El cambio de era en el que estamos inmersos viene determinado por la informacionalización, la digitalización y la globalización. No se trata únicamente de una revolución tecnológica, basada en la permanente innovación, sino que es también de carácter económico y cultural, ya que lo modifica todo: el sistema de trabajo, las dinámicas económicas, la socialización de la cultura, las relaciones personales, los hábitos colectivos... La globalización afecta las telecomunicaciones, los intercambios culturales, las operaciones económicas y financieras, los movimientos sociales, la acción política, las ideologías.

Este cambio de civilización va mundializándose, progresivamente, y afecta ya a los procesos de construcción, asignación y reproducción de identidad. Tradicionalmente, la desigualdad y la opresión tenían su origen en factores de carácter económico, como la propiedad o el capital, o bien político, como el estado, el poder y el uso de la fuerza. En nuestros días, sin embargo, dominación e injusticia deben vincularse, también, a la distinta capacidad de individuos y colectivos para acceder a la formación avanzada, la información de calidad y el conocimiento especializado, según el género de cada uno, la edad que se tenga, la clase social a que se pertenezca o el territorio en donde se resida. Esta nueva dominación se sobrepone a la antigua, cabalga sobre ella y sus referentes (ejércitos, batallas, dictaduras), aunque se amplia y refuerza con una enorme capacidad de incidencia sobre las fuentes de materiales a través de las cuales los grupos construyen su propia conciencia como sujetos históricos y también sus identidades.

A lo largo de la historia más cercana, el poder se ha basado en su tradicional fuerza militar, política, económica y mediática. Pero en la actualidad, cuenta con un instrumento de una gran eficacia pública e influencia social como los modernos sistemas y complejos grupos de comunicación, telecomunicaciones, medios e industrias culturales, en tanto que poder de acceso, emisión y difusión, poder de presencia y ocupación del espacio público, poder de imposición de agendas temáticas y centros de interés y debate, lenguajes, géneros, formatos, símbolos, valores, ritmos y horarios, poder de creación y de innovación.

Es ese poder el que permite establecer un orden jerárquico de lo que deba ser percibido como relevante o marginal, positivo o negativo, trascendental o banal. Los medios de comunicación y las industrias de la cultura han sido claramente utilizados, pues, para las políticas de la identidad, con la consiguiente instrumentalización de la ficción con finalidades de construcción y propaganda de universos simbólicos.

El avance de la mundialización, también en les industrias de la comunicación y la cultura, con la consiguiente concentración empresarial en grandes conglomerados supranacionales, la diversificación de la oferta determinada desde pocos centros, la unificación de mercados de gran consumo o su fragmentación en segmentos especiales, afecta a la identidad y conlleva la parcial uniformización de porciones de ella, de forma simultánea a la expansión de la diversidad cultural, asociada ésta a menudo a escenarios de injusticia y desigualdad.

La gran movilidad de la población contemporánea constituye un factor de difusión de la diversidad cultural y no sólo los movimientos demográficos a causa de la inmigración clásica. Están también otros "nuevos inmigrantes" económicos o profesionales, como es el caso de profesionales calificados (científicos, médicos, técnicos, ejecutivos y deportistas), incluso estudiantes, sin olvidar el peso del turismo regular, la elección de su última residencia por parte de jubilados o bien los exiliados o refugiados políticos, establecidos todos ellos, con voluntad de permanencia o sólo temporalmente, en un paisaje cultural distinto al propio.

Hasta ahora, las identidades tradicionales se basaban en las experiencias del universo de proximidad, acumuladas a lo largo del tiempo. En la actualidad, van desarrollándose estratos identitarios compartidos, elaborados en las grandes factorías de la ficción y del imaginario simbólico, que desbordan las fronteras culturales convencionales y adoptan un formato de transversalidad.

