Represión franquista en la España "democrática"

 

Dionisio Pereira

 

Es muy duro hablar o escribir sobre la represión franquista en esta España "democrática", en donde ejercer la libertad puede ser objeto de persecución judicial en un país en donde hay leyes heredadas del franquismo y otras aún peores como la "ley de defensa del honor, la intimidad y la propia imagen" promulgada -¡oh casualidad!- bajo el gobierno de Felipe González, que se cierne sobre los investigadores históricos como una espada de Damocles y que disuade a los menos decididos a contar LA VERDAD de los hechos comprobados y en otros casos, les induce a publicar la versión "light" de la historia investigada.

 

Yo, que vivo en la Región de Murcia, (como todo el mundo sabe ya, la comunidad autónoma más fascista de España en donde andamos a la cabeza en todos los índices del caciquismo político, la corrupción y el subdesarrollo español) sé por experiencia lo solo que puede llegar a estar quién se atreva a querer recuperar la Memoria Histórica republicana. Miras alrededor y llegas a preguntarte donde está la izquierda capaz de solidarizarse con quién fuese objeto de persecución por esta causa.

 

Un "colega" investigador gallego, Dionisio Pereira, le ha echado valentía a la cosa y ha publicado un  trabajo sobre la represión de los falangistas en un pueblecito pontevedrés, Cerdedo, fruto de una línea de investigación, recogida de testimonios y consulta de documentos que ha requerido un denodado trabajo de varios años. En dicha publicación se citan a las víctimas por sus nombres y apellidos, su papel representado al lado de la República y las circunstancias por las que fueron asesinados por varios falangistas locales al producirse el golpe de estado de 1936. También aparecen los nombres de los ejecutores, en honor al rigor del trabajo de investigación. Pues bien, la familia de los falangistas asesinos, desde una desahogada posición económica pretenden asfixiar la libertad de expresión, al presentar una querella judicial por injurias contra el historiador Dionisio Pereira, obligándole a comparecer a juicio para defender lo que en un estado de derecho ningún juez democrático hubiese aceptado jamás admitir a trámite, sin que el demandante presente pruebas de cargo incuestionables.

 

No es la primera vez que las familias de sangre o ideológicas de los criminales han intentado amordazar a los historiadores, privando a la sociedad del conocimiento de una parte de su propia Historia. Esto no sucede en países como Francia, Alemania o incluso en la siempre sorprendente Italia, en donde la ley y los jueces protegen siempre a las víctimas del nazifascismo, condenando -precisamente- a quiénes tratan de negar el crimen o de actuar contra los que investigan aquellos hechos desde principios de veracidad. Como no se nos olvida que la mayoría de los jueces de este país pertenecen a un entorno ideológico cercano, cuando no inmerso, en entornos conservadores o rayanos en la extrema derecha, hay que andarse con cuidado con su ecuanimidad, no siempre acreditaba en sentencias por denuncias similares.

 

Como muchos sabéis, desde hace más de una década investigo la represión franquista en la Región de Murcia, habiendo pasado antes por el estudio de la violencia incontrolada que tuvo por marco los cuatro meses siguientes al 18 de julio de 1936 en la retaguardia murciana. Por respeto a mis convicciones y también por el respeto debido a la Memoria de las víctimas y a los potenciales lectores, me niego a publicar una historia sin nombres, que sería como proyectar una película sin imágenes y solo con banda sonora, por miedo a las represalias.

