En Cataluña, como en otras comunidades autónomas, han venido circulando insistentes rumores sobre el cobro de comisiones, por la concesión de contratos de obras públicas, licencias, recalificaciones de terrenos rústicos o la concesión de servicios. En cualquier caso, en este tipo de corrupciones se dejan pocos rastros documentales y es difícil que los empresarios y promotores extorsionados se atrevan a denunciarlo. Podrían ser acusados de un delito de cohecho.

En los últimos meses, parece que Maragall está sufriendo una afección cerebral, contagiada por su infiel socio, Carod-Rovira. La estúpida insinuación, no fue otra cosa, del 3%, como "problema de CiU", ha conseguido organizar una fortísima controversia política que, lógicamente, ha pretendido ser aprovechada por Mas y Piqué, para acorralar al presidente del tripartito que gobierna Cataluña.

Naturalmente, la derecha política, en Cataluña y en Madrid, hará todo lo posible por derribar el Gobierno tripartito, pero no parece aceptable la estúpida comparación con la guerra civil como el método para hacerlo. Tampoco le acompañó la fortuna a Maragall en su desgraciado símil sobre su situación política actual y una mujer maltratada. Que consulte a un psicólogo. Quizás le aconseje abandonar las malas compañías.

En cualquier caso, resulta sorprendente que, ante la simple insinuación de Maragall, Artur Mas lo asumiera como una acusacion de corrupción, sin haber pedido una sola aclaración, lo que prueba que sabía a lo que se estaba refiriendo, como la mayoría de los ciudadanos. La amenaza de presentación de una querella criminal imposible, por injurias y calumnias, fue una necesidad política.

Josep Piqué, que había reconocido públicamente que las comisiones, en la etapa de Gobierno de CiU, eran un clamor, de forma oportunista quiso sacar partido y anunció la presentación de un voto de censura, por la necesidad de provocar "una catarsis" y "purificar" la vida política de Cataluña. Es preciso reconocer que fue valiente. Se había olvidado que evitó ser imputado y declarar ante el Tribunal Supremo por el 'caso Ercros' gracias a la intervención del fiscal general Jesús Cardenal, que llegó a relevar al fiscal Bartolomé Vargas por negarse a exculparlo y provocó la anulacion del informe inculpatorio, aprobado por 10 de los 12 fiscales penales del Tribunal Supremo. Extrañamente, nadie lo recordó en el debate de la moción de censura.

Como ocurrió en el caso de Banca Catalana, uno de los mayores escándalos bancarios de España, que viví de cerca, Jordi Pujol volvió a envolverse en la bandera catalana, para defender los intereses de sus herederos políticos. En el caso de la Banca Catalana, logró paralizar la acción de la Justicia para no "provocar la ruptura profunda de Cataluña". Ahora, pretendía repetir la misma maniobra. Quizás, aquella inhibición abrió la espita de la generalización del 3%.

Sería deseable que la intervención del fiscal Anticorrupción, que ha comenzado sus investigaciones, no vuelva a ser paralizada "desde arriba".

Algunos empresarios inmobiliarios, en privado, han mostrado su satisfacción porque, en Cataluña, por lo menos, se sabe cuánto hay que pagar, mientras en otras autonomías la "mordida" no tiene porcentaje fijo. Sin embargo, un constructor ha declarado que tuvo que pagar una comisión del 20%, por las obras de rehabilitación de viviendas que le fueron contratadas. Más de cuatro horas ha declarado ante el fiscal Mena.

Su abogado, a la salida del juzgado, manifestaba: "Lo que ha salido en la prensa sólo es la punta del iceberg". Otro empresario ha manifestado que "tenía una caja B" para pagar las comisiones por los contratos adjudicados por Adigsa, la empresa pública responsable de la rehabilitación de viviendas. Durante los gobiernos de CiU, el 70% de las obras se repartieron entre nueve empresas, mientras, un enorme volumen de obra pública se otorgaba al margen de la legalidad, utilizando criterios prohibidos por la Unión Europea.

Sin embargo, si el cobro de comisiones era "un clamor general" sin que nadie hiciera nada, las reacciones a la insinuación del 3% parecen desmedidas, si no fueran más tácticas que de principios. La crispación política, la "ruptura de relaciones" personales y partidarias suenan a artificiales y exageradas, si comparamos lo de Cataluña, con lo sucedido en otras comunidades autónomas, como Galicia, Madrid, Canarias o Valencia.

Sólo dos ejemplos. Las sospechas de los gallegos sobre la corrupción política fueron confirmadas cuando Enrique López Veiga, consejero de Pesca del Gobierno de Fraga, acusaba a otros dirigentes del PP de haber "experimentado un notable aumento de su patrimonio paralelamente a su vida política". No pasó nada. Ni mociones de censura, ni querellas criminales por injurias y calumnias.

Después de más de diez años de gobiernos de Coalicion Canaria (CC), en solitario o con el Partido Popular, se han producido grandes escándalos de corrupción, la mayor parte denunciados por miembros de los gobiernos de ambos partidos, que han llenado las páginas de una buena parte de los medios de comunicación. No se han producido ni querellas criminales contra quienes lo han denunciado, ni mociones de censura por parte de la oposición.

En Canarias las acusaciones de corrupción se suceden sin que pase nada. Hace unos meses, Lorenzo Olarte, ex presidente del Gobierno canario por CC, sentenciaba: "En estos años, los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres, por un entramado corrupto con el que hay que acabar".

Román Rodríguez, ex presidente del Gobierno canario y actualmente diputado de Coalicion Canaria en el Congreso, ha explicado que la creación de una nueva fuerza política tiene como principal objetivo "ser una alternativa al negocio por el negocio" y "luchar contra la relación obscena entre el poder político y el económico".

Carmelo Ramírez, hace unos días, todavía presidente de CC de Gran Canaria, explicaba: "No compartimos que las decisiones en las instituciones públicas estén para defender los intereses de unos pocos empresarios. No quiero hablar de corrupción, pero hay actuaciones del Gobierno que huelen muy mal". "No se puede defender los intereses de cinco empresarios de Gran Canaria y cinco de Tenerife, contra el interés general de los ciudadanos".

El final de melodrama catalán ha sido patético, confirmándose la superficialidad de la querella y la utilización impúdica de la moción de censura. Durante el debate, Maragall se responsabilizó de sus excesos verbales, pidiendo "formalmente excusas a los ciudadanos". Ante unas disculpas que no le dirigía, a Artur Mas le faltó tiempo para anunciar la retirada de la querella criminal y Piqué, solo ante el peligro, optó por retirar la moción de censura unos minutos antes del comienzo de la votación. ¿Quería evitar la soledad de sus 17 votos o era un premeditado engaño a los ciudadanos?