El estado-nación ha tenido que ceder una parte de su función monopolizadora de la producción simbólica y de asignación de identidad a la industria-red de la información y la comunicación, una industria moderna capaz de producir nuevas generaciones de referentes y valores, auténticos iconos ya para los nuevos públicos jóvenes globalizados. Es así como, desde la distribución de la información y el conocimiento, se dispensan señales de reconocimiento e identificación, de adscripción grupal y simbólica, delimitando espacios emblemáticos y campos de sentido que crean identidad.

La historia de Europa es rica en ejemplos que ilustran como la fragmentación y dialectalización de las culturas es una tendencia evidente, tras la pérdida del propio estado o la dimisión de los sectores dirigentes. Esta tendencia se asocia, a movimientos de población y a procesos de desplazamiento, asimilación y sustitución de lenguas y culturas en retroceso por otras en ascenso, así como la función clave que desempeñan la imprenta, la prensa, el sistema educativo, la administración, el cine, la radio y la televisión. La obsesión por hacer coincidir, milimétricamente, las fronteras del estado y el alcance de la administración con el mercado y el sistema de comunicación y cultura es fundamental en el desarrollo del estado nación.

El proceso mundializador supone la expansión planetaria de algunos antiguos ecosistemas imperiales, por llamarlo de algún modo, en particular del norteamericano, que se sobreponen a los locales. Aumenta, claro está, la intervención sobre colectivos y sociedades subordinadas, en lo relativo a los mecanismos de generación y difusión de identidad. Pero, a la vez, se incrementa también la posibilidad de acceder a información, desde cualquier lugar, aunque en condiciones no siempre óptimas.

No podemos, sin embargo, mostrar alarma tan sólo ante el peligro de homogeneización y disolución de identidades locales tradicionales ya que éstas no son un fósil o una pieza de museo con un perfil inmutable a lo largo del tiempo. Las identidades son dinámicas y cambiantes y es imposible que mantengan su propio ritmo de reproducción y regeneración, de forma permanente, al margen de la dinámica histórica de cada época. El aislamiento o la oposición a la globalización de la información y la cultura puede convertirse en una forma de autoexclusión, desde la cual será mucho más difícil plantear medidas correctoras, con el objetivo de pasar de la mera denuncia a la transformación efectiva de las condiciones reales de creación y actualización de los patrimonios culturales e identitarios. Y hacerlo, además, leyendo e interpretando los mensajes desde la propia mirada, la propia perspectiva, la propia tradición.

Hoy se ha generalizado la posibilidad de acceso a identidades distintas a la de uno mismo, con lo cual es posible proceder a una jerarquización de las mismas, a menudo a partir de parámetros como el prestigio, la modernidad o el poder, los cuales adquieren mayor notoriedad al ir asociados a personajes de éxito del universo más elemental de referencias socioculturales: la cultura, el espectáculo o el deporte. El poder de estos referentes puede, en ocasiones, llegar a superar ciertas determinaciones históricas, siempre presentes como fuente de identidad: la clase social, la etnia, la religión...

Lo cierto es que el riesgo evidente de desarraigo se contrapone a una clara disponibilidad de opciones identitarias más variadas. En este contexto, será menor el peso de lo territorial, lo próximo, así como de los materiales vinculados a la tradición heredada en el seno de grupos históricos estables. El desplazamiento de las formas de identidad personal hacia una flexibilidad, movilidad y complejidad mayores, se verá reforzado por los procesos de hibridación social que han acompañado la emergencia de la interculturalidad. La hibridación conlleva potencialidad liberadora, pero también el peligro de disolución de lo sistemas de comunicación económicamente más pobres, demográficamente más reducidos, históricamente más castigados y políticamente más minorizados. La desigualdad evidente de las condiciones de partida nos evita caer en ingenuas generalizaciones taumatúrgicas de la multiculturalidad iniscriminada, aparentemente abiertas, cosmoplitas y modernas.

