Esta nueva reforma introducía modificaciones en el sistema de trabajo portuario que fueron rechazadas tanto por las empresas como los trabajadores de la estiba. Tras una serie de duras negociaciones, pudo llegarse a un acuerdo en el que de nuevo los estibadores dieron buenas pruebas de su talante conciliador.

La mayoría de las empresas como los trabajadores de la estiba coinciden en afirmar que el sistema portuario actual ha mejorado la productividad y conviene a la economía del país, más allá de los intereses particulares, y no puede ser alterado para beneficiar a un reducido sector empresarial, como se intenta repetidamente por ambos partidos mayoritarios cuando se suceden en el gobierno.

Pero en el texto presentado por Puertos del Estado para la reforma de la ley, se incluye una condición expresamente rechazada por empresas y trabajadores de la estiba, que es la que se refiere a "terminales conectadas por carretera". Una condición cuya extensa ambigüedad abre a cualquier terminal la posibilidad de acogerse a ella, convirtiendo en norma general lo que debe ser una excepción muy aislada.

Es decir, donde se había acordado una serie de condiciones para las terminales dedicadas que suponían restricciones específicas, se comprueba que en el anteproyecto tales esas condiciones no son las mismas y que ya no son tan restrictivas como se había aceptado por todas las partes.

La Coordinadora ha solicitado la inmediata supresión de la condición no pactada y, en todo caso, se reserva el derecho a dar por nulos los acuerdos a que se llegó en su día y a reclamar la inmediata aplicación de la Ley de Puertos actualmente en vigor.