y con resultados de alto nivel; pero, mientras tanto, somos gestionados con criterios obsoletos y por personas muy poco capacitadas pero bien situadas en los sectores de poder político, puestas "a dedo por los gobiernos de turno.

Han comenzado a salir públicamente algunos apoyos interesados a este Pacto Social. Los Colegios de Médicos de Las Palmas y Tenerife apoyan, por boca de sus respectivos presidentes, el texto propuesto por la Consejería. Son apoyos sin ningún respaldo profesional constatado. ¿O es que se ha realizado algún referéndum entre los colegiados para conocer su opinión y respaldo al mismo? Estos Colegios Profesionales se ven satisfechos con la cuota que, mediante subvenciones, les oferta el Pacto para la formación profesional, que por otra parte intenta rebajar la formación de postgrado y de los criterios de acreditación de las Unidades Docentes actuales, sin saber la razón de esta pretensión, o impulsar la formación continuada "desde" la Consejería de Sanidad impulsándola a través de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias. ¿Y por qué no "desde" otras?

De prisa y corriendo ahora, que estamos en momentos pre-electorales, se pretende que el HUC asuma el área geográfica del norte de la isla, enviando a sus facultativos especialistas a los ambulatorios y centros a pasar consulta, teniendo como referencia hospitalaria al Hospital Universitario, que como todos sabemos se encuentra colapsado crónicamente, sin camas disponibles, sin operatividad en sus quirófanos y con derivaciones de las listas de espera a las clínicas concertadas. Sin solucionar primero este grave problema, se amplia la población que debe ser atendida para seguir "nutriendo" de listas de espera a las privadas, ya que en el HUC no es posible, con sus estructuras actuales. Y se rumorea que existe una oferta de concertar privadamente esta "área especializada", que sería asumida, en sus consultas y desde luego con sus hospitales, por especialistas contratados por la sanidad privada con lo que se cerraría ya el círculo totalmente: onsultas especializadas en los centros ambulatorios y posterior remisión de esas listas a los centros privados que actualmente controlan el área norte. Es la política que define el pacto social antes referido de "flexibilizar la normativa sobre concertación con los centros privados".

Negamos, por todo esto, nuestro apoyo al Pacto Social. Fomentamos un pacto ciudadano con mayor implicación de los trabajadores, usuarios, agentes sociales, junto con partidos políticos y gobierno. Hay que exigir una optimización y potenciación de los centros públicos sanitarios que pueden dar mucho más de sí, con autonomía y decisión de sus facultativos en gestionar las listas de espera y seleccionar sus derivaciones sin limitación horaria; creación de hospitales sanitarios públicos en el norte y sur de la isla con aumento de camas hospitalarias, muchas de ellas quirúrgicas en función de la demanda social; disminuir el gasto farmacéutico; educación de la salud en las escuelas; mayor atención primaria y especializada para frenar el hospitalocentrismo; nueva política de concertación, que sigue siendo necesaria en Canarias, pero con la obligatoriedad de asumir patologías urgentes y de todo tipo evitando la "elección" de las m'e1s rentables económicamente siendo siempre complementaria y suplementaria de la sanidad pública, con acreditación y control permanente de su calidad; atención a las enfermedades mentales , drogodependencia y paliativos; profesionalización de los gestores sanitarios superando la politización; incentivación de los profesionales sanitarios públicos; participación real de los ciudadanos en el control del funcionamiento y gestión así como en la toma de decisiones de las instituciones sanitarias públicas.