ANEXO AL ARTÍCULO 1

ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS

Título preliminar

Disposiciones generales

Artículo 1.

Artículo 3.

2. Las aguas interinsulares se definen a partir del perímetro del Archipiélago, delimitado de acuerdo con el polígono de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas.

3. La Comunidad Autónoma de Canarias ejercerá sus competencias en el ámbito espacial del Archipiélago Canario, definido en el apartado 1 anterior, en el mar territorial y la zona económica exclusiva, en el lecho y subsuelo de estos espacios marítimos y en su espacio aéreo.

4. Las competencias estatales que, por su naturaleza, puedan ser ejercidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en el mar territorial y zona económica exclusiva, así como en el lecho marino y en el subsuelo de estos espacios marítimos, podrán ser transferidas o delegadas a ésta, a través de los procedimientos previstos constitucionalmente, dada su no incidencia en el ámbito de otras Comunidades Autónomas.

Artículo 4.

Artículo 5.

Artículo 6.

1. Los canarios, como ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución Española, en las normas constitucionales de la Unión Europea, en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos ratificados por el Reino de España y, en particular, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2. Los poderes públicos canarios están vinculados por estos derechos y libertades y velarán por su protección y respeto.

3. Sin perjuicio de las garantías constitucionales, toda persona podrá dirigirse al Diputado del Común para someterle los casos de vulneración de sus derechos por las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma.

Artículo 7.

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política:

a) La promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos de Canarias y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran.

b) La defensa de la identidad y de los valores e intereses del pueblo canario y el respeto a la diversidad cultural de Canarias, su patrimonio histórico y su acervo lingüístico.

c) El acceso de todos los ciudadanos canarios a los sistemas educativo, sanitario y de promoción de la salud y de protección social, adecuados y de calidad.

d) La solidaridad consagrada en el artículo 138 de la Constitución, velando por la efectividad de la atención particular a las circunstancias del hecho insular.

e) La promoción del acceso a las tecnologías de la sociedad de la información y del conocimiento.

f) La participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de Canarias.

g) La consecución de una administración de justicia sin dilaciones indebidas y próxima al ciudadano.

h) La promoción de las condiciones para la participación de la juventud en el desarrollo político, cultural y social de las islas.

i) La protección de la familia y de los menores garantizando los cuidados necesarios para su bienestar.

j) Velar por el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente.

k) La integración de colectivos desfavorecidos o en situación de pobreza y marginación.

l) La integración de los inmigrantes a través de la promoción de nuestros principios y valores en el orden político, cultural y lingüístico, social y laboral, y del respeto a sus propias costumbres y tradiciones, en el marco de lo establecido en la Constitución Española y en el presente Estatuto.

m) El reconocimiento y respeto al derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.

n) El acceso de los ciudadanos a una vivienda digna.

ñ) La utilización del territorio de acuerdo con los intereses generales de las generaciones actuales y futuras, evitando la especulación.

o) La protección efectiva de los consumidores y usuarios y de los beneficiarios de prestaciones y servicios públicos.

p) Una política económica y fiscal destinada a un crecimiento estable y, de forma prioritaria, a la consecución del pleno empleo y la redistribución equitativa de la renta entre los ciudadanos.

q) La protección efectiva de la libertad de empresa en una economía de mercado, asegurando la competencia libre y leal y estimulando la actividad empresarial, la productividad y la colaboración entre las empresas.

r) La diversificación de las actividades productivas en el archipiélago.

s) La defensa y protección de la naturaleza, el territorio, el medio ambiente y el paisaje.

Artículo 8.

Los poderes públicos canarios asumen, igualmente, como principios rectores de su política:

a) La obligación de garantizar, de manera real y efectiva, la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, con acciones y programas de intervención en todos los aspectos, económicos, jurídicos y sociales.

b) La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en materia de derechos sociales, como el empleo, la retribución salarial, la cultura, la educación, el deporte, la asistencia sanitaria y la vivienda.

c) La adopción de medidas específicas y temporales de acción positiva para eliminar todo tipo de desigualdades por razón de sexo.

d) La aplicación en el desarrollo de las medidas de acción positiva del respeto tanto a la diversidad como a las diferencias existentes entre mujeres y hombres.

e) La protección del derecho al trabajo de los hombres y mujeres con responsabilidades familiares promoviendo, con medidas específicas, la conciliación de la vida familiar y laboral.

f) La lucha contra la violencia de género.

