Es el pleito insular. Aquel del que nadie se siente responsable. Un litigio que llena bocas enteras de palabras que balbucean hipócritamente todos los deseos para superarlo. Sin embargo, siempre termina por estar presente. Lo peor es que no es un fantasma etéreo. Es real, llena de consecuencias nocivas a la gente de nuestras islas porque impide salir de la vieja miseria caciquil y situar al Archipiélago ante empresas más nobles y acorde con los tiempos que transcurren. Mientras la mentira del pleito funcione, se conseguirá que la mirada no salga del ombligo. Y no por narcisismo. Más bien para impedir que si se eleva un poco la vista, la mayoría de la gente pueda darse cuenta de que los asuntos públicos, la gestión de sus propios intereses, se aleja del control democrático y se sustenta en las decisiones de una verdadera oligarquía.

Hasta la última crisis del Gobierno de Canarias los socios de las dos formaciones que lo componían (CC-PP) afirmaban que el pleito estaba superado. Es cierto que de vez en cuando amagaban con algún detalle, pero se hartaron de explicar que el contencioso isleño era asunto del pasado. Ni siquiera la crisis de Coalición Canaria se relacionaba con él salvo en las denuncias de los que abandonaban las siglas. Los conservadores del PP, ni pío. Mientras la parcela que obtuvieron en el reparto gubernamental no se la tocaran, las tragaderas estaban dispuestas a digerir de todo. Expulsados ahora del Gobierno, han tardado muy poco en poner en marcha la operación amnesia total para hacer convincente su nueva adscripción al insularismo. Una prótesis que, a falta de mejores argumentos e ideas, se disponen a usar como escudo con la esperanza de que la gente olvide cuanto antes sus silencios cómplices. No puede criticárseles por ello. Al fin y al cabo, su presencia en el poder no buscaba tampoco mejorar la vida para la mayoría ciudadana. Sólo para mejorar la de unos pocos. Sin embargo, es una lástima que renuncien ahora a construir un partido conservador de alcance general para todas las islas y con sólido arraigo en el Archipiélago.

Quienes ahora ponen el grito en el cielo (o en el Auditorio Alfredo Kraus) han escogido un mal camino para la supuesta defensa de los intereses generales. No se combate al insularismo con más insularismo. De esa espiral tal vez salga el equilibrio para el reparto de unos pocos, pero no sirve para la generalidad de los canarios. Crear una sociedad abierta, con capacidad competitiva desde equitativas condiciones y con una gestión de lo público rigurosa y justa requiere otro camino muy distinto. La reciente experiencia nos lo demuestra con claridad meridiana. La que se desprende por citar algún caso de dos ejemplos de cosas mal hechas, que encima se terminan de estropear cuando se les pasa por el tamiz del pleito isleño. Mal hecho ha sido el trayecto que desde el año 1997 tenía que haber posibilitado la puesta en marcha de una importante red viaria en las islas mediante el conocido convenio de carreteras que en aquella fecha suscribieron los Gobiernos central y autonómico. Los más optimistas que hoy ven la circunvalación de la capital grancanaria o la nueva carretera Valverde-Frontera piensan que se ha avanzado mucho. Sin embargo, ni tan siquiera se ha conseguido terminar la mitad de las obras previstas. En el año 2003 tenían que estar en marcha la totalidad de los proyectos. Ahora todo se cifra a la esperanza de un nuevo convenio para los próximos años y a esperar, mientras se recrudece la pelea para establecer prioridades en una isla u otra. A ver quién consigue demostrar que la suya es más urgente o, como también ha ocurrido, ver si es posible frenar las obras de la isla vecina porque en alguna todavía no se pueden acometer por los retrasos de todo orden en los proyectos. Pero nadie parece acordarse ya de que el dinero previsto en el Convenio no llegaba. En realidad hacía falta una cifra triple de la que en su día se fijó por el Ministerio de Fomento en el Gobierno que presidía Aznar. En Canarias la cifra inicial era de 1.160,67 millones de euros para toda Canarias y 482,47 para Gran Canaria. La que el Gobierno autónomo tiene previsto para concluir las obras de carreteras de aquel Convenio 1997-2003 se elevan a 3.041,41 millones de euros para toda Canarias y a 1.100,92 para Gran Canaria.

