Rajoy quiere explicaciones

 

Justo Fernández Rodríguez

 

En el verano de 2001, en Mallorca, Aznar, manifestaba: Lo voy a decir claramente, somos incompatibles con la corrupción. Le contesté en Diario de Avisos y ’La Razón’: Tengo relacionados y clasificados, por temas y autonomías, 982 casos de escándalo, corrupción, irregularidades, enriquecimiento ilícito, despilfarro de dinero público, tráfico de influencias, cobro de comisiones, acoso sexual, fraude, prevaricación o cohecho, que afectan a dirigentes, concejales, alcaldes, diputados, senadores o ministros del PP.


Las promesas de regeneración se han revelado como una simple argucia para alcanzar el poder. La mayoría absoluta del PP, con la complicidad del nacionalismo catalán y canario, ha sepultado cualquier intento de llegar al fondo de los casos de corrupción que han afectado al Gobierno de Aznar. El fiscal general del Estado ha sido utilizado como ariete contra cualquier intento de los jueces de investigar, interrogar o imputar a altos cargos o ministros, cuya responsabilidad en contados casos de corrupción así lo aconsejaba.


Durante los ochos años de gobiernos aznaristas, la corrupción se generalizó. La especulación urbanística, después de la nefasta Ley del Suelo del PP, que consideraba urbanizable todo el suelo rústico, excepto el especialmente protegido, extendió la corrupción a diputaciones y ayuntamientos, especialmente los gobernados por los populares, con la pasividad de la Fiscalía General del Estado, la desactivación de los ’equipos de investigación’ del periódico ’El Mundo’, tan activos en la época de gobiernos socialista, y el silencio de los medios de comunicación afines a intereses, religiosos o económicos, concretos.


Hace unos días, en un mitin en Santiago de Compostela, después que ’El Mundo’ implicara a José Blanco en un presunto escándalo de cobro de comisiones en Ibiza, denunciado por un resentido ex secretario general del PSOE ibicenco, Rajoy señalaba que la corrupción ha vuelto a los periódicos con un Gobierno socialista. Poco le importó que, entre los asistentes, estuvieran los alcaldes de Pontevedra y Orense, del PP, salpicados por escándalos urbanísticos. Después de insistir en que la palabra ’corrupción’ había desaparecido de las preocupaciones de los españoles desde 1996, anunció que exigiría explicaciones a Zapatero en el Congreso.


Se olvidaba Rajoy que, durante los gobiernos del PP, la corrupción no dejó de ser noticia en los medios de comunicación, aunque algunos la silenciaran o le pusieran sordina a su importancia. Podríamos recordar, entre otros muchos, algunos casos famosos: Gescartera, Matas-Formentera, Primas Únicas, Ercros, Aycart, Alierta, Lino, Mañueco, Funeraria, Cartagena, Gesuosa, Imefe, Ponferrada, Melilla, Aranjuez o Créditos HSBC.


Pese a que José Blanco ha reaccionado con rapidez, emprendiendo acciones judiciales contra el sospechoso acusador que se grababa a sí mismo, tiene toda la razón Rajoy, al pedir explicaciones. Pero, tendría mucha más razón si predicara con el ejemplo, aunque el Congreso quedara atascado y no pudiera tener otra actividad que investigar los más de 1.400 casos en que cargos públicos del PP son protagonistas de escándalos, irregularidades o corrupción.


La pérdida del poder, en marzo de 2004, ha tenido graves consecuencias para la imagen que pretende vendernos Rajoy. El nombramiento de fiscales anticorrupción, con más medios, realizado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, ha generado un aluvión de denuncias de casos de corrupción, en su gran mayoría protagonizados por militantes o cargos públicos del Partido Popular que, en una buena parte, Rajoy debería intentar explicar en el Congreso. Y ni lo ha hecho, ni parece tener la menor intención de hacerlo. Por ejemplo, podía explicar en el Congreso las adjudicaciones bajo sospecha del vicepresidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González, que concedió a un socio de su hermano la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid, o las causas por las que la Fiscalía Anticorrupción de Murcia investiga a todo el Gobierno autónomo, por prevaricación y malversación de fondos públicos.


