Por todo lo expresado, los afectados más directos están de enhorabuena por esta resolución judicial, sin embargo, el problema está lejos de haber sido solucionado. Esta sociedad continúa generando residuos y escombros a un ritmo descomunal y existe un peligro real de que se busquen otros destinos alternativos, sea en el Valle de Güímar o en otro lugar de la isla, para cubrir la falta de un lugar apropiado para depositarlos. Es decir, el problema se traslada de lugar.

El mensaje es claro. La solución a los problemas no está en prohibir sino en un cambio de actitud y mentalidad ciudadana. La creación de un marco legal adecuado, con herramientas que permitan unas instalaciones adecuadas en la isla, en las que -sin lugar a dudas- habrá que pagar sus costes. En otras palabras, "quien contamina paga", una frase extraordinariamente repetida pero insólitamente incumplida, al menos en este archipiélago, y esto debe cambiar, es necesario que cambie por nuestro propio bien. Desde este planteamiento asumimos y respetamos escrupulosamente el cierre del vertedero de Güímar pero también nos preocupan sus efectos secundarios. Debemos insistir en que las soluciones requieren un cambio sustancial de enfoque de los ciudadanos, de las propias administraciones públicas y de las empresas. La separación y reutilización de los residuos deben ser pautas básicas en nuestro proceder diario. Lo que no pueda ser reutilizado debe ser depositado en un lugar que cumpla todos los requisitos medioambientales y sanitarios, que no contamine el suelo ni los recursos hídricos, algo que sí ocurre en el caso de Güímar. El terreno debe estar alejado de posibles acuíferos o ser impermeabilizado con total seguridad para el Medio Ambiente.

Estas y otras cuestiones deben quedar resueltas en el marco del nuevo plan de Residuos de la isla de Tenerife, en elaboración en estos momentos y que pretendemos que eche a andar lo antes posible. Este marco legal requiere y necesita el esfuerzo y la colaboración de todos, hasta el último ciudadano de Tenerife, que permita que las leyes se homologuen y se adapten a la realidad económica, social y ambiental. De esta manera evitaríamos las numerosas contradicciones que desprestigian nuestro actual marco legal, valga como ejemplo que a una explotación agrícola con trabajadores se le exigen unas instalaciones con comedor, vestuario y baño, mientras nuestra propia administración pone numerosas dificultades para cualquier tipo de construcción incluso la de un cuarto de aperos necesario para las actividades agrarias. Es evidente que el marco legal vigente genera numerosas contradicciones y tensiones que los que tenemos responsabilidades políticas debemos ser capaces de resolver. En conclusión, prohibir sí pero con alternativas posibles, razonables y viables. De lo contrario, lo único que generamos es desprestigio de las leyes y la gestión pública y peligros para el Medio Ambiente.