Llegados a este punto, puede quizás entreverse la bifurcación que se produce entre las nociones de ciudadanía y de identidad. La primera se concibe como marco de atributos políticos iguales, compartidos por personas y colectivos de identidades complejas no necesariamente coincidentes. La ciudadanía nos remite a la organización social y política, administrativa y legal, de la convivencia, y afecta a los derechos y deberes. En cambio, la identidad se asocia y organiza a través de la cultura cotidiana y el patrimonio simbólico compartido. Se basa en un proyección del propio "yo" que se identifica voluntariamente con un "nosotros", con el grupo con el cual se siente afín. Y esta cultura compartida ya no depende, de forma tan exclusiva, del marco de ciudadanía, sino de la libre voluntad de elección de referentes simbólicos, con los cuales establecer complicidad, y de determinados consumos culturales.

La vieja utopía del nacimiento de una nueva humanidad, dotada de nuevos valores, con un cambio en la configuración del sentido de la vida y el surgimiento de una identidad con fragmentos universalmente compartidos, ha vuelto a aparecer. Esta hipótesis de ecos libertarios y humanistas, de una mundialización sostenible, orientada democráticamente, protectora de la diversidad cultural y lingüística, basada en la fraternidad universal, en la justicia, la libertad y la igualdad, en la conservación de la biodiversidad del planeta, en un mundo comprometido con la paz, con el diálogo como instrumento, va abriéndose camino también ante nuevas expectativas de longevidad, avances científicos y médicos, una nueva organización del trabajo y el tiempo personal y, en general, una concepción de la sociedad y su regulación menos determinada por el imperio de las necesidades y más propensa a la formulación de valores.

Pero, en general, el modelo de globalización mayoritario, al servicio del capital financiero y de la perpetuación de la dependencia y la desigualdad, provoca más bien resistencias populares que se aferran a sus tradiciones identitarias de origen y al patrimonio cultural emanado de sus experiencias históricas particulares. Ante la amenaza de exclusión o disolución, la función ejercida por factores como el género, la etnia, la familia, la religión, los mitos, los mártires, etc., crea o recupera vínculos sólidos y defensivos de naturaleza identitaria que, en ocasiones, pueden adoptar discursos argumentales y propuestas de carácter fundamentalista.

En estas condiciones, la búsqueda de elementos que proporcionen identidad resulta crucial. En particular la búsqueda de elementos presentes en tradiciones reales de carácter nacional-popular que puedan ser electivos y compartibles con otros. Ya que la identidad se construye a partir de la diferencia, será positivo apostar por criterios de adopción o asignación de identidad que no vengan predeterminados o condicionados por factores de orden natural. A diferencia de lo que sucede con el género, la raza o incluso la religión, por ejemplo, la lengua puede ser elegida y es fácilmente compartible con otros hablantes, porque un idioma puede aprenderse. Así de sencillo... De esta manera, la adopción del idioma como vía de adscripción a un grupo o a una comunidad se presenta como una forma voluntaria, abierta, no excluyente, de libre incorporación, formato totalmente alejado de una concepción racial, étnica, religiosa o esencialista de la nacionalidad.

Cuando se trata de lenguas y de patrimonios lingüístico-culturales de dimensión reducida, pero con un ecosistema de base con estructura suficiente para asegurar una normal reproducción y proyección, su capacidad para proporcionar identidad distintiva y establecer una vinculación estrecha con el grupo, hasta el punto de verse parte de él y ser identificado con él, es muy considerable. Para expresarlo en términos más comprensibles, un ecuatoriano afincado en Madrid, será siempre un immigrante. Un ecuatoriano establecido en Cataluña, por los mismos motivos de éxodo económico, pero que hable catalán, será visto como un catalán más, identificado como "uno de los nuestros"...

En cambio, la función preferente de grandes vehículos de comunicación de los idiomas mayoritarios, hablados por centenares de millones de personas, conlleva la disminución de su capacidad de generar identidad por si mismos. El concepto de lo distintivo se desplaza hacia el modismo, el acento, el uso particular. En cierta manera, pues, se podría afirmar que, en el futuro, cuando todo el mundo sepa inglés, español o árabe, saber hablar, además, danés, esloveno o catalán, adquirirá una dimensión significativa, identitaria, de gran genuinidad, que, en modo alguno, revestirá el conocimiento de otros vehículos idiomáticos de circulación universal.

