Durante años, he venido abordando la peligrosidad de ser sindicalista. Marginacion, discriminación, despidos, "listas negras", palizas, secuestros, torturas y asesinatos son las armas utilizadas por asociaciones patronales y gobiernos de demasiados países contra quienes pretenden organizar a los trabajadores para defenderse de la explotacion laboral y la marginacion social de que son objeto. En menor medida, también he abordado los riesgos de otra profesión, la de periodista, especialmente, los que se dedican a la investigación y quienes actúan como corresponsales en los conflictos más calientes del mundo.

Relatar o contar la verdad sobre lo que sucede realmente y defender los intereses de los trabajadores enfrenta a periodistas y sindicalistas a enemigos comunes, gobiernos y poderes económicos. No me refiero a los sindicalistas o jerarcas burocratizados, profesionalizados, siempre dispuestos a "comprender" las reivindicaciones empresariales y las "orientaciones" gubernamentales. Tampoco a los periodistas acomodados, "mimados" por el poder, atentos a suavizar las críticas y fáciles al elogio, ocultando todo lo que les pueda molestar.

Cientos de corresponsales arriesgan su vida, en países próximos o remotos, para poder ofrecer al mundo los abusos, las injusticias, el hambre, la represión y los asesinatos individuales o masivos, por conflictos territoriales, religiosos, étnicos, nacionalistas, tribales, terrorismo o de bastardos intereses económicos o mafiosos. Sin esos "chupatintas", "cazadores de imágenes" o "fisgones", muchos abusos, escándalos, violaciones de los derechos humanos y crímenes quedarían ocultos.

La defensa de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva o a un salario digno; exigir el derecho de huelga; resistirse al continuo aumento de las desigualdades y a la explotación infantil; protestar contra la violencia en el trabajo y la siniestralidad laboral; la explotación de la mano de obra migrante y de las mujeres en las zonas francas de exportación en su mayoría, exentas de cualquier derecho; luchar contra el despido libre y el aumento de la desprotección social, en una buena parte de países, conduce a muchos sindicalistas al despido, la prision, la tortura o la muerte. Según la OIT, 15.000 delegados sindicales han sido asesinados, en el mundo, en los últimos diez años. La mayoría, en América Latina, Asia y África.

El pasado mes de junio, la Confederacion Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) presentaba su último informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales en 134 países. El informe constata que la globalización ha venido acompañada por una ofensiva antisindical, empresarial y gubernamental. 129 sindicalistas asesinados son un escalofriante testimonio de los peligros que acechan a quienes intentan defender a los trabajadores. Se han incrementado las amenazas de muerte, los encarcelamientos, la intimidación física, las torturas y los despidos de quienes pretendían organizar sindicatos o ejercer el derecho de huelga.

Las empresas multinacionales siguen avasallando los derechos sindicales en las fábricas de confeccion de Asia y América Central. En Corea del Sur se llegaron a detener a 1.900 sindicalistas. Oriente Medio continúa siendo la región más represiva hacia los sindicatos. Arabia Saudí insiste en la prohibición de cualquier conato de organización sindical. En Birmania tres sindicalistas fueron condenados a muerte. China persiste en la represión de toda actividad sindical independiente. El despido masivo continúa siendo un arma empresarial de los países de Asia y del Pacífico. 353.000 despidos se produjeron por actividades sindicales. Colombia volvió a ostentar el triste récord de ser el país más peligroso para los sindicalistas: 90 fueron asesinados. En Venezuela, el Gobierno de Chávez sigue negándose a reconocer a la CTV, favoreciendo la creación de sindicatos afines en el sector público. Durante la huelga de los trabajadores del petróleo 19.000 trabajadores fueron despedidos. En Brasil, pese a Lula, los empresarios recurren a las "listas negras", donde se intercambian el listado de trabajadores que han presentado alguna queja a su empresa.

En el mundo industrializado, EE.UU., por ejemplo, continúa con sus duras prácticas antisindicales. En Canadá se han introducido nuevas restricciones a la negociación colectiva y al derecho de huelga. En Europa Oriental se han promulgado alarmantes medida antisindicales en la mayor parte de los países.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), que representa a más de 500.000 periodistas de más de 110 países, ha denunciado que, en 2004, los periodistas fallecidos como consecuencia de su profesión pueden haber sido más de 120. De ellos, 56 fueron asesinados, lo que convierte esta trágica cifra en la peor de los últimos diez años. Como de "un año de horror sin precedentes para el periodismo" fue catalogado por el secretario general de la FIP, Aidan White.

Según Reporteros sin Fronteras, más de un tercio de los habitantes del mundo vive en países donde no hay libertad de prensa, como Birmania, Cuba, China, Haití, Marruecos o Zimbabue. Los países más peligrosos para los periodistas son Irak, Filipinas, Israel, Palestina, Eritrea, Zimbabue, Colombia y Ucrania. Muchos de los asesinatos han sido cometidos en Irak, donde 67 periodistas han muerto desde el inicio de la invasión, en 2003. En Filipinas, desde 1985, han sido asesinados 61 periodistas. Doce, en 2004. Brasil y México, con cinco muertes cada uno, fueron los países más peligrosos de América Latina, para los periodistas.

128 periodistas permanecen en prisiones de diversos países. Cuba es la mayor cárcel del mundo para los periodistas: 29 se encuentran encarcelados, con condenas de entre 14 y 27 años, después de juicios sin garantías para los acusados. Le siguen China (27), Irán (15), Eritrea (14), Nepal (12) y Birmania (11).

Adain White lamentaba que "muchas de estas muertes no podían ser evitadas, pero los asesinatos premeditados, como en Filipinas, Irak y Gambia, deben ser investigados de manera exhaustiva y los asesinos llevados ante la Justicia".

Lamentablemente, no existe ni un solo dato práctico que pueda hacernos creer que la violencia contra periodistas y sindicalistas vaya a disminuir. Los derechos sindicales y la libertad de prensa continuarán siendo objeto de represalias, en demasiados países.