Soy catedrático de la Universidad de La Laguna (ULL) y estoy en huelga. A la primera de estas dos situaciones llegué tras estudiar una licenciatura en esta misma universidad, hacer una tesis doctoral en la de Salamanca, pasar dos años de investigación postdoctoral en Estados Unidos y trabajar, sucesivamente, como profesor ayudante, profesor adjunto y catedrático en las universidades de Valencia, Salamanca y Complutense de Madrid. Tengo 55 años, estoy casado desde hace 31 con la misma mujer, tengo dos hijos ya adultos a los que creo haber educado razonablemente bien y en mi comunidad me tienen por un buen vecino. Todo esto lo digo no por hacer alarde de nada, sino porque creo sinceramente que este perfil profesional y personal no encaja en el que del profesorado universitario ha sido dibujado por la sarta de improperios, insultos y descalificaciones vertidas en la prensa durante las dos últimas semanas, en lo que si no es una campaña organizada se le parece bastante.

¿Y por qué he llegado a la segunda situación? Desde luego, no por temor a que mi trabajo sea evaluado, como alegremente han afirmado el consejero de Educación y -para mi sorpresa- el rector de la Universidad de Las Palmas (Ulpgc). He superado tres oposiciones, he dirigido una decena de tesis doctorales, publico en revistas en las que los artículos se evalúan de forma anónima por especialistas antes de su aceptación, todo mi trabajo de investigación ha sido financiado mediante convocatorias públicas en las que los proyectos son también sometidos a evaluación, y, finalmente, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora me ha evaluado positivamente cuatro periodos de seis años de investigación. ¿Miedo a ser evaluado, si no he hecho otra cosa que someterme a evaluaciones sucesivas desde que ingresé en la universidad? Si estoy en huelga es porque estoy harto.

Estoy harto de que me engañen. En 1999 "mis representantes" sindicales y la Consejería de Educación pactaron un acuerdo para que el profesorado universitario percibiera hasta cuatro complementos retributivos, que en teoría se asignaban por méritos docentes e investigadores y por un periodo de cuatro años. Todos entendimos, y así nos lo dijeron los firmantes de aquel acuerdo, que estos complementos eran un sucedáneo de la homologación con el resto de los funcionarios, concedida en 1991 por el Gobierno de Canarias al profesorado de primaria y secundaria. En el año 2002 "mis representantes" acordaron con la Consejería que los complementos que se reconocieran tras una nueva evaluación valieran sólo por dos años y no por cuatro y se comprometieron a negociar un nuevo protocolo de evaluación. Y en el año 2004 "mis representantes" -con la salvedad de los pertenecientes a Intersindical Canaria en la ULL- pactan a oscuras un nuevo acuerdo con la Consejería, con las siguientes novedades, entre otras: 1) en lugar de cuatro complementos se nos reconocerán tres, divididos en tres tramos a los que se accede mediante puntuaciones crecientes; 2) si la cantidad de dinero necesaria para abonar los complementos evaluados positivamente fuera superior a la destinada para ello por la Consejería se aumentará la puntuación requerida para obtener el tercer tramo (o sea, que en unos complementos que se dice que están diseñados para primar la excelencia y la calidad se penaliza a los que más méritos tienen por falta de dotación presupuestaria); y 3) este acuerdo quedará anulado si se aprobara una norma estatal que aumentase sustancialmente el sueldo del profesorado; o, dicho de otra manera, si fuera el Gobierno español el que nos homologara. ¿Pero no dice la Consejería que este protocolo no tiene nada que ver con la homologación?

Lo anterior se pretende compensar con el argumento de que en lugar de los 6.000 euros que recibíamos con los complementos anteriores ahora podremos cobrar 7.900. Y a mí, que soy de ciencias, se me ocurre hacer una sencilla operación con los siguientes datos publicados en la prensa: 1) la Consejería dice que se han presentado 3.000 solicitudes; y 2) el rectorado y el presidente de la JPDI de la ULPGC calculan un promedio de tramos por solicitante de 7,6 y una cantidad a percibir de 6500 euros. Si estos datos son ciertos, el producto de multiplicar 6.500 por 3.000 es 19,5, es decir, 6 millones de euros más que los 13,5 destinados por la Consejería para pagar estos complementos.

Me han cambiado las reglas del juego dos veces durante el partido y amenazan con volver a cambiarlas. Ahora me valoran "méritos" que antes no lo eran y que nunca sospeché que fueran a serlo, mientras que han dejado de valorarme "méritos" que antes me reconocían. Juegan con mi salario y desprecian mi trabajo. ... Para qué seguir. Como decía en un artículo reciente mi compañero de claustro Juan Manuel García Ramos: ya está bien.

Nota: tomado de Diario de Avisos