Para las comunidades de raíz nacional-popular que han podido mantener en activo su patrimonio lingüístico-cultural, en condiciones de perdurabilidad, la lengua se constituye en un nuevo territorio posible de encuentro en el orden real y en el virtual. Y, a la vez, en el más poderoso, abierto y democrático instrumento de vertebración identitaria, de cohesión de grupo y de incorporación voluntaria de ciudadanos, a la búsqueda de formas complejas, profundas y expertas de designar al mundo y de establecer mecanismos no jerárquicos de distinción.

La diversidad nacional y cultural, en la sociedad mundial post-industrial, ha aparecido con fuerza en el paisaje de la cotidianidad, en nuestros días, gracias a una serie de fenómenos casi simultáneos: la aparición de nacionalismos étnicos en el este europeo, tras el estallido político de la URSS; las tensiones entre autóctonos e inmigrantes en países occidentales receptores destacados de nueva población; la reclamación del derecho de autodeterminación y el incremento de posiciones soberanistas en el seno de varias democracias occidentales y el resurgimiento de reivindicaciones históricas por parte de pueblos indígenas. Existe, pues, un auténtico debate mundial sobre la diversidad, aunque es evidente que no existen ni realidades idénticas, ni pueden ser válidas siempre las mismas soluciones para casos distintos.

Ya hemos insinuado, anteriormente, la imposibilidad de equiparar todas las formas posibles de diversidad, puesto que mientras es perfectamente compatible el conocimiento de más de un idioma, no lo es la simultaneidad de opciones religiosas en una misma persona o bien la posibilidad de escoger o modificar la adscripción a un grupo racial determinado. Hay que agradecer a Will Kymlicka la distinción tan clarificadora entre grupos nacionalmente diferenciados y grupos culturales procedentes de la inmigración. En uno y otro caso se precisan medidas políticas perfectamente diferenciadas. Es lo que el especialista canadiense llama "federalismo plurinacional", por un lado, y "multiculturalismo de inmigración" por el otro.

Tal distinción delata la utilización política que, en ocasiones, se ha hecho del multiculturalismo, como una burda estrategia para disolver las reclamaciones políticas, vinculadas al autogobierno, por parte de grupos o sociedades nacionalmente diferenciados, con el intento de asimilarlos, como uno más, a los diversos grupos culturales existentes como fruto de la inmigración. El gobierno quebequés reaccionó frente a esta ceremonia de la confusión, bien planificada, con una política intercultural, en donde confluían tanto los derechos nacionales de Québec, como un hábil concepto de multiculturalidad, orientada a una relación intensa entre la sociedad quebequesa receptora y los distintos grupos migratorios.

Pensando en clave de futuro, a través de una política intercultural, debería posibilitarse un compromiso entre la sociedad receptora y la inmigración, gracias al cual fuera la primera quien reconociera la diversidad cultural como un factor positivo y enriquecedor, adecuara el espacio público a esa realidad diversa y adoptara medidas institucionales contra las posibles desigualdades derivadas de las diferencias culturales. Al mismo tiempo, los nuevos ciudadanos llegados con la inmigración adquieren el compromiso de asumir el marco democrático de autogobierno, el uso de la lengua oficial propia como idioma común en el ámbito de uso público y un acomodo progresivo a los hábitos culturales de la sociedad de acogida, sin que eso signifique, en modo alguno, la renuncia a la identidad cultural de origen, sino la asunción de una nueva pertenencia complementaria. Naturalmente, debería valorarse el grado de implantación e historicidad de cada grupo cultural, para su reconocimiento, teniendo presente, además, que la adecuación multicultural del espacio público no es ilimitada.

