Reservas de oro y pensiones

 

Juan Manuel García Ramos

 

No creo que la noticia haya tenido la trascendencia que a nuestro entender merece, pero quizá todo se justifica por las fechas vacacionales. Se trata de un comunicado emitido por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en la comisión de Economía y Hacienda del Senado, Javier Maqueda, donde se nos viene a decir -mejor: a denunciar- que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se deshizo en el mes de julio pasado, a través del Banco de España, de 24,8 toneladas de las reservas de oro nacionales con el objetivo de financiar la partida correspondiente al pago de 2.500 euros por cada niño recién nacido, esa suerte de joya de la corona preelectoral exhibida por el presidente en cuestión.


Javier Maqueda, además de senador, es catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Bilbao y académico de la Real Academia de las Ciencias Económicas y Financieras. Es decir, es un técnico que sabe de lo que habla, y según él, manejando datos del Banco Central Europeo, en el último año, los activos de oro en España se han visto reducidos en un 32%. Las reservas han pasado de las 416,7 toneladas de principios de año a las 283 toneladas de julio.


Hace dos meses, Maqueda ya había censurado la iniciativa de Pedro Solbes de jugar en Bolsa el dinero acumulado de nuestras pensiones, iniciativa que según nuestras noticias quedó suspendida.


Ahora Maqueda ha vuelto a criticar la política financiera de un gobierno que promete atractivas medidas a los ciudadanos sin prever de dónde sacará los fondos para hacerlas realidad y todo ello a base de "trabajar a contracorriente, sin tiempo y sin ningún control".


Si todas esas acusaciones las hubiera vertido un senador del PP, acaso no nos hubieran resultado tan llamativas, la confrontación permanente PSOE-PP en el Estado muchas veces nos hace desconfiar de algunas de sus descalificaciones recíprocas, pero ha sido el PNV, un partido que apoyó la investidura de Rodríguez Zapatero, el que ahora enfrenta con rigor la política económica y hacendística del ministro Pedro Solbes, y esto merece una reflexión más serena.


¿Será verdad que están jugando con nuestro fondo de pensiones y lo usan irresponsablemente para la promoción electoral sin más, como señala Javier Maqueda?


¿Tiene resistencia la economía española para financiar leyes como la de las primas a los recién nacidos y las de dependencia? ¿Tiene resistencia el Estado español para una exhibición tal de proteccionismo?


Hace muchos años que se viene hablando de la crisis de la Seguridad Social debida a la creciente proporción de personas mayores jubiladas en nuestras sociedades escasamente fértiles.


Expertos como el sociólogo Manuel Castells llegan a afirmar que la situación se ha vuelto insostenible y sólo se puede remediar a base de inmigración masiva: "Los que protestan contra el número de inmigrantes en España deberían ser conscientes de que es lo único que puede permitir evitar la quiebra de la Seguridad Social, porque los niños que tenían que haber nacido hace veinte años para equilibrar la relación entre cotizantes y beneficiarios ya no han nacido, y eso no hay quien lo arregle".


Al parecer, se trata de buscar cotizantes debajo de las piedras, ya sean los inmigrantes de nuestros días, ya sean esos próximos niños nacidos con premio estatal de natalidad para sus padres. En ese sentido, la medida gubernamental de invertir parte de la reserva de oro nacional en aumentar la demografía no parece tan disparatada, aunque también es verdad que suena mucho a improvisación, tal y como nos ha señalado el senador Javier Maqueda.


Suena a improvisación porque sólo se basa en aumentar la población sin asociar este fenómeno natural a un modelo económico capaz de crear el empleo necesario.


El modelo de crecimiento económico español actual hace aguas por todos lados. Desde el principio de este siglo se ha procurado atenuar una fórmula basada en el consumo desmedido y en la actividad constructora. Algunos especialistas, como Alberto Recarte, nos recuerdan cómo el mismo PSOE intentó, en la controvertida campaña electoral de 2004, eliminar las exenciones fiscales para la compra de vivienda por los particulares, pues creían los socialistas que los altos precios alcanzados se debía a esas ayudas fiscales. Hoy estamos en plena crisis en el ámbito de la construcción y en el inmobiliario, no sabemos si por esas razones expuestas o por el alza de los tipos de interés del dinero hipotecario. Todo parece una madeja endiabladamente enredada.


En cualquiera de los casos, lo que se teme es qué va a ocurrir con el enorme empleo creado en estos últimos años de crecimiento en el sector de la construcción (donde los puestos de trabajo han pasado de 1’2 millones a 2’5 millones), con el del propio sector inmobiliario (donde desempeñan su trabajo al menos un millón de personas) y con los servicios derivados de esas actividades.


Según el propio Recarte, no sería imposible volver a encontrarse con cuatro millones de desempleados, muchos de ellos mujeres y, con toda probabilidad, con muchos más inmigrantes a los que, a corto y medio plazo, sería difícil volver a integrar en el aparato productivo.


Lo que se ha quedado obsoleto en España es ese modelo económico de crecimiento y si pensamos en una modernización de éste y contemplamos los lugares que ocupa España entre los países inversores en Investigación y Desarrollo, no es precisamente el optimismo lo que nos invade.


En un reciente ranking mundial, España quedaba situada en el puesto veinticinco de los ochenta y dos países del mundo censados, a cuya cabeza se encontraba Japón, Suiza y Estados Unidos. Un lugar que no se correspondía con la jerarquía española entre los países más industrializados del planeta.


Algo falla en la economía española y lo que menos necesita son parches o medidas temerarias. España está muy lejos de las reglas del juego de la nueva economía. Aunque a algunos dirigentes de izquierda les cueste admitirlo, la única forma de crecer hoy es mediante la globalización y la introducción de políticas liberales. Luego ya vendrán los ajustes sociales según la ideología de turno. No por repetido es menos cierto: lo que determina la economía actual, hablemos en clave agrícola, industrial o de servicios, es que rentabilice el conocimiento y la innovación.


Ese sería el debate económico a llevar a cabo y es ahí donde radica la acción política. El reparto de la riqueza nunca ha dependido de la economía sino de la sociedad y sus instituciones. Existe una acción política de grandes miras y otra de miras de pan para hoy y hambre para mañana, como la que acaba de denunciar Javier Maqueda en el comunicado que comentamos al principio de estas líneas. Pura pirotecnia previa a una aprobación de los presupuestos de 2008 más que conflictiva.