Artículo 9.

Los canarios tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de protegerlo y mejorarlo para las generaciones presentes y futuras.

A tal efecto, los poderes públicos definirán y aplicarán políticas de ordenación y gestión para conseguir mejorar su calidad, con arreglo al principio de desarrollo sostenible, armonizándolas con la evolución social, económica, científica y tecnológica.

Artículo 10.

1. La Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de sus competencias, garantizará una política de no discriminación y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida política, social, educativa o económica.

 Artículo 11.

La Comunidad Autónoma de Canarias garantizará el derecho de todo ciudadano canario en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta garantizada de ciudadanía, en el marco de una política activa de inserción social y eliminación de la pobreza. Mediante una ley del Parlamento de Canarias se determinarán sus modalidades y prestaciones.

Artículo 12.

Los poderes públicos reconocerán a la actividad turística como elemento económico estratégico de la Comunidad Autónoma de Canarias. El fomento de la actividad y su ordenación se llevarán a cabo con el objetivo de lograr un modelo de desarrollo sostenible, especialmente respetuoso con el medio ambiente, el patrimonio cultural y el territorio.

Artículo 13.

Los poderes públicos canarios velarán por el fomento de la paz y la tolerancia, así como por la cooperación al desarrollo, por medio de programas y acuerdos preferentemente suscritos con los países vecinos geográficamente o cercanos culturalmente a Canarias y con organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas y privadas.

Artículo 14.

3. Canarias tendrá himno propio en los términos establecidos en una ley del Parlamento de Canarias.

4. La Comunidad Autónoma de Canarias celebrará su festividad institucional el día 30 de mayo.

Artículo 15.

Título I

De las instituciones de la Comunidad Autónoma

Artículo 16.

Su composición, sistema electoral, organización y régimen jurídico se regulará por las leyes estatales o de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Capítulo primero

4. Todos los partidos o coaliciones de partidos que concurren en la convocatoria electoral que hayan presentado candidatura a la circunscripción autonómica deberán presentar una candidatura, al menos, a una circunscripción insular.

5. No serán tomadas en cuenta las candidaturas que no superen el tres por ciento de los votos válidos emitidos en toda Canarias para la asignación de los escaños correspondientes a la circunscripción electoral autonómica, ni las candidaturas presentadas en cada circunscripción insular que no superen el quince por ciento de los votos válidos emitidos en cada circunscripción insular, a menos que dicha candidatura o el partido o coalición de que forme parte obtenga el tres por ciento de los votos válidos obtenidos en la circunscripción autonómica.

Artículo 18.

Artículo 19.

Artículo 21.

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno de Canarias y a los diputados, en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento.

2. Los Cabildos Insulares ejercerán la iniciativa legislativa en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento.

3. La iniciativa legislativa popular se regulará por ley del Parlamento.

1. Las leyes del Parlamento de Canarias serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente del Gobierno de Canarias, y publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad y en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

2. El control de la constitucionalidad de las leyes del Parlamento de Canarias corresponderá al Tribunal Constitucional.

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga al Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente que recibirá el nombre de decretos legislativos. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio, no pudiendo en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de las competencias propias del Tribunal Constitucional y de la Jurisdicción Ordinaria, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas de control.

Artículo 25.

2. Igualmente podrá ejercer esta potestad con carácter cautelar cuando habiendo enviado al Parlamento un Proyecto de Ley, su objeto pudiera verse gravemente obstaculizado por la aplicación de las normas vigentes o por el ejercicio de derechos derivados de éstas mientras se produce la tramitación parlamentaria de aquél. La vigencia de estos decretos-leyes de carácter cautelar quedará limitado al plazo de un año a contar desde su entrada en vigor y, en todo caso, a la fecha de entrada en vigor de la ley cuyo objeto se pretendía salvaguardar.

3. Dichas normas, que tendrán carácter provisional, adoptarán la forma de Decreto-Ley y no podrán afectar al régimen jurídico de las instituciones de la Comunidad Autónoma o de las entidades locales, a materia fiscal o presupuestaria, al derecho electoral o a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos sobre los que el Parlamento de Canarias pueda ostentar competencias legislativas o corresponderle su ejercicio.