Este doble compromiso no debe perseguir otro objetivo común que el diseño de un espacio de convivencia mutuamente respetuoso y la edificación conjunta de una nueva sociedad, enriquecida, fortalecida y revitalizada con las aportaciones de todos los grupos culturales, pero, a la vez, sin romper o amenazar la continuidad de la cultura receptora. Se trata, en definitiva, de que todos los grupos presentes en un territorio se impliquen, de forma activa y creativa, en la construcción de un futuro compartido. Buen conocedor del Québec y de Cataluña, ejemplos de naciones sin estado, minorías nacionales integradas en un estado más amplio, Kymlicka valora positivamente el carácter cívico, abierto e inclusivo de estos dos proyectos nacionales, mientras subraya que tan sólo la falta de competencias legales y la ausencia de recursos financieros, en materia de inmigración, puede crear algún conflicto entre el reconocimiento de la diversidad migratoria y la nacionalidad no estatalizada.

Inmigrantes, refugiados políticos, minorías religiosas o grupos sociales de interés o de presión, son grupos que reclaman fórmulas de integración, reconocimiento y representación en la sociedad y en sus instituciones. Lo más probable es que, en un futuro cercano, en la sociedades receptoras con un alto grado de diversidad sobrevenida, sea necesario adaptar el sistema educativo para dar cabida en él a la historia, la cultura y la lengua de grupos minoritarios, se adapte la estructura sanitaria, penitenciaria, funeraria y los comedores escolares a las diferencias culturales, se reconozcan ciertas festividades religiosas o, en particular, se adopten normas que eviten la marginación o estigmatización de estos grupos.

Es en este contexto que se reclama la redefinición de los conceptos de ciudadanía e identidad, con una ampliación actualizada del sentido de grupo, de comunidad, de nación, que resulte inclusivo y no disolvente para la sociedad receptora. En el caso catalán, por ejemplo, la complejidad no es menor, teniendo en cuenta que la población originaria constituye una minoría nacional en el estado español -"nacionalidad", según la legalidad vigente-, que convive en el mismo espacio territorial con un sector muy importante de población procedente de la mayoría castellanohablante del resto del estado, una inmigración extraeuropea cada vez más numerosa y un conjunto de residentes europeos de procedencias diversas.

Compatibilizar los derechos nacionales catalanes con los de la nueva inmigración no es una tarea fácil, pero merece la pena. Algunas minorías nacionales, o naciones sin estado, han visto como una amenaza a su continuidad de grupo diferenciado la avalancha inmigratoria sin control alguno. Los inmigrantes tienden, con frecuencia, a integrarse a la cultura dominante del grupo mayoritario del estado, por entender que esta circunstancia puede ofrecerles más oportunidades económicas y una movilidad mayor. Y esta tendencia a integrarse en el grupo más numeroso -y más poderoso- viene siendo utilizada para presionar a las naciones sin estado para que hagan lo mismo. Por otro lado, la historia está llena de ejemplos en que los estados han promovido la inmigración hacia territorios de minorías nacionales, como una forma de diluirlas y convertir a la población autóctona en simple minoría demográfica en su propio país.

Estados-nación y naciones sin estado no tenemos otra salida que evolucionar hacia la construcción de una identidad nacional que sea de carácter multicultural y postétnico. La convivencia intercultural, en el seno de minorías nacionales, requerirá, necesariamente, que esta minoría nacional tenga la potestad legal de llevar a cabo algún tipo de control sobre el volumen de la inmigración, para garantizar así que el número de inmigrantes no desborde su capacidad de integrarlos, en condiciones de plena dignidad, y sin poner en riesgo la disolución del propio grupo receptor. Pero también será preciso que la minoría nacional pueda ejercer algún tipo de control sobre los términos de la integración, asegurando la escolarización de los hijos de los inmigrantes en la lengua de la minoría nacional y garantizando la supremacía pública de la lengua propia del territorio, como factores de disuasión para contrarrestar la tendencia fácil de los inmigrantes a incorporarse a la cultura dominante del estado.