El limitado espacio del artículo no me permite más que una simple relación de capitales y pueblos gobernados por el Partido Popular donde se han producido cientos de casos de corrupción. Andalucía: Jaén, Málaga, Nerja, Cádiz, La Línea de la Concepción, Zona Franca de Cádiz, Rota, Punta Umbría, Ogijares, Almuñécar, Torremolinos, Alhendín, Espartinas, Gibraleón, Úbeda y Lanjarón. Asturias: Ribadesella. Baleares: Andratx, Ibiza, Sant Joseph, Montport, Ses Salines, Santa Margalida y Ciudadela. Castilla la Mancha: Yébes y Seseña. Castilla León: Salamanca, Navas del Marqués, Villanueva de Gómez, Cebreros, Arroyo de la Enconmienda, Ponferrada y Arlanzón. Galicia: Tui, Gondomar, Nigran, Pontevedra, Orense y Área Metropolitana de La Coruña. La Rioja: Logroño, Santurde, Manjares y Lardero. Madrid: Tres Cantos, Villanueva de la Cañada, Madrid, Pozuelo de Alarcón, Valdemoro, El Molar, Majadahonda, Colmenar de Oreja, Pelayos de la Presa, Las Rozas, Brunete, Navalcarnero,Villanueva de la Cañada, Quijorna, Arroyomolinos, Torrelodones, Galapagar, Chinchón, Brunete, San Lorenzo de El Escorial, Los Molinos y Moralzarzal. Murcia: Cartagena, Murcia, Águilas, Cieza, San Javier, Mula, Mazarrón y Torrepacheco. Valencia: Castellón, Cullera, Oropesa, Altea, Orihuela, Villajoyosa, Riba-Roja, Beniatjar, Alicante, Benidorm, Alcoy, Torrevieja y Burriana.


De cualquier forma, sólo con los casos de corrupción que han aflorado en el PP de Canarias tendría Rajoy para unas cuantas jornadas de explicaciones en el Congreso. Después del escándalo producido en el Parlamento canario, donde los dirigentes del PP y de Coalición Canaria llegaron a un acuerdo, bochornoso y vergonzante, para liquidar las comisiones de investigación que intentaban aclarar lo sucedido con la ’trama eólica’, organizada desde la Consejería de Industria -a cuyo frente estaba Luis Soria, hermano del presidente del PP de Canarias, a su vez presidente del Cabildo grancanario-, que pretendía beneficiar a unos empresarios cercanos al PP; y con el denominado ’caso Amorós’, con grave perjuicio económico, 1,2 millones de euros, para las arcas del Gobierno canario, con responsabilidades, según el PP, del propio presidente de la Comunidad, Adán Martín.


Mariano Rajoy, que ha viajado varias veces a Canarias en los últimos meses con fines electorales, podía acudir al Congreso a explicar por qué el máximo dirigente del PP en Canarias mintió en su comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria sobre la ’trama eólica’? ¿Por qué María Antonia Torres, del PP, concejal de Obras del Ayuntamiento de Telde, pudo ’llevarse’ 660.000 euros en comisiones? ¿Dónde está el dinero que, según Francisco Gordillo, asesor de la edil, recibieron el ex alcalde, del PP, Francisco Valido, candidato actual a la alcaldía, y el ex concejal de Hacienda, Carmelo Oliva? ¿Por qué siguen imputados, en Telde, 10 militantes del PP, por cobro de comisiones ilegales, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales? ¿Por qué se utilizó dinero de fondos europeos para reformar la sede del PP de Telde?


Podría informar sobre la situación del alcalde de Mogán, del PP, y otras cuatro personas, imputadas por prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio y del medio ambiente, malversación de caudales públicos, delito electoral, descubrimiento y revelación de secretos, denunciados por dos concejalas del mismo Partido Popular? Cuando acabe tengo más.