Los parques nacionales son los territorios con mayor grado de proteccion de la biodiversidad de responsabilidad estatal en los ultimos 25 años, lo que ha supuesto una cierta garantía de conservación. Es opinión generalizada que la Red de Parques Nacionales española es la mejor de toda Europa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha resuelto, a reclamacion de los gobiernos autónomos de Andalucía y Aragón que la gestión de los parques nacionales, debe ser competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La sentencia anula la reforma realizada por el Gobierno de Aznar, en 1997, en la que se establecía un modelo de cogestión. Entiende el alto tribunal que se invaden las competencias autonómicas. Sólo en casos de excepcionalidad la gestión sería asumida por el Estado.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, entiende que la sentencia "delimita con nitidez las competencias que corresponden a las distintas administraciones", le alegra que "queden excluidas actividades urbanísticas, de caza o de otras actividades que se consideren incompatibles con un parque nacional" y confía en la elaboración de un Plan Director que garantice la protección y unidad de la Red de Parques Nacionales.

Los movimientos ecologistas son menos optimistas. Según ellos, la sentencia "reduce a la mínima expresión la participación del Estado, reservándole la posibilidad de establecer criterios orientadores, sin capacidad directa en la gestión". "Desaparece la unidad de criterios en la conservación y protección, a favor de intereses políticos diversos, en el ámbito territorial".

Los gobiernos autónomos han recibido la sentencia con satisfacción. El Gobierno de Canarias no fue una excepción: "Se ha visto satisfecha una reivindicación de competencias en la ordenación y gestión de los espacios naturales de Canarias". Pero, no ha sido menor la complacencia de los grupos económicos, constructores, promotores inmobiliarios y turísticos, que pululan alrededor de cada Ayuntamiento, Cabildo, Diputación o Gobierno autónomo.

Aunque un representante del PSOE andaluz, en un alarde de estupidez, ha declarado que Javier Arenas, actual presidente del Partido Popular de Andalucía, es "el gran derrotado" de la setencia del Tribunal Constitucional, la realidad es que los derrotados han sido los ciudadanos. Los parques nacionales, aunque han tenido que soportar la presión y voracidad de caciques, promotores inmobiliarios y toda clase de especuladores, en ocasiones con la complicidad de quienes rigen ayuntamientos o autonomías, han funcionado bien. Los gobiernos centrales, de cualquier ideología, están más alejados de las influencias de esos grupos de presión y actúan con mayor sentido de su responsabilidad.

A veces, la cercanía de la Administración, lejos de constituir una ventaja, constituye un verdadero riesgo, teniendo en cuenta la desastrosa experiencia que vivimos en Canarias y que no parece demasiado diferente a la vivida en otras comunidades autónomas.

En Canarias, Eustaquio Villalba, que fue miembro del Patronato del Parque Nacional del Teide, ha puesto de manifiesto el desprecio del Gobierno, Cabildo y ayuntamientos por la conservación del Parque Nacional del Teide. Su permanente propósito no ha sido otro, que el de "convertir el Teide en una mezcla de parque de atracciones y de centro comercial en el que se cobra entrada". Carreras de "todoterrenos", zonas de restaurantes, comercios, aparcamientos y un hotel de cinco estrellas han sido las propuestas "ecológicas" de los responsables del Cabildo de Tenerife cuando lo presidía el actual presidente del Gobierno de Canarias.

El alcalde de La Orotava, el mayor depredador medioambiental de Canarias, el que ha convertido el otrora admirado Valle de La Orotava, el mar de esmeraldas que contempló Humboldt, en un amasijo de cemento y ladrillo, ya ha mostrado sus apetencias por "recibir parte de los 150 millones de euros anuales que genera el Teide" y cobrar a quienes lo visiten.

El Cabildo de Lanzarote tiene unos ingresos anuales que superan los doce millones de euros, sin que destine ni uno solo a su mantenimiento.

Si lo que se pretendía era introducir el desarrollismo y la especulación en la Red de Parques Nacionales, tengo la convicción que se ha conseguido. Sólo hay que revisar lo que ha ocurrido en una buena parte de las comunidades autónomas, en aquellas reservas naturales, zonas protegidas, de interés especial o en las zonas costeras, en las que la especulación generalizada han hecho desaparecer ecosistemas, playas y especies protegidas.

En algunas autonomías y ayuntamientos existen especialistas en realizar campañas de preparación ciudadana, pagadas con dinero público o privado, para que admitan o se resignen a la especulación o la agresión a espacios naturales. Siempre tienen excusas. "El progreso", "la necesidad de infraestructuras, carreteras, autopistas y puertos" o "la creación de puestos de trabajo" son responsables de la situación en que se encuentra una buena parte de las zonas costeras y de los abusos urbanísticos, en zonas protegidas, reconvertidas o recalificadas en edificables.

La proteccion de la Red de Parques Nacionales debería continuar siendo un bien común de todos los españoles, cuya conservación debería seguir manteniendo la tutela del Estado. ¿Cuánto se tardará en sustituir la conservación y el respeto al medio ambiente por criterios de desarrollo y rentabilidad?