Mientras vamos conociendo horrorizados las atrocidades que se están cometiendo con los saharauis en las zonas ocupadas, las autoridades de ocupación marroquí tienen el cinismo de decir que el joven preso saharaui Hamou Rahali, al que se llegó a dar por muerto a causa de la gravedad de sus heridas, fue ingresado en prisión para curarle de una anemia.
Sábado,
23 de julio de 2005.
Los independentistas del Sáhara Occidental acusan a Marruecos de asfixiar sus libertades y reclaman a España que les dé «protección»
EL
AAIUN.- Va a pasar más pronto que tarde. Que en la Intifada independentista
saharaui, tras los torturados y los detenidos, empiece a haber también muertos.
Fuentes
saharauis denunciaron ayer que Hamu Rahali, un saharaui de 20 años detenido y
torturado por la policía marroquí tras su arresto en una protesta a finales de
mayo podría haber muerto en un hospital de Marrakech, adonde habría sido
trasladado el 23 de junio desde El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental.
Por
el contrario, otro destacado activista contactado por teléfono ayer por este
diario aclaraba que familiares y amigos le habían confirmado que el joven
estaba grave pero a salvo.
En
todo caso, los activistas de la independencia corren un grave peligro en el
Sáhara. A Ghali Zaiugay, un estudiante de Comercio de 21 años, parece
que se le va a desencajar la mandíbula. Está tiritando, pero su frío es el
miedo. Ha tenido que armarse con todo su coraje para abordar al periodista en
la céntrica avenida Smara de El Aaiún. Es de noche, y alrededor vigilan por
todas partes policías, militares y agentes de paisano.
«Llevamos
30 años bajo la ocupación militar marroquí. La lucha del pueblo saharaui es
pacífica, no somos terroristas, no somos como ETA. Necesitamos que España nos
proteja», proclama en un susurro temiendo que los secretas le oigan.
En
la delegación provincial del Gobierno de Marruecos, la uilaya, aseguran una y
otra vez al periodista que el miedo es infundado, que en el Sáhara Occidental
hay «libertad de expresión», incluidas las de las ideas independentistas,
«siempre que no se transformen en vandalismo».
Sin
embargo, lo que se palpa en las calles de El Aaiún, tomadas por miles de
agentes de seguridad desde que a finales de mayo estallaran protestas a favor
del ahora suspendido referéndum de autodeterminación, es que los partidarios de
la independencia viven en un clima opresivo. Las entrevistas las celebran a
escondidas, casi de forma clandestina, por miedo a señalarse.
La
apelación a España, la antigua potencia colonial que dejó el territorio en
manos de Hasán II hace 30 años, se oye ardientemente.«Por favor, necesitamos la
protección del Gobierno de España y los países europeos, que presionen a
Marruecos para que no nos machaquen», clama Bachir Khfauni, un antiguo
preso político de 54 años que pasó 15 desaparecido en las cárceles secretas del
padre del actual rey, Mohamed VI. «No podemos salir a manifestarnos, porque no
hay periodistas ni delegaciones políticas internacionales que nos den
protección con su presencia», añade.
El
Gobierno marroquí minimiza las protestas afirmando que los independentistas que
han participado en ellas en El Aaiún, Dajla (antigua Villa Cisneros) y otras
ciudades saharauis son «muy pocos», una «minoría» comparada con los otros
saharauis partidarios de la marroquinidad de las Provincias del Sur.
Sin
embargo, otro antiguo preso, Tahar El Yasid, que ha pasado casi 11 años
de los 44 que tiene en las cárceles marroquíes sin juicio, avisa de todo lo
contrario. «La represión es la tapadera que usa Marruecos para contener a los
saharauis. Saben que, en cuanto la levanten, la gente se echa a la calle a
manifestarse y pierden el Sáhara».
El
Aaiún, avisa, se llenaría de manifestantes en cuanto aterrizase la delegación
de congresistas españoles invitada por Rabat a visitar el territorio (al
contrario de otras seis delegaciones regionales vetadas hasta ahora). Lo malo
es que el anhelado viaje aún no tiene fecha, porque el 6 de julio el Congreso
descartó volar al Sáhara hasta que las autoridades marroquíes no garanticen
libertad de movimientos.
Mientras
los parlamentarios se lo piensan y el Gobierno español es acusado por el líder
del Frente Polisario y presidente del autoproclamado gobierno saharaui en el
exilio, Mohamed Abdelaziz, por su «silencio» sobre la represión
marroquí, en El Aaiún se perpetúa el miedo a las Fuerzas de Seguridad. «Antes
te hacían desaparecer, y ya está. Ahora, para evitar un escándalo, usan otra
estrategia, una práctica mafiosa: la policía te secuestra, te da una paliza, te
machaca y te deja tirado», dice en una casa el activista Hamad Hmad, con
el cuerpo lleno de hematomas por la paliza que le dieron el 17 de junio.
«Llevé
en mi coche al hospital a Aminetu Haidar [una activista por los derechos
civiles encarcelada ahora en la llamada cárcel negra de la ciudad]; cuando
salíamos, nos cerraron la valla y Abu El Hasan Ichi, el jefe de los
Grupos Urbanos de Seguridad (GUS), me dijo que saliera. Me llevaron a un rincón
y me golpearon por todas partes. Me decían 'cabrones, saharauis de mierda,
¿queréis la independencia?, esto para que no vuelvas a decir fuera el rey'»,
relata Hmad.
