En marzo pasado, el Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo 39/2002, anulando el RD 1462/2001 por defecto de forma, al carecer las perforaciones de valuación de impacto ambiental. Sin embargo, el Secretario general de energía, Antonio Fernández Segura, anunció el pasado día 15 que el defecto se había subsanado.

Ante esta situación, desde la Ejecutiva Nacional de APC expresamos nuestro más enérgico rechazo a las prospecciones por las siguientes razones:

1.- La previsible concesión de nuevos permisos atentan contra la legalidad internacional, ya que según la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar en su parte IV y anexo III, la zona prevista para las perforaciones se sitúa bajo la Zona Económica Exclusiva de Marruecos al no estar delimitadas las aguas canarias y ser Canarias un archipiélago de estado y no un estado archipielágico como sería deseable

2.- En el área en la que el gobierno del PSOE va a volver a conceder permisos de prospección petrolífera a REPSOL-YPF, se encuentran más de una decena de Espacios Naturales Protegidos, incluidos algunos de ellos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Ente ellos podemos destacar el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, de Lobos y de Jandía. Además, es necesario recordar que Lanzarote es Reserva de la Biosfera desde el año 1993.

Asimismo, la rica biodiversidad marina y los recursos del Banco pesquero canario-sahariano estarían amenazados.

3.- Lanzarote y Fuerteventura son visitadas por 3.750.000 turistas al año, dando empleo a más de 130.000 personas. Además, el sector turístico en esas islas, que supone algo más del 80% de sus PIB, se vería gravemente afectado con la posible instalación de plataformas petrolíferas en 2007. En este sentido, la Federación Internacional de Tour Operadores se ha posicionado absolutamente en contra del proyecto de REPSOL, habiendo requerido al Ministerio de Economía su paralización y advirtiendo de las graves consecuencias para la industria turística del archipiélago.

Por todo ello, APC convoca a todo el pueblo canario a movilizarse en contra este proyecto, denunciando a PSOE y PP como los responsables del mismo y a CC por su posición de ambigüedad y complicidad. Además, la formación nacionalista de izquierdas anuncia que acudirá a la vía judicial contencioso-administrativa para recurrir el Real Decreto en el caso de que se produzca nuevamente la concesión de la licencia. Por último, hechos como éste ponen bien a las claras la nula soberanía que posee el Archipiélago, cuyo trámite es exclusivo de Madrid, convirtiendo al Gobierno canario en mero espectador.