 

Mientras todos los crímenes cometidos en la retaguardia murciana durante la guerra, fueron investigados en la posguerra y ejecutados los autores, los inductores, los cómplices, los encubridores, y todo bicho viviente que pasaba por allí, NINGÚN ASESINO FRANQUISTA (ni los inductores, los cómplices, los encubridores y demás familia) ha sido jamás juzgado por los tribunales para responder de sus actos. Y ninguno jamás ha pedido perdón, o yo al menos no tengo noticia de ello e imagino que tú tampoco. Creo que una buena forma de rendir homenaje a las víctimas del franquismo murcianas, será hacer público sus nombres y sus trayectorias de vida, las circunstancias de su muerte y también, PUBLICAR LOS NOMBRE DE SUS ASESINOS, los de los denunciantes, los falangistas, policías y guardias civiles que los interrogaron, los componentes de los juzgados militares de instrucción, los de los consejos de guerra, los de la Auditoría de Guerra, los alcaldes, los curas, los delatores, los responsables de las cárceles, los gobernadores civiles y militares, y cuantos tomaron parte directa en aquella inmensa máquina de extermino en la antigua provincia de Murcia. Todos ellos también forman parte de la historia, como sus víctimas.

 

Ya veis la ola de difamación que la extrema derecha de Lorca ha montado en Internet para desacreditarme... y eso que aún no he publicado nada; solo por haber puesto en marcha una operación de recogida de adhesiones por Internet en contra de que un Instituto de Educación Secundaria lleve el hombre del ministro franquista, que fue cómplice del martirio y muerte del Magisterio Español, José Ibáñez Martín. Por todo lo dicho, entendereis que comprendo perfectamente la necesidad de sacar a flote lo mejor de nosotros mismos y no quedarnos en un inútil sentimiento de compadecimiento de este historiador acosado, si no que hagamos expresiva nuestra solidaridad con él y manifestemos nuestra protesta en contra de los que quieren acabar con la la LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

 

 

Te agradeceré que mandes un correo electrónico a esta dirección:

 

dpereirag@terra.es

 

incluyendo estos datos: Nombre, DNI o nº de pasaporte, lugar de residencia y profesión y un único texto: "SOLIDARIDAD CON EL HISTORIADOR DIONISIO PEREIRA, POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, POR NUESTRO DERECHO A CONOCER LA VERDAD, me adhiero al Manifiesto hecho público para apoyarle en la acción judicial promovida en su contra".

 

Igual algún día tú tienes que pedir lo mismo para mí y te estaré igual de agradecido.

 

Muchas gracias.

 

Floren Dimas

Investigador histórico

Región de Murcia

 


CORREO ELECTRÓNICO EN PETICIÓN DE AYUDA ENVIADO POR EL HISTORIADOR PERSEGUIDO:


 

 

A todos/as los/las historiadores/as e investigadores/as. Compañeras, compañeros:


Como sabéis, hay pocos días fue admitida a trámite por el Juzgado de 1ª Instancia de A Estrada una demanda contra mí por parte de la familia de Manuel Gutiérrez Torres, "camisa vieja", antiguo jefe local de Falange y exalcalde de Cerdedo hasta los años 60. No abundaré en la cuestión, porque os supongo conocedores/las (ver la página web
www.sinhorafranio.com ) de los detalles del asunto; tan sólo informaros que mi abogada consideró interesante la publicación en la prensa de un manifiesto a favor de la libertad de creación científica, en la que se inserta la labor del/de la historiador/a, apoyado por el mayor número de personas dedicadas a este tipo de trabajos. Dicho manifiesto, apoyado por las firmas, podría ser presentado en el Juzgado en el momento procesal más indicado, de acuerdo con la evolución del juicio o de un posible recurso.


En consecuencia, os envío dicho manifiesto (redactado por colegas solidarios) en el archivo adjunto y solicito vuestro apoyo.


A efectos de posible presentación en el Juzgado, sería preciso vuestro DNI, así como el lugar de residencia y la profesión. Las firmas se recogerían en este correo
dpereirag@terra.es o en el de Xoán Carlos Garrido, xcgarrido@yahoo.es .

 

Obrigado a todos y todas de antemano.