Artículo 26.

2. Asimismo podrá dirigirse, en el cumplimiento de sus funciones, a toda clase de autoridades, organismos, funcionarios y entidades de cualquier administración pública, incluida la Administración del Estado, con sede en la Comunidad Autónoma.

Capítulo segundo

Artículo 27.

3. La planificación de la política económica de la Comunidad Autónoma y su coordinación con las políticas insulares, teniendo en cuenta las necesidades de cada isla.

Artículo 32.

1. El Gobierno cesará:

a) Tras la celebración de elecciones al Parlamento de Canarias.

b) Por la pérdida de la confianza parlamentaria.

c) Cuando cese el Presidente por dimisión; por notoria incapacidad permanente, física o mental, reconocida por el Parlamento por mayoría absoluta de sus miembros, que le inhabilite para el ejercicio del cargo; por condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargo público; o por pérdida de la condición de diputado del Parlamento de Canarias.

d) Al producirse el fallecimiento del Presidente.

2. La disolución no podrá decretarse:

a) Cuando se haya presentado una moción de censura.

b) Durante los seis primeros y seis últimos meses de la legislatura.

c) Antes de que transcurra un año desde la anterior disolución.

Artículo 35.

Capítulo Tercero

Canarias articula su organización territorial en municipios e islas, que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses y para el ejercicio de sus competencias, en el marco de lo que establece la Constitución y el presente Estatuto.

Sección Primera

Artículo 37.

El Parlamento de Canarias ejercerá sus competencias legislativas sobre el régimen jurídico, organización y funcionamiento de los Cabildos Insulares por medio de leyes que requerirán para su aprobación de mayoría absoluta.

3. El Estado y la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la distribución de competencias legislativas sobre los diferentes sectores de actuación pública, atribuirán a los Cabildos Insulares, como órganos de gobierno y administración de las islas, las competencias y funciones administrativas necesarias para la garantía y ejercicio de su autonomía.

Sección Segunda

1. Los municipios, como entidades locales básicas de Canarias, gozan de personalidad jurídica propia y de autonomía para el ejercicio de sus competencias. Su gobierno, representación y administración corresponden a los ayuntamientos.

2. Los municipios canarios se rigen por lo dispuesto en las legislaciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, dictadas en el ámbito de sus respectivas competencias.

3. Además de sus competencias propias, les corresponderá el ejercicio de las que les sean delegadas. Las delegaciones llevarán incorporadas los medios económicos, materiales y personales que correspondan.

4. Los municipios podrán agruparse, en los términos establecidos en una ley, para la gestión de sus competencias y la mejor prestación de servicios a sus ciudadanos.

Título II

De la Administración de Justicia

2. Las atribuciones del Consejo de Justicia de Canarias serán aquellas que se determinen en la Ley Orgánica del Poder Judicial relativas al gobierno de los juzgados y tribunales en Canarias que no impliquen el ejercicio de la función jurisdiccional, así como las que establezcan las leyes del Parlamento de Canarias incluidas dentro del ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Administración de Justicia y aquellas que sean delegadas por el propio Consejo General del Poder Judicial.

Podrá asumir atribuciones sobre nombramientos y ceses de los jueces y magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente con funciones de asistencia, apoyo y sustitución; instruir, proponer y, en su caso, resolver expedientes sancionadores por faltas leves y graves cometidas por jueces y magistrados de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial; participar en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, ordenar su inspección y vigilancia y realizar propuestas en este ámbito; informar sobre las propuestas de revisión, delimitación y modificación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y sobre las propuestas de creación de secciones y juzgados; y resolver sobre las autorizaciones, licencias y permisos de jueces y magistrados de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo General del Poder Judicial.

3. El Consejo de Justicia de Canarias deberá presentar una memoria anual al Parlamento de Canarias sobre el estado y funcionamiento de la Administración de justicia en Canarias.

A instancia del Gobierno de Canarias, el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes en Canarias de magistrados, jueces, secretarios judiciales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en los plazos por la misma establecidos.

La Comunidad Autónoma de Canarias impulsará el uso de medios extrajudiciales de solución de conflictos.

Título III

De las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias

Capítulo Primero

Artículo 48.

1. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá asumir, según proceda, las facultades legislativas y ejecutivas sobre aquellas materias no atribuidas a la competencia exclusiva del Estado en la Constitución.

2. En el ejercicio de las competencias de su titularidad, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, según proceda, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, incluida la inspección, entendiéndose en cualquier caso referidas al ámbito territorial definido en el artículo 3 del presente Estatuto.

3. El derecho propio de Canarias en materias de su competencia exclusiva se aplicará con preferencia al del Estado que tendrá, en defecto de aquél, carácter supletorio.

4. Cuando la competencia de la Comunidad Autónoma consista en el desarrollo o reglamentación de la legislación del Estado, las normas dictadas por aquélla serán de aplicación preferente a cualquier otra de igual naturaleza y rango.

5. En aquellas materias sobre las que la Comunidad Autónoma de Canarias asuma en exclusiva la potestad legislativa o la función ejecutiva, cualquier competencia residual sobre dichas materias u otras implícitamente conectadas con las mismas, no atribuidas expresamente por la Constitución al Estado, también corresponderá a Canarias.

6. Cuando la condición ultraperiférica derivada de la lejanía e insularidad de Canarias incida de manera determinante en alguna de las materias establecidas en el artículo 49, la normativa básica estatal deberá tener en cuenta tal circunstancia.

A) Materias institucionales y administrativas:

B) Materias económico-financieras.

C) Materias sociosanitarias.

D) Materias educativas y culturales.

E) Materias territoriales y medioambientales.

B) Materias sociales, sanitarias y educativas.

C) Materias medioambientales.

1. Museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal.

2. Gestión de las prestaciones sanitarias y sociales del sistema de la Seguridad Social y de los servicios del Instituto Nacional de la Salud, Instituto Nacional de Servicios Sociales e Instituto Social de la Marina.

3. Control fito y zoosanitario.

4. Productos farmacéuticos.

5. Legislación laboral e inspección de trabajo.

7. Participación en la gestión del sector público económico estatal, en los casos y actividades que procedan.

9. Salvamento marítimo.

10. Propiedad industrial e intelectual.

11. Ferias internacionales que se celebren en el Archipiélago.

12. Pesas y medidas. Contraste de metales.

Artículo 52.

1. La Comunidad Autónoma de Canarias asume competencias en materia de protección de personas y bienes y de seguridad pública en el marco de la Constitución y de las Leyes Orgánicas que la desarrollen.

2. Para el ejercicio de dichas competencias, mediante Ley del Parlamento de Canarias se podrá crear una policía propia y aprobar el estatuto profesional de sus miembros.

La Ley regulará, igualmente, las funciones del Gobierno de Canarias, que ostentará el mando superior de la Policía autonómica y la coordinación de las Policías locales.

3. Se constituirá una Junta de Seguridad, compuesta por un número igual de representantes del Gobierno estatal y del Gobierno de Canarias, con el objeto de coordinar la actuación de la Policía autonómica y la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 60.

1. Las normas reglamentarias y los actos y acuerdos emanados de los órganos ejecutivos y administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias serán recurribles en la vía contencioso-administrativa, sin perjuicio de los recursos administrativos y económico-administrativos que procedan y de lo establecido en el artículo 153.b), de la Constitución.

2. Las normas reglamentarias de la Comunidad Autónoma se publicarán, para su eficacia, en el Boletín Oficial de Canarias.

Artículo 62.

1. Toda la riqueza de Canarias, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.

2. Las Administraciones públicas canarias promoverán el desarrollo económico y social del Archipiélago, instarán al Estado y a la Unión Europea a adoptar las medidas económicas y sociales necesarias para aprovechar su carácter ultraperiférico y el hecho insular y favorecerán el equilibrio y la solidaridad entre las islas.

3. La Hacienda y el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias están vinculados al desarrollo y ejecución de sus competencias.

Capítulo Primero
Del Régimen Económico y Fiscal

Artículo 63.

1. Canarias tiene un régimen económico y fiscal especial, propio de su acervo histórico constitucionalmente reconocido y justificado por su hecho diferencial.

El régimen económico y fiscal de Canarias se basa en las franquicias fiscales estatales sobre el consumo, compatibles con una imposición propia y diferenciada destinada a financiar a la hacienda autonómica, insular y local; el principio de libertad comercial de importación y exportación; no aplicación de monopolios y franquicias parciales en la imposición directa.