¿Por qué no se trabajó antes para corregir el desfase? ¿Por qué no se denunció en su momento y se buscaron las soluciones? El silencio del PP era lógico. Incluso que intentaran la convincente mentira de que todo tenía su origen en los "sablazos" de Zapatero, aunque el Convenio y su falta de presupuesto nada tuvieran que ver con el nuevo Gobierno de España. Tenían que esconder que fue el propio Gobierno de Aznar quien sí permitió revisar al alza (el 12 de marzo de 2004) el dinero para el Convenio de carreteras de Baleares y lo negó a Canarias. Pero si ese silencio era lógico, también debería ser ahora lógica la prudencia, no sea que a medida que se desvelan los datos se descubra también el fariseo que llevan dentro con su conversión al insularismo propagandístico. El otro ejemplo se ubica en el puerto. El PP y CC quieren que los puertos del Estado, como el de La Luz, se transfieran a la Comunidad Autónoma. Así lo acordaron en la ponencia de la reforma del Estatuto de Autonomía (Artículo 35). Pero también hicieron una Ley de Puertos Canarios y un Decreto muy reciente que desarrolla su reglamento (Abril de 2005) en los que se ha previsto dar un nuevo marco orgánico para estos puertos si son finalmente transferidos. Ese nuevo marco crea una autoridad común para todos los puertos de las islas. Un modelo intervencionista y centralizador propio de los tiempos de la dictadura pinochetista que ya lo usó para sus sistemas portuarios. Ahora saltan las voces de alarma. ¿Y antes? ¿En abril y en mayo no había problema? Ese problema no es ya que un partido insularista se apodere de la gestión de los puertos ubicados en otra isla (claro que también es eso).

Es que, al margen de quién esté en el gobierno, lo que se pervierte es el modelo organizativo y de gestión moderno de los sistemas portuarios. Menudo ejemplo de defensa de una sociedad y economía competitivas que nos estaban preparando. Cuando ahora lo denuncia el PP, ¿no será porque en lugar de estar convencidos de la perversión de la fórmula el único problema es que ya no están cerca de aquellos rancios mecanismos de control y de poder? El pleito insular tiene un trasunto oligárquico considerable, pero sus consecuencias a todos afectan. Siempre sirvió para usar la trinchera del territorio insular y equilibrar los privilegios de unos cuantos, aunque por el camino quedara la mala conciencia y el olvido de intereses de las mayorías sociales. Cuando se creó la autonomía llegó la razonable esperanza de contar con un instrumento democrático que uniese las islas desde el reconocimiento de sus singularidades. El objetivo queda aún muy lejos. El cauce democrático se mutiló con unos fragmentos a la participación que han hecho imposible la cohesión del Archipiélago y acentúan la desigualdad política entre sus ciudadanos. Por eso ahora que se revisa el Estatuto es hora de cambiar el sistema electoral.

Aunque no sea la panacea, los socialistas han propuesto siempre crear una circunscripción común a todas las islas. No es un empeño dogmático. Parece razonable para evitar, como ha vuelto a ocurrir, que ningún gobierno autónomo haya podido durar toda la legislatura. La inestabilidad es el denominador común en la historia de todos los gabinetes. Hay que cambiar esa raíz negativa del sistema electoral canario. Hay que hacerlo por convicción autonomista y no por oportunismo. A ver si el PP se decide a cambiar su negativa. Es curioso leer estos días que ahora esta formación se muestra favorable. Hace apenas un par de meses su máximo dirigente votó en contra de la circunscripción regional en el Cabildo grancanario. No sabemos si por convicción o porque no quería líos con sus socios del gobierno de Canarias, razón esta última muy poco edificante por cierto.

El pleito isleño vuelve a asomar. Como tantas otras veces el viejo fantasma obligará a todo el mundo a plegarse a sus designios o les caerá encima el anatema de traidores. Mientras lo permitamos, mientras nos lo creamos, no habrá salida para hacer de Canarias una sociedad abierta, pujante y justa con todos. Porque desde sus orígenes ese pleito está diseñado como un arma para fabricar y mantener oligarcas.