Salud

Dionísio Pereira

 


TEXTO DEL MANIFIESTO:


Los/las abajo firmantes, historiadores/as e investigadores/as, ante la denuncia presentada contra Dionisio Pereira por el contenido de su intervención en el Congreso de la Memoria celebrado en Narón, en diciembre de 2003, y publicada en las Actas en el año 2004; por las alusiones que en esta ponencia hace a “personas señaladas en los asesinatos y maltratos o como instigadores de los mismos” a una serie de nombres de cargos de la Falange, todos ellos fallecidos, que el historiador recogió de sus múltiples testimonios orales, y cuyos familiares ahora le acusan de atentar contra su honor; quieren manifestar lo siguiente:

1. No es objeto central de su trabajo atacar ninguna honra. El contexto del Congreso en el que se encuadró la ponencia o el libro de Actas en el que se publicó, no es equiparable a otros escenarios de divulgación pública a los que se aplica esta figura jurídica; además, el hecho de la distancia en el tiempo de las personalidades citadas no tiene la misma fuerza que las generaciones vivas para contraponer el derecho al honor frente a la libertad de expresión, y mucho menos al derecho a la creación científica en la que se enmarca la tarea del/de la historiador/a.

2. El conjunto de datos que se aportan en este caso y la trayectoria investigadora del historiador, acreditan un respaldo suficiente a su derecho a formular hipótesis discutibles en un contexto polémico, en base a información de la que dispone. Exigir certezas incuestionables a los historiadores, sería tanto como impedir el desarrollo de esta materia fundamental para la formación de la conciencia cívica de cualquier sociedad.

3. Es una grave distorsión aplicar al objeto investigado las categorías de situaciones presentes. Es evidente que la represión informal llevada a cabo a la sazón, por definición y salvo raras excepciones, carece de pruebas documentales que la acrediten y, en la medida en que el aparato policial y judicial quedó en el poder de quien la llevó a la práctica, nunca se procedió a investigar dichos crímenes. Hay que recordar que la franquista, como toda Dictadura, tuvo como base la impunidad. Lo dicho no debe impedir al historiador afirmar que dichas muertes se produjeron y apuntar que se puede establecer cómo hipótesis factible y verosímil algún tipo de relación entre ellas y los principales integrantes de las organizaciones que llevaron a cabo estas actuaciones, nominalmente de la Falange (en calidad de autores o instigadores), atendiendo a los testimonios orales recogidos y a la documentación escrita encontrada. Hay que matizar, asimismo, que no se hace ninguna aserción concreta sobre una actuación determinada de los mencionados: esto es, no se asevera sobre la adscripción específica de los aludidos con ninguno de los tres grados de intervención en la represión que se indican, y su supuesta participación en aquella está “señalada” en tercera persona por fuentes orales contrastadas.

4. En su ámbito, los historiadores valoran cuáles son las causas que explican los hechos históricos y proponen su interpretación, y aunque tales explicaciones e interpretaciones sean en ocasiones incompatibles con otras visiones, no corresponde a un Tribunal de Justicia decidir, por acción u omisión, cual o cuales deban imponerse de entre las posibles. Son los propios ciudadanos quien, a la luz del debate historiográfico y cultural, los que conforman su propia visión de lo acaecido, que puede variar en el futuro. En caso contrario, se impondría la censura previa o la autocensura en la producción científica, algo inconcebible en el marco de una sociedad democrática y abierta; sobre todo cuando se trata de relatar unos hechos históricos relevantes del pasado reciente que precisan una saludable investigación y esclarecimiento, para reforzar justo la defensa del pluralismo político y el diálogo, representado por las víctimas de la represión frente al totalitarismo y el fundamentalismo que impusieron los vencedores; estos, para legitimar un régimen surgido de un golpe militar, inculcaron además una versión oficial de los acontecimientos, frente a la cual - de producirse una condena del historiador - nos encontraríamos que no se permitiría contraponer otras perspectivas diferentes.

Por todo esto nos solidarizamos con el investigador Dionisio Pereira y demandamos el sobreseimiento de su causa.