Pinochet burla a la Justicia

Justo Fernández Rodríguez

Seis días después de haber sufrido un infarto, el dictador chileno Augusto Pinochet, de 91 años, falleció tras haberse anunciado una mejoría. El dictador murió sin haber dado cuenta de sus crímenes, burlando jueces, tribunales, condenas y cárceles. Ni en sus últimos instantes dio muestras del menor arrepentimiento. La noticia recorrió el mundo rápidamente. Mientras miles de chilenos salían a la calle, unos, los más, celebraban la desaparición del dictador, al grito de "Ya cayó"; otros, minoritarios, lloraban la muerte del dictador y exigían honores de jefe de Estado. Señoras enjoyadas y alumnos de colegios elitistas insultaban a los españoles y, especialmente, al juez Garzón, quien ha declarado que "las víctimas se merecían una sentencia".

Una buena parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, demócratas, organizaciones sindicales, luchadores por la democracia y la libertad, formaciones políticas de izquierda e, incluso, algunos gobiernos lamentaron que Pinochet hubiera muerto "sin responder de sus crímenes". Pero, de eso no sólo son culpables los distintos gobiernos chilenos, vigilados, que siguieron a los 17 años de dictadura de Pinochet, quien aumentó su patrimonio personal en más de 28 millones de dólares. Contó con la pasividad de muchos gobiernos democráticos europeos, la complicidad del Gobierno de EE.UU. y la ayuda de los gobiernos de Gran Bretaña, encabezado por Margaret Thatcher, y de España, que presidía José María Aznar, máximo dirigente del PP, quien utilizó al entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y al fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para facilitar que Pinochet pudiera eludir la acción de la Justicia. Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo, que presentó una denuncia contra el dictador chileno de acuerdo con la jurisdicción universal de los crímenes contra la humanidad establecida en Nueremberg, ha señalado que "Blair, Frei y Aznar permitieron que Pinochet no fuera juzgado".

El pasado 11 de septiembre se cumplieron 33 años desde que Pinochet, 18 días después de haber jurado lealtad al presidente Salvador Allende, en nombre de los socorridos "intereses patrios" lanzó tanques y aviones contra el Palacio de la Moneda, para interrumpir el proceso democrático chileno, amenazado y acosado por los grandes intereses económicos multinacionales y su máximo guardián, Richard Nixon, que no podía tolerar en "sus" dominios un Gobierno socialista. Ya tenían bastante con Cuba.

El nuevo sátrapa abolió la Constitución, disolvió el Congreso, implantó la censura, ilegalizó los partidos políticos y los sindicatos, prohibiendo, bajo durísimas penas, los derechos de reunión, manifestación y huelga. Con el asesoramiento y apoyo de la CIA, lanzó a la policía y el ejército a una feroz campaña de represión contra cualquiera que se hubiera significado en la defensa de la democracia y las libertades.

En las primeras semanas del golpe, convirtió el Estadio Nacional en el símbolo de la represión, la crueldad y el asesinato. Miles de políticos, sindicalistas, trabajadores y estudiantes fueron detenidos, mientras los cadáveres de los militares de la izquierda, fusilados sumariamente, flotaban cada mañana en las aguas del río Mapocho; otros eran enterrados en fosas comunes anónimas. Centenares de personas salvaron su vida refugiándose en embajadas europeas o iberoamericanas. Más de 300.000 chilenos tuvieron que abandonar su patria para escapar a la sangrienta represión. No todos lo consiguieron.

En 1973, Pinochet, bajo la éjida de EE.UU., lideraba un grupo de países (Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay), con el objetivo de eliminar físicamente, allí donde estuvieran, los focos de oposición política a sus dictaduras. Secuestros, torturas y asesinatos fueron los métodos utilizados por la llamada ’Operación Cóndor’.

En 1980, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó el régimen dictatorial de Pinochet que, en la revista ’La Época’ 16-4-86), resumía su filosofía política: "Yo me voy a morir. El que me suceda también tendrá que morir. Pero elecciones no habrá. Los ricos son los que producen la plata y a ellos son a los que hay que tratar bien. Con las condenas de la ONU tengo llena mi biblioteca".

En 1988, un plebiscito rechazó su intención de prolongar la presidencia a partir de marzo de 1990. Pero, desde su cargo de comandante en jefe del Ejército continuó controlando al Gobierno surgido de las urnas.

La visita de Pinochet a una lujosa clínica de Londres, en 1998, fue aprovechada por el juez Baltasar Garzón para dictar una orden, vía Interpol, de captura y extradición. En principio, los británicos aceptaron y detuvieron al dictador chileno. Y comenzó la batalla política para evitar que el dictador fuera juzgado.

La detención de Augusto Pinochet reabrió la polémica sobre los límites territoriales de la Justicia, la inmunidad diplomática y la prescripción de delitos de lesa humanidad. Pero, más allá del debate jurídico, lo que enconó la situación fueron los intereses de la derecha política y económica, que siempre ha condenado a los dictadores comunistas, pero que observaba, con comprensión y justificación, cuando no complicidad, a las dictaduras militares de carácter fascista, por muchos crímenes que cometieran.

Y ahí comenzaron los problemas de los gobiernos de Thatcher y Aznar. Les resultaba insoportable que jueces españoles fueran a juzgar a uno de los discípulos más aventajados de Franco y, desde un planteamiento económico, banqueros y empresarios, con fuertes inversiones en América Latina, presionaron para que sus intereses no se vieran perjudicados. ¿Que fueron más de 4.000 los asesinados y desaparecidos por la dictadura de Pinochet? Más importante eran los intereses de los bancos Santander Central Hispano, Bilbao, Endesa o Telefónica.

Aznar utilizó a fondo al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que recurría todas las actuaciones de Garzón, para evitar que Pinochet fuera extraditado y juzgado en España. La ideología ultraconservadora de Fungairiño quedó reflejada en su informe sobre las asonadas militares que terminaron con la democracia en Argentina y Chile de forma sangrienta. Consideraba que "los militares no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido" y que, sólo intentaban "subsanar las insuficiencias de ese orden constitucional y mantener la paz pública". Este texto, que hubiera suscrito cualquier dictador, impregnado de lo más puro de la ideología fascista, fue refrendado por el propio fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

Mientras Garzón consideraba a Pinochet culpable de genocidio, terrorismo internacional, tortura y desaparición de personas, porque la dictadura "desarrolló planes y consignas, desde la estructura del poder, que tenían como fin la eliminación física, desaparición y secuestro, previa práctica generalizada de tortura", para Fungairiño la matanza o desaparición de 4.000 personas no podía considerarse genocidio, porque las víctimas no eran de una misma nacionalidad y no existía vínculo religioso o étnico de unión. Tampoco podían considerarse sus acciones terrorismo porque "el Ejército chileno no es una banda armada". Una frase de Pinochet podía haber despejado las dudas de Fungairiño: "Prácticamente limpiamos de marxistas la nacion". (’Revista Hoy’, 23-2-88).

Cuatro meses después de que la Cámara de los Lores rechazara la inmunidad del dictador, el ministro de Interior del Reino Unido, Jack Straw, siguiendo órdenes de Thatcher y con la complicidad de Blair, por unas injustificadas "razones médicas", autorizó el regreso de del dictador chileno a su patria. Y, nuevamente, un asesino escapó a la Justicia.