Imagínense que no conseguían imponer esas exigencias. Y que rabinos, imanes y bonzos asegurasen por ello que sus respectivas religiones están perseguidas, porque su particular moralidad no es de obligado cumplimiento. O porque la fuente del derecho no sea el Talmud, el Corán o el Discurso del Parque de las Gacelas.

En el peor de los casos, hablaríamos de integrismo. En el mejor, nos cuestionaríamos el tipo de sustancias que consumen. Si encima pagáramos de nuestros bolsillos el sueldo de los profesionales de esas religiones, liberados a cuenta de las arcas públicas, ya nos referiríamos a la dureza de su epidermis facial.

Pues bien, el representante del Vaticano en las Canarias orientales, Ramón Echaren, ha soltado una filípica en las fiestas de Teror contra las instituciones públicas y sus representantes democráticos a los que acusa de "perseguir" a la iglesia católica. La razón aducida no es otra que el que las instituciones democráticas permiten la libertad de culto y pensamiento. Y, por lo tanto, no nos obligan por ley a acatar las reglas de la moral católica sobre relaciones prematrimoniales, indisolubilidad del matrimonio, prohibición de formar familias a los que no sean heterosexuales y un largo etcétera. Incluido el que se imparta adoctrinamiento católico obligatorio a todos los menores de edad, sean sus padres del parecer que sea.

La culpa, claro, es de los cargos públicos que van una y otra vez a retratarse a la ceremonia vulnerando sistemáticamente la separación entre Iglesia y Estado. Olvidando que no representan a los ciudadanos de una sola religión, sino a los de todas (e incluso a los de ninguna). Los que sí que hemos sido perseguidos por el nacionalcatolicismo franquista, agradeceríamos que se dejaran de coñas. Que no nos sigan ofendiendo, o sea.