2. El régimen económico y fiscal incorpora a su contenido los principios y normas aplicables que se deriven del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica en los tratados y normas constitucionales de la Unión Europea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características estructurales permanentes que dificultan su desarrollo, en particular en las políticas en materia aduanera, comercial, fiscal, agrícola y pesquera; igualmente la autorización de zonas francas y condiciones de abastecimiento de materias primas y bienes de consumo esenciales; la concesión de ayudas públicas y condiciones de acceso a los fondos con finalidad estructural y a los programas horizontales de la Unión.

3. De acuerdo con las bases económicas del régimen económico fiscal de Canarias establecidas en el apartado 1 de este artículo, se adoptarán medidas específicas en materia turística, energética, medioambiental, industrial, financiera, de transportes, de puertos y aeropuertos y de telecomunicaciones y, en particular, se mantendrá un diferencial fiscal favorable en Canarias respecto al resto de España y de la Unión Europea.

Artículo 64.

1. El régimen económico y fiscal de Canarias, de acuerdo con la disposición adicional tercera de la Constitución, únicamente podrá ser modificado previo informe favorable del Parlamento de Canarias que deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros. En caso de que el informe no sea aprobado por dicha mayoría, no se podrá proceder a su modificación.

2. El Parlamento de Canarias deberá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Artículo 65.

1. Para la realización efectiva del principio de solidaridad interterritorial, los proyectos de infraestructuras y las instalaciones de telecomunicación que permitan o faciliten la integración del territorio del Archipiélago o su conexión con el territorio peninsular, así como los de infraestructuras turísticas y energéticas o de actuaciones medioambientales de carácter estratégico para Canarias, tendrán la consideración de interés general, a los efectos de la participación del Estado en su financiación.

2. En virtud del principio de la solidaridad interterritorial, se constituirá un programa de inversiones públicas cuyo monto se distribuirá entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias de tal modo que las inversiones estatales para cada ejercicio presupuestario no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular.

Capítulo Segundo

Artículo 66.

Los recursos de la Hacienda Autonómica Canaria están constituidos por:

k) El producto obtenido por la emisión de deuda y el recurso al crédito.

l) Cualesquiera otras que puedan producirse en virtud de las leyes generales o territoriales o como consecuencia de la vinculación a áreas supranacionales.

Artículo 67.

Artículo 68.

Artículo 70.

Artículo 71.

Artículo 72.

Artículo 73.

1. La Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito y recurrir a la emisión de deuda, en los casos y con los requisitos que se establezcan en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

2. Los títulos de deuda pública emitidos tendrán la consideración de fondos públicos a todos los efectos.

3. En el supuesto de que el Estado emita deuda parcialmente destinada a la creación o mejora de servicios situados en el archipiélago canario y transferidos a la Comunidad Autónoma, ésta estará facultada para elaborar y presentar el programa de obras y servicios beneficiarios de la inversión.

2. A estos efectos, por Ley se fijarán los objetivos de ingresos, los máximos gastos y los límites de endeudamiento de las administraciones insulares y locales.

Artículo 76.

Artículo 77.

Artículo 78.

Artículo 79.

Artículo 80.

Artículo 81.

Artículo 82.

Artículo 83.

Capítulo Tercero

Artículo 84.

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está integrado por el conjunto de los bienes y derechos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.

2. El patrimonio de la Comunidad Autónoma, su administración, defensa y conservación serán regulados por una ley del Parlamento de Canarias.

Artículo 85.

El patrimonio insular está integrado por el conjunto de los bienes y derechos de cada isla y de los organismos públicos que se encuentren en relación de dependencia o vinculación con la misma, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.

Título V

De la acción exterior de Canarias y de sus relaciones de cooperación

Artículo 86.

1. El Gobierno de Canarias, dentro del ámbito de sus competencias y de la defensa del interés general que le está constitucionalmente atribuida, ejercerá su propia acción exterior, sin perjuicio de la función de representación y las competencias que corresponden al Estado.

2. El Gobierno de Canarias impulsará aquellas iniciativas destinadas a facilitar la cooperación en aquellos países o territorios donde existan comunidades de canarios o de descendientes de éstos, así como con los países vecinos y con las otras regiones ultraperiféricas en el marco de los programas de cooperación territorial europeos.

