El Parlamento de Canarias
y las tramas de corrupción
político-empresarial
El Parlamento de Canarias ha sido
declarado bien de interés general para las tramas de corrupción
político-empresarial.
La mayoría parlamentaria formada por el PP y Coalición Canaria han aprovechado
el último pleno de la legislatura en el Parlamento para saltarse las
Directrices de Ordenación del Territorio y el Turismo, clausurar la comisión
del “caso eólico” y finalizar el “caso Amorós”.
Tras saltarse los acuerdos acerca de la necesidad de la unanimidad y modificar
el calendario de la Cámara,
CC y PP han declarado de interés general la construcción de cuatro hoteles, dos
en Tenerife y dos en Gran Canaria, con un total de 5.496 camas. Una vez más
queda en evidencia que el supuesto interés de las autoridades por un
“desarrollo sostenible” no es más que un frente propagandístico. A la hora de
la verdad, se prima como siempre los intereses económicos de los empresarios
del sector sobre el interés general de la población.
En el “caso Amorós”, ni se enviará el expediente a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, ni se pedirán responsabilidades políticas al
ex director del Tesoro, Alberto Amorós. El PP ya no ve claras irregularidades,
el convenio que firmó la
Consejería de Economía y Hacienda con los bancos ya no es
ilegal y el perjuicio a las arcas públicas de 1,2 millones de euros ya no
existe: seguramente, lo único que queda es que efectivamente el caso era la
punta de un iceberg y ellos no están interesados en que salgan los ¾ restantes.
En el “caso eólico”, la
Consejería de Industria (Luis Soria), el Cabildo de Gran
Canaria (José Manuel Soria) y la Autoridad Portuaria (José Manuel Arnáiz) salen indemnes, atribuyendo la trama al ex director
de Industria, Celso Perdomo, al ex consejero socialista José Francisco
Henríquez y al empresario José Antonio Lucendo.
Este es el tipo de instituciones y de toma de decisiones que responde a un
régimen caciquil, donde la inmensa mayoría de los representantes políticos y
los gobernantes están al servicio de los empresarios. Nada que ver con
una verdadera democracia participativa y con los intereses del pueblo canario.
Fuente:
Brega Electrónico PCPC