Política y justicia

Juan Manuel García Ramos

Alguien podría pensar -si el pensamiento no lo han prohibido aún, que no sé- que el ministro de Justicia español erró en destacar a dos fiscales anticorrupción en Canarias, después de denunciar a los cuatro vientos los altos índices de corrupción que él percibía en las Islas, para allanarle su previsible camino electoral futuro: el mayor alto cargo institucional imputado -no inculpado- en un delito de corrupción después de que hayan actuado los fiscales del ramo es un ex consejero del Gobierno saavedrista (1991-1993). Por lo menos en las primeras instrucciones practicadas, sólo instrucciones, por otra parte. De ahí a una condena en firme puede mediar la eternidad.

Pero lo cierto es que en Canarias y fuera de ella se ha sembrado un clima de sospecha generalizado sobre actuaciones municipales, cabildicias y autonómicas, y uno se encuentra por ahí con el correveidile de turno proclamando con gustosa malignidad que en los próximos meses caerán este, aquel y el otro gobernante de Coalición Canaria o del Partido Popular, nunca del Partido Socialista. Antes de las próximas elecciones, entre septiembre y octubre.

Ya veremos. El que haya metido la pata -en este caso, la mano- que lo pague ante la Justicia, pero este clima de tan presunta como, para algunos, extendida y rutinaria delincuencia institucional no facilita la diligente administración de los asuntos públicos en Canarias y habrá que darlo por prescrito algún día, aunque a alguien le interese mantener la alarma como anestesia contra el adversario político en los próximos comicios; para qué vamos a engañarnos y no estoy señalando a nadie.

Me viene todo esto a la cabeza después de leer un brillantísimo artículo del magistrado en excedencia y abogado, Javier Gómez de Liaño, sobre la concesión del tercer grado al ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera.

Denuncia Gómez de Liaño en su colaboración periodística en El Mundo (28/8/06) que hace tiempo, tal vez siglos, que la Justicia no obedece a razones jurídicas, entendida como perfeccionamiento de la razón humana, es decir, con habilidad técnica, sentido común y prudencia, sino que esa Justicia viene determinada por circunstancias que algunos llaman razones políticas, interés general o sentido práctico. El asunto no es nuevo y tampoco nos es ajeno. Conducir la Justicia de un país requiere virtudes muy altas, entre ellas, la magnanimidad y la independencia de criterio.

Y ahí es donde a uno le surgen las dudas. ¿Puede un político de partido ejercer esas delicadas misiones de administración imparcial de la Justicia?

En 1996 mantuve una polémica con Juan Fernando López Aguilar en torno al nacionalismo canario. Él había escrito un artículo en la revista Claves, de Madrid, en el número de septiembre de 1996, sobre "Estados autonómicos y nuevos nacionalismos. El caso de Coalición Canaria".

En ese trabajo venía a ridiculizar la posible ideología nacionalista de Coalición Canaria, ideología todavía en ciernes en aquellos momentos, pues apenas habían transcurrido tres años de constitución del primer gobierno nacionalista de la historia de nuestro pueblo, y aprovechaba además López Aguilar para ignorar todo antecedente nacionalista previo al proyecto de Coalición Canaria, todo ello en beneficio del respeto que dispensaba a los nacionalismos históricos de Galicia, Euzkadi y Cataluña.

En aquellos momentos nosotros sostuvimos que los antecedentes históricos del nacionalismo canario eran tan legítimos como podían ser los del gallego, vasco o catalán, por poner los ejemplos más a mano. ¿Quién podría dudar de la existencia del nacionalismo andaluz?

Desde los primeros fueros arrancados por nuestra especial situación geoestratégica a la corona española, a la consideración de Canarias como "cuerpo de nación original", según el ilustrado Viera y Clavijo, pasando por el pensamiento de Secundino Delgado y su influencia posterior en la fundación del PNC en 1924, o los movimientos regionalistas surgidos en el Ateneo de La Laguna a principios del siglo XX, donde hemos de situar a Manuel Ossuna Van Den Heede, como uno de sus más conspicuos inspiradores, y, si quieren ustedes, hasta lo que significó la UPC entre 1979 y 1983, hay argumentos de sobra para no despreciar la existencia de una conciencia nacional canaria madurada a lo largo de los siglos.

¿Puede alguien poner en duda que las Canarias, a 1.050 kilómetros del sur de la Península Ibérica y a 100 kilómetros del oeste de África, con su naturaleza particular, su geografía y su historia, los orígenes bereberes de sus antiguos habitantes, las aportaciones normandas, genovesas, castellanas, lusitanas, holandesas o británicas, entre otras, nuestro régimen económico actual, la cultura, nuestras particulares relaciones con el mundo, no nos han hecho diferentes? ¿No existen, acaso, esos "elementos físicos y psicológicos de una nueva personalidad" -como nos hubiera recordado el poeta y crítico insular Ramón Feria- en la que es fácil reconocernos a todos los canarios, nacionalistas o no?

Seguimos creyendo hoy, como creíamos en 1996, que el nacionalismo canario, sea a través de Coalición Canaria o de cualquier otro mecanismo político, no es sino la ideología que actúa como palanca para reforzar nuestra conciencia de pueblo singular y para defender unos intereses concretos, sin que tales objetivos conlleven una insolidaridad con el resto de los pueblos.

No eran, ésas, ideas compartidas por nuestro antagonista en aquel último lustro del siglo XX, el hoy flamante ministro de Justicia español y candidato in pectore a la presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones.

Hoy, curiosidades de la vida, el PSOE de Juan Carlos Alemán (y de López Aguilar) apoya un Gobierno de Coalición Canaria, aunque sólo sea como estrategia para cortarle el paso al Partido Popular. Única estrategia de la que parecen ser capaces los partidos estatalistas en Canarias.

En el acuerdo tácito que hay entre el PSOE y CC, se comparten intereses, no valores, ni ideas, ni específicos objetivos políticos. El interés del PSOE de situarse con cierta ventaja respecto al PP con vistas a 2007, el interés de CC de mantenerse en el poder, de colocar a los suyos con mayor holgura y de neutralizar al mismo tiempo a un rival natural como es el PP, sobre todo en Tenerife.

El regreso a la política canaria de Juan Fernando López Aguilar no sólo va a conllevar una elevación de la calidad y de la temperatura ideológica en el debate político del Archipiélago, sino nos servirá además para comprobar hasta qué punto la hostilidad del ministro hacia Coalición Canaria sigue siendo la misma, o no, de la de 1996, o si sus denuncias de corrupción desde su alto cargo contra las clases dirigentes que hoy ocupan buena parte de las instituciones canarias se atenúan o se acentúan cuando abandone su actual destino y se convierta en aspirante a gobernar esas mismas instituciones. Esto se pone divertido.