3. A tal efecto, y además de las previsiones contenidas en el presente Estatuto y en la legislación general del Estado y de las organizaciones internacionales, el Gobierno de Canarias, a través de sus Oficinas en el exterior, promoverá la proyección exterior de la Comunidad Autónoma.

Artículo 87.

1. La Comunidad Autónoma de Canarias participará en las instituciones de la Unión Europea, así como de los diferentes organismos internacionales, en los términos establecidos por la Constitución, el Estatuto de Autonomía, los Tratados y Convenios Internacionales, la legislación aplicable y los acuerdos suscritos entre el Estado y Canarias.

2. Esta participación se producirá en todo caso cuando se afecte a su condición de región ultraperiférica o se traten materias como cooperación transnacional y transfronteriza, políticas económico-fiscales, políticas de innovación, sociedad de la información, investigación y desarrollo tecnológico, cuando afecten singularmente los intereses del Archipiélago Canario.

3. El Gobierno de Canarias formará parte, en todo caso, de las delegaciones españolas ante la Unión Europea cuando se vea afectada su condición de región ultraperiférica.

Artículo 88.

1. La Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, aplica directamente el derecho europeo a Canarias y lo transpone.

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la gestión de los fondos europeos en materias de su competencia.

3. El Gobierno de Canarias informará periódicamente al Estado de las disposiciones y resoluciones adoptadas dentro de las previsiones de los dos apartados anteriores.

4. El Parlamento de Canarias debe ser consultado previamente a la emisión del dictamen de las Cortes Generales sobre las propuestas legislativas europeas, en el marco del procedimiento de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que establece el derecho comunitario, en cuanto afecten a sus competencias, al Régimen Económico y Fiscal o a su condición de ultraperiférica.

Artículo 89.

1. La Comunidad Autónoma de Canarias será informada durante el proceso de negociación y elaboración de los tratados y convenios internacionales y de las negociaciones de adhesión a los mismos en cuanto afecten a sus singularidades o a las condiciones para la aplicación de la normativa europea. Recibida la información, el Gobierno de Canarias manifestará su parecer, en su caso.

2. La Comunidad Autónoma de Canarias adoptará las medidas necesarias para la ejecución de los tratados y convenios internacionales, cuando éstas afecten a las materias atribuidas a su competencia.

3. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración de tratados o convenios internacionales en materias de interés para Canarias, y, en especial, los derivados de su situación geográfica como región ultraperiférica, así como los que se requieran como consecuencia de políticas de cooperación al derecho con países vecinos y los que permitan estrechar lazos culturales con aquellos países o territorios donde existan comunidades canarias o de descendientes de canarios.

4. La Comunidad Autónoma de Canarias estará presente en las organizaciones internacionales que admitan la presencia de las regiones de la Unión Europea y de entidades políticas no estatales.

Artículo 90.

1. De conformidad con los principios de lealtad institucional, de solidaridad, de defensa del interés general y de respeto a sus respectivas competencias, la Comunidad Autónoma de Canarias establecerá relaciones de colaboración con el Estado y las demás Comunidades Autónomas.

2. La Comunidad Autónoma de Canarias participará en todos los órganos del Estado, así como en sus organismos públicos e instituciones, en los términos establecidos legalmente, pudiendo acordar el establecimiento de todos aquellos instrumentos de colaboración que estimen convenientes y canalizando la misma a través de la Comisión Bilateral de Relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 91.

1. Para la gestión y prestación de servicios propios correspondientes a materias de su exclusiva competencia, la Comunidad Autónoma de Canarias podrá celebrar convenios con otras Comunidades Autónomas. Estos acuerdos deberán ser aprobados por el Parlamento de Canarias y comunicados a las Cortes Generales, y entrarán en vigor a los treinta días de esta comunicación, salvo que éstas acuerden, en dicho plazo, que, por su contenido, el convenio debe seguir el trámite previsto en el apartado 2 de este artículo, como acuerdo de cooperación.

2. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá establecer acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.

Título VI

De la reforma del Estatuto

Artículo 92.