Esta es la única garantía de supervivencia nacional que necesita la minoría para poder practicar, también, una política abierta hacia la inmigración y la multiculturalidad en idénticas condiciones que las culturas de estado, desde una concepción inclusiva, democrática y civil, no esencialista, de lo nacional. Impedir a las naciones sin estado la aplicación de medidas similares -practicadas por los estados y aceptadas por lo general por los mismos inmigrantes- además de convertirse en una amenaza para la perdurabilidad nacional de la minoría podría, por desgracia, favorecer la aparición de un proyecto nacional a la defensiva, de naturaleza excluyente y de carácter étnico.

Por eso, el respeto al pluralismo cultural, la práctica de un multiculturalismo de la inmigración, sólo será posible si va acompañado, como requisito mínimo indispensable, de un federalismo plurinacional que permita medidas de interculturalidad real. Para ello, en nuestro caso, debería reconocerse la especificidad del espacio lingüístico y cultural catalán en el marco estatal español, europeo y mundial, así como la plena legitimidad de las opciones políticas que afirman el carácter nacionalmente diferenciado de la población de este espacio. Y, a su vez, el reconocimiento de facultades políticas y financieras suficientes a las instituciones de estos territorios, para poder desarrollar una política de inmigración y de integración intercultural propia.

Como lo apuntó ya, en su momento, el gobierno australiano, el gran pacto civil entre la población autóctona y la nueva población debería basarse en un reconocimiento intercultural activo (aproximarse a la cultura de los otros, como queremos que los otros se aproximen a la nuestra), un esfuerzo por la igualdad social (política de derechos sociales y deberes civiles, con igualdad de oportunidades, al margen del origen), una valoración creativa de la diversidad (la productividad del conjunto se ve incrementada por las distintas lenguas y culturas presentes en nuestra sociedad) y un compromiso inequívoco con la cultura propia de la sociedad receptora (la adaptación del país a la multiculturalidad exige compartir su lengua y cultura propias, como garantía de cohesión social).

El rechazo de los estados-nación a evolucionar hacia formas de soberanía compartida y de federalismo plurinacional, así como la percepción cada vez mayor de que las únicas naciones, culturas y lenguas reconocidas por la Unión Europea son aquellas que disponen de estado propio, puede hacer evolucionar la opinión pública de algunas minorías, como la catalana, hacia la obtención del propio estado nacional, en el marco europeo, como única garantía que asegure su continuidad como sociedad diferenciada y que también le garantice políticas propias de integración de la inmigración.

Sea en el ámbito español, sea al margen de éste, lo que parece inevitable es la reformulación actualizada de un nuevo proyecto nacional catalán, con nuevos agentes sociales como protagonistas, nuevos referentes y nuevos valores, que exigirán también nuevos horizontes nacionales, jamás planteados hasta ahora, con vocación mayoritaria. En ese nuevo escenario, la nueva Cataluña acogerá -acoge ya de hecho- a ciudadanos nacionales de identidades diversas, pero con una misma identificación con el país de hoy. Desde ciudadanos que desde el punto de vista nacional se sienten únicamente catalanes, como quien les habla, hasta quienes hacen simultáneamente compatible una doble lealtad nacional, a su identidad de origen y a su nueva identidad de acogida.

Se pasará, pues, de las identidades excluyentes de antes, a las identidades compartidas de hoy, quien quiera compartirlas libremente. Y en uno y otro caso, nadie será más catalán que otro, porque la construcción apasionada de un país los necesita a todos. Ser catalán así, en un proyecto nacional inclusivo, ya no dependerá del pasado, del lugar de nacimiento, de la lengua familiar, de la matriz cultural del apellido, sino de la voluntad de cada uno. Porque ser catalán ya no será una herencia genética, del pasado, sino una elección democrática, libre. Será catalán quien quiera serlo, sin necesidad de renunciar a lo que ya se era antes. Ser catalán, pues, en un mundo diverso y plural, como una manera más de ser y de hablar, con unos valores para divulgar y un futuro para compartir.