Los
opositores dicen que los principales ejecutores de la represión en El Aaiún son
el director general de la Seguridad Territorial (DGST), Brahim Bensami;
su segundo, Hamid El Bahri, y el mencionado Abu Hasan Ichi, jefe de los
GUS.
El
Gobierno marroquí, en cambio, califica las denuncias de «propaganda», niega que
se haya cometido abuso alguno y alega incluso que 19 agentes han resultado
heridos, aunque no se sabe de ninguno que haya sido procesado por las
agresiones a la oposición. La tortura queda impune.
«La
única solución es un referéndum libre de autodeterminación.Marruecos sabe que
va a perderlo y por eso no lo ha aceptado hasta ahora. En caso de que siga
reprimiendo las manifestaciones brutalmente, puede ocurrir cualquier cosa»,
dice Mohamed Dadach, héroe de la causa independentista, con 25 años de
cárcel a sus espaldas.
«El
pueblo ha dicho que no puede aguantar más con los brazos cruzados y la boca
cerrada después de 30 años. Ha llegado al límite. Ya basta», añade Mohamed
Salem, otro ex preso político de 38 años, empleado en una fábrica de
fosfatos.
La
fiscalía de El Aaiún ha acusado a los detenidos en las manifestaciones de
«terroristas», y el tribunal penal ha impuesto una veintena de condenas,
algunas de hasta 15 y 20 años de cárcel. El activista saharaui Ali Salem
Tamek fue detenido esta semana nada más pisar el aeropuerto de regreso de
su exilio, acusado de haber organizado las protestas. Pero el único terror real
es el del régimen policial de los colonizadores, responden los perseguidos
disidentes.
Un
terror sutil y muy efectivo, aseguran. «No van a por ti, sino a por tu familia,
a por los miembros más débiles o más inocentes, para extender el terror y
paralizarte», explica un grupo de antiguos presos de los años de Hasán II.
Cuentan
un ejemplo: Bucharaya, hijo de un desaparecido de 1977, tuvo un gesto de
heroísmo en las protestas de mayo: pidió la independencia del Sáhara ante una
cámara de Al Yazira, la cadena más vista en el mundo árabe. Como represalia,
asegura el propio Bucharaya y los antiguos compañeros de tortura de su padre,
las Fuerzas de Seguridad detuvieron a su primo de 19 años, Hasán Hairach,
el mismo al que condenaron el 27 de junio a 20 años de cárcel. «Es una cadena;
todo tiene su explicación», dice un viejo prisionero político.
La
represión se extiende a las ONG locales que luchan por organizarse, como la
Asociación Saharaui de Violaciones Graves de Derechos Humanos, intervenida por
el GUS el 18 de junio y no autorizada por Marruecos. «Los policías entraron sin
enseñarme una autorización judicial y se llevaron la documentación», dice su
presidente, Brahim Dahan, que forma parte de la generación de los
desaparecidos de El Aaiún de 1987.
En
ese año, siendo ministro del Interior Dris Basri, hombre de confianza
del rey Hassán II, unos 150 jóvenes independentistas fueron detenidos en una
siniestra redada, recuerda Dahan. De ellos, unos 50 pasaron cuatro años
desaparecidos y sometidos a torturas. Les sellaban la boca con fregonas mojadas
en orina y lejía, les colgaban mientras los golpeaban. La primera escala de su
infierno era el cuartel de Pisisimi de El Aaiún, el antiguo recinto de
la artillería española ocupado por la Compañía de Intervención Móvil
(CIM) marroquí tras la Marcha Verde de 1975.
«Estuve
cuatro años con los ojos vendados. Hoy tengo aún problemas en la vista», dice
Dahan, que ahora se muestra confiado sobre el futuro: «El primer paso es salir
de la cultura del miedo». La gente, dice, lo está perdiendo, y se muestra
dispuesta a salir «en masa» a la calle en cuanto se sienta protegida por España
y la comunidad internacional.
«¡Fuera
Marruecos, viva el Polisario!», gritan unos chavales en un callejón del barrio
de Colomina. La represión de pequeñas pero significativas protestas como
ésta ha acabado a veces en saqueos policiales, como sucedió el 25 de mayo en el
barrio de Matalah. «Entraron y me robaron 400 euros del armario del
dormitorio», dice el profesor de autoescuela Fadli Mohamed Bujari
mientras enseña el mueble partido sobre su cama. «¿A quién voy a denunciar? Si
voy a la comisaría, me detienen a mí».
El
miedo no es gratuito. Volvemos a Ghali, con el joven valiente del principio. Al
día siguiente, denuncia que la temida represalia se ha consumado,
indirectamente. Tras marcharnos del restaurante, dice por teléfono, la policía
ha detenido a un muchacho vestido con ropa saharaui, Brahim Ayah, que
estaba sentado en la mesa de al lado. «Le han preguntado de qué he hablado
contigo. Le han dado una paliza y está detenido. Ahora mi casa está vigilada»