La Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha acordado trasladar a la Unión Europea, al gobierno de España y a la ciudadanía tinerfeña el siguiente comunicado:

El puerto de Santa Cruz, el 5º más importante de España, es totalmente viable y suficiente para atender todas las necesidades portuarias de la isla de Tenerife por muchos años.

El puerto de Santa Cruz es ampliable y existen para él proyectos que, en caso de ejecutarse, le convertirían, sin ningún tipo de dudas, en uno de los más importantes de este lado del Océano Atlántico, pudiendo admitir todos los tráficos marítimos que se consideren necesarios y convenientes.

El puerto de Santa Cruz ya ha destrozado más de 10 kilómetros de litoral y afectado negativamente, por la pérdida de calidad de las aguas que genera cualquier puerto comercial/industrial, a muchos kilómetros de litoral y fondos ubicados al suroeste del puerto, por lo que consideramos un disparate de grandes dimensiones ejecutar el proyecto de Granadilla y acabar con el mayor y mejor conservado ecosistema de Tenerife, con dos lugares de interés comunitario y con las mejores playas naturales de la Isla.

Rechazamos, por rotundamente falsas, las declaraciones vertidas por el portavoz del gobierno de Canarias Miguel Becerra, relativas al "interés público" y a "no existe alternativa viable" en referencia al proyecto de Granadilla, así como las del alcalde de ese municipio Jaime González y las del presidente de la autoridad portuaria Luís Suárez. Entre todos ellos pretenden acabar con el emblemático puerto de Santa Cruz y ¡no lo vamos a tolerar!

Animamos a todas las fuerzas políticas y sociales de Tenerife a luchar ¡desde ya!, dejando a un lado el ilegal proyecto de Granadilla, por el engrandecimiento del, repetimos, viable y suficiente puerto de Santa Cruz. El gobierno de Canarias debe solicitar para ello los fondos de cohesión necesarios para el periodo 2007-2013, algo que tendrían que haber hecho en el periodo que ahora finaliza, y no empeñarse en hacerlo de nuevo para el proyecto de Granadilla, pues su ilegalidad y la existencia de alternativas finalmente lo dejarán sin efecto.

El gobierno de Canarias es el único responsable de la pérdida de los fondos europeos y no los ecologistas como tratan de hacer ver, y lo será aún más si persiste en su actitud de vulnerar la legislación europea.