1. La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento:

a) La iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno o al Parlamento de Canarias a propuesta de una quinta parte de sus diputados.

b) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Canarias por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores.

c) Aprobada la propuesta de reforma por el Parlamento de Canarias, se remitirá al Congreso de los Diputados. Una vez tomada en consideración por el Pleno del Congreso, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, en el seno de la cual se nombrará una ponencia paritaria entre el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Canarias para intentar alcanzar un acuerdo sobre el texto.

d) Llegado a un acuerdo común sobre el texto, se remitirá al pleno de la Comisión para su votación y si ésta es favorable, el texto aprobado se remitirá al Pleno del Congreso para su aprobación.

e) La tramitación de la propuesta de reforma en el Senado debe seguir un procedimiento análogo al de los apartados c) y e) en cuanto a la formulación de un acuerdo común sobre el texto por parte de una ponencia del Senado y una delegación del Parlamento de Canarias.

3. Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento de Canarias o por las Cortes Generales, o no es confirmada mediante referéndum por el cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del Parlamento hasta que haya transcurrido un año.

4. La aprobación de la reforma por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica incluirá la autorización del Estado para que la Comunidad Autónoma convoque el referéndum a que se refiere el párrafo b) del apartado 1 de este artículo.

Artículo 93.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la reforma afectare sólo al Capítulo II del Título Primero del Estatuto, se podrá proceder de la siguiente manera:

a) Aprobación del proyecto de reforma por el Parlamento de Canarias por mayoría de tres quintas partes de sus miembros.

b) Consulta a las Cortes Generales.

c) Si en el plazo de treinta días, a partir de la recepción de la consulta prevista en el apartado precedente, las Cortes Generales no se declarasen afectadas por la reforma, se ratificará la misma mediante Ley Orgánica.

d) Si en plazo señalado en la letra c) las Cortes se declarasen afectadas por la reforma, ésta habrá de seguir el procedimiento previsto en el artículo anterior, dándose por cumplidos los trámites del apartado a) del número 1 del mencionado artículo.

Disposiciones adicionales

2. La Agencia Tributaria de Canarias se establecerá por ley del Parlamento de Canarias que determinará su organización y funcionamiento.

3. Entre la Agencia Tributaria Estatal y la Agencia Tributaria Canaria, se podrá constituir un consorcio interadministrativo, de conformidad con la ley, para la gestión coordinada de las competencias correspondientes a ambas agencias.

4. La gestión tributaria consorcial, a que se refiere el párrafo anterior, no implicará en ningún caso reajustes entre el Estado y la Comunidad Autónoma de los importes recaudados por los tributos preexistentes.

5. La Agencia Tributaria Canaria podrá realizar la gestión de tributos de ámbito local, a través de un convenio con la entidad local correspondiente.

No se producirá ninguna minoración de la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los ingresos del Estado, como consecuencia de la supresión por ley de un impuesto estatal que fuera aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Cuarta.

Quinta.

1. La Comisión Mixta de Transferencias, compuesta paritariamente por la Administración de la Comunidad Autónoma y la Administración del Estado, e integrada en la Comisión Bilateral de Cooperación a que se refiere el artículo 54 del presente Estatuto, tiene por finalidad transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias las funciones y atribuciones que le corresponden con arreglo al presente Estatuto. Los miembros de la Comisión Mixta representantes de Canarias, darán cuenta periódicamente de su gestión ante el Parlamento canario.

2. Las transferencias de servicios a la Comunidad Autónoma canaria tendrán por objeto bloques materiales y orgánicos completos y deberán prever los medios personales, financieros y materiales necesarios para su normal funcionamiento, teniendo en cuenta que en la asignación de medios el coeficiente de aplicación por habitante no podrá ser para Canarias inferior a la media del Estado, teniendo presente, en todo caso, el costo de la insularidad.

Sexta.

1. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá solicitar en cualquier momento al Estado la transferencia o delegación de competencias que, aún no asumidas en el presente Estatuto, no estén atribuidas expresamente al Estado por la Constitución, y de aquellas otras que, atribuidas expresamente al Estado, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación.

2. Cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de la competencia de las Comunidades Autónomas, será de aplicación en Canarias, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias.

3. La Comunidad Autónoma de Canarias velará porque el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las otras Comunidades Autónomas, en todo aquello que especialmente sea de interés para Canarias.

4. Cualquier ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a Canarias con anterioridad, obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización.

Disposición Transitoria