Los "pactos sociales" y las "reformas laborales" se han sucedido desde la reinstauración de la democracia. La serie comenzó con los Pactos de la Moncloa, firmados en 1977, bajo la presión de la necesaria estabilidad democrática. Durante la década de los ochenta, se sucedieron los pactos: Acuerdo Marco Interprofesional (1980) y Acuerdo Nacional de Empleo (1981), con gobiernos de UCD, y Acuerdo Interconfederal (1983) y Acuerdo Económico y Social (AES), firmados con gobiernos del PSOE. Todos tuvieron como objetivo principal contener las subidas salariales, para controlar la inflación desbocada y crear empleo. Sin embargo, lejos de reducirse el paro, se alcanzaron importantes elevaciones de las tasas de desempleo, por la "excesiva rigidez del mercado laboral", decían los empresarios, los economistas y algunos ministros, más liberales que socialistas, de los gobiernos de Felipe González.

En 1984, se abordó la primera reforma laboral, apoyada por UGT, que favorecía la utilización de trabajadores con contratos temporales, en puestos de trabajo fijos, propiciando la externalización de servicios, a través de la subcontratación, facilitándose la creación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). La precariedad laboral superó el 33%. En 1994, se pretendió disminuir la temporalidad, creándose una cláusula de descuelgue que permitía a las empresas no aplicar las subidas salariales pactadas en convenio, relajándose las limitaciones de la jornada máxima, para aumentar la productividad.

En 1997, gobernando Aznar y con Javier Arenas como ministro de Trabajo, pese a las reticencias de algunos sectores sindicales, se firmó la tercera reforma laboral. También se consideró "histórica" por sus firmantes. A cambio de una ambigua promesa de creación de empleo indefinido, subvencionado, los dirigentes sindicales aceptaron una modificacion legislativa, que aumentaba la causalidad del despido procedente y una drástica reducción de la indemnización del despido improcedente. Casi nueve años después, miles de trabajadores han sido despedidos con menores indemnizaciones, mientras las cifras de precariedad laboral continúan, más que duplicando, las de los países de la Unión Europea y de la OCDE.

Con menor publicidad, los sindicatos firmaron otro "gran acuerdo" con el Gobierno de Aznar, la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Desde su puesta en vigor, la siniestrabilidad laboral no ha dejado de aumentar, pese a las trampas estadísticas. El incumplimiento de las empresas, la incapacidad de la Inspección de Trabajo, la impotencia de los sindicatos y la indiferencia del Gobierno central, los autonómicos y los municipales, que dan prioridad al crecimiento económico, la especulación inmobiliaria y el aumento rápido de los beneficios de las grandes empresas, que los financian, impiden cualquier progreso serio de la seguridad en el trabajo.

En 2001, la mayoría absoluta del PP propició una nueva reforma que profundizaba la degradación, regresividad y precariedad del mercado de trabajo, esta vez condenada por los sindicatos que, en demasiadas ocasiones, habían justificado, con su firma, pactos perjudiciales para los trabajadores, por la amenaza gubernamental de "si no hay acuerdo, haremos lo que tengamos que hacer". Las cúpulas sindicales para justificar su entreguismo reiteraban su excusa de "antes de que nos lo impongan, es mejor negociar".

Agustín Moreno, líder del sector crítico de CC.OO., en aquellos años, manifestaba: "Durante cuatro años se ha seguido una estrategia sindical, sin la participación y la movilización de los trabajadores, basada en la continua firma de pactos con el Gobierno y la patronal, con resultados no sólo insuficientes, sino incluso negativos".

España, con más de cinco millones de trabajadores con contrato temporal, tres millones de ocupados sin cualificación, menores indemnizaciones por despido, inferiores salarios y menor protección social que la mayoría de los países de la Unión Europea, se ha convertido en el paraíso de la explotación obrera, como base para la competitividad exterior, abandonada, a su suerte, la investigación y el desarrollo.

Desde hace año y medio, Gobierno, CEOE, UGT y CC.OO., vienen negociando un acuerdo, que rectificara las negativas consecuencias que, para los trabajadores, han tenido los pactos, impuestos o acordados, durante los distintos gobiernos de Aznar. Es preciso recordar que, ahora, se pretenden resolver los problemas creados por otro acuerdo "histórico", en 1997, promovido por el Gobierno de Aznar y aceptado por empresarios y sindicatos y que significó mayores facilidades para un despido más barato, a cambio de una hipotética reducción de la temporalidad.

El secretismo y la modestia de objetivos han sido las características principales de unas conversaciones cuyas vicisitudes, progresos o retrocesos prácticamente han sido hurtadas a los que van a verse afectados por sus resultados: los trabajadores.

Por fin, se ha firmado una, por los menos, en el nombre rimbombante de "Reforma del Mercado de Trabajo", en medio de una situación económica que, pese a los augures antisocialistas o mercenarios del Partido Popular, mantiene un fuerte crecimiento económico, por encima de la mayoría de los países de la Unión Europea y se baten récords de beneficios, en la mayoría de sectores empresariales, aunque existan algunos nubarrones.

Han rubricado el acuerdo el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, los presidentes de la CEOE y CEPYME, el incombustible Jose Mª Cuevas y Jesús Bárcenas, y los secretarios de UGT y CC.OO., Cándido Méndez y José Mª Fidalgo.

Según UGT, "la reforma del mercado laboral contiene medidas que permitirán impulsar y proteger la estabilidad en el empleo, mejorar la regulación laboral en materia de contratación temporal, cesion ilegal de trabajadores y contratas y subcontratas; extiende la protección social y mejora las prestaciones por desempleo y la del Fondo de Garantía Salarial; y refuerza los servicios públicos de empleo y las políticas activas".

CC.OO. destaca la oportunidad para actuar contra el fraude y la utilización abusiva de la contratación temporal, para promover la estabilidad en el empleo, aunque la calidad del empleo depende, en buena medida, de la necesidad de un cambio del modelo productivo.

El PP ha mostrado sus reticencias ante las exigencia de un "acuerdo con mayúsculas que abordara todos los problemas que tiene el mercado laboral español". ¿Por qué perdieron ocho años de Gobierno y no lo hicieron?

Rodríguez Zapatero ha cumplido su promesa de no abordar ninguna reforma del mercado de trabajo sin el acuerdo con sindicatos y empresarios, pero no ha podido sustraerse a la tentación, igual que anteriores presidentes, de calificar de "histórica" la denominada "reforma laboral", en referencia a que los trabajadores temporales, con dos o más contratos sucesivos, que superen los 30 meses de duración, se conviertan en indefinidos.

Según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, más de un millón de trabajadores con contratos temporales pasarán a ser fijos. Dicen que nos va a costar 2.165 millones de euros. Otros elevan su coste a 4.000 millones. Abogados laboralistas advierten que se pretende eliminar el despido con 45 días por año para futuros trabajadores y que los convenios colectivo podrán eludir los límites legales a la contratación temporal. Veremos