Según me han informado personas solventes, perfectamente informadas y con gran credibilidad, la consigna impartida a nivel general es matar al mensajero. Lo que no me ha sorprendido en absoluto, dado que desde hace bastante tiempo vengo constatando esa realidad, que se traduce en ciertos comportamientos y en determinadas actitudes y actuaciones.

Y es que mis artículos son, al parecer, políticamente incorrectos. Además, abordo asuntos peligrosos e incómodos (¡qué osadía!) como la controvertida cuestión de la delimitación de nuestras aguas archipelágicas; la necesaria mediana con Marruecos y Portugal y la posible, aunque poco probable, con la RASD; la propiedad de los yacimientos de petróleo y gas (que pretenden repartirse España y Marruecos en un expolio más de nuestra tierra); mis continuas y públicas críticas a los políticos (¡qué falta de consideración!) y, sobre todo, mi rotundo rechazo a la situación colonial de Canarias... En definitiva, mi incorregible e indigesta incontinencia verbal.

Pues bién, en aras de la libertad de expresión y desde mi más absoluta e insobornable independencia, proclamo públicamente que no me callaré. Seguiré exponiendo mis ideas políticas, expresando mis criterios en todos los temas que afectan a nuestro Archipiélago y, desde luego, denunciando sistemáticamente la canallesca e infame indefensión político-jurídica en la que, en mi opinión, se encuentra Canarias.

Por tanto, seguiré escribiendo lo que crea conveniente, dentro de los límites que me marca mi ética personal y desde el más escrupuloso respeto a las personas (siempre que éste sea recíproco), sin desviarme un ápice del rigor histórico y conceptual, y de la veracidad con que siempre he tratado estos asuntos y otros.

Dicho esto, reitero que, desde mi punto de vista, el Estatuto de Autonomía que ahora se pretende reformar, no es, en absoluto, el instrumento políticojurídico que Canarias necesita para su pleno autogobierno, ni para dar respuesta efectiva a los importantes retos que plantea este siglo XXI; ni es, por supuesto, la panacea para resolver los graves problemas que padece nuestro Archipiélago y que están en la mente de todos. Este Estatuto, aún con las reformas que se pretende introducir, es (ya lo he dicho) una especie de franquicia mediante la cual la casa central, la franquicia matriz, Madrid (España), nos impone, de forma implacable, sus leoninas condiciones para perpetuar sine die el actual statu quo. Y aunque el borrador del nuevo Estatuto (cuyo ejemplar me han remitido desde un grupo parlamentario) hace algunas aportaciones semánticas (peculiaridad por hecho diferencial, por ejemplo), sigue sin plasmar aspectos tan importantes como la circunscripción electoral, injusta a todas luces, por la cual las dos islas capitalinas tienen los mismos parlamentarios (15+15 del total de 60) que el conjunto de las islas periféricas.

Pero ya habrá tiempo de comentar el nuevo texto estatutario. Lo que sí me resulta novedoso, con respecto a su contenido actual, es la redacción del Artículo I del Título Preliminar, Disposiciones Generales, del nuevo borrador, donde se dice que "Canarias es un Archipiélago atlántico"... Desconozco si en la introducción de este término ha tenido algo que ver el ilustre profesor (presidente del PNC) Juan Manuel García Ramos con su poética y sempiterna atlanticidad. Porque yo tengo entendido, y así lo he estudiado, que los únicos archipiélagos oceánicos (así se denominan, aunque estén situados en el Atlántico) de la Macaronesia, a la cual pertenecemos, son Azores, Madeira y Cabo Verde, dada su lejanía del territorio continental. Y que Canarias, debido a su proximidad al continente africano (desde Fuerteventura a Marruecos hay exactamente 96 kilómetros frente a los 2.000 kilómetros que separan Cabo Verde de Senegal, por ejemplo), es considerada por el Derecho Marítimo como un Archipiélago costero.

Otra cosa es que el Reino de Marruecos, conociendo la indefensión jurídica de Canarias en este aspecto (asunto que ya he denunciado), no sólo argumente que el archipiélago Canario está situado en lo que sería la prolongación natural de su plataforma continental, sino que en virtud del Dahir de 1981, donde instituye su Zona Económica Exclusiva, englobe a todo el Archipiélago excepto La Palma y El Hierro. Y que ahora, según mis noticias, pretende ampliar 150 millas más (200+150 = 350 que contempla la Convención de Jamaica), con lo cual todas las islas de nuestro Archipiélago estarán dentro de la ZEE marroquí.

¿Puede el Estatuto de Autonomía de Canarias, aunque se reforme cien veces, resolver este grave problema que afecta a nuestro futuro como pueblo?

Para terminar, quiero referirme a la carta presidencial, Un nuevo Estatuto para una nueva Canarias, remitida por el jefe del Ejecutivo, don Adán Martín Menis, y publicada en todos los periódicos canarios el domingo día 10, y a la cual pienso acusar recibo en el siguiente artículo.