Poco tiempo despues del ingreso en la Unión Europea, España disputaba a Italia el liderazgo de la picarescas, las irregularidades, el fraude y la corrupción en la utilización de las ayudas europeas. Los fraudes en las ayudas al aceite, el plátano, la leche, el lino o el REA tuvieron su reflejo en la prensa, pese a las presiones para que no se diera excesiva publicidad a esos escándalos, porque podría repercutir en la continuidad de las ayudas.

Sin embargo, a mi juicio, la más inmoral y repugnante de las corrupciones es la que ha rodeado las ayudas a la formación, que salpicó a varios gobiernos autonómicos, ayuntamientos e, incluso, organizaciones patronales y sindicales. En Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Andalucía y Aragón se produjeron irregularidades que, en algunos casos, llegaron hasta los tribunales de justicia.

En plena mundialización, la formación es una de las claves para el desarrollo económico y social de naciones, comunidades autónomas o regiones. En Canarias, el tradicional déficit en la formación, unido a la deplorable situación de la educación, aumenta las dificultades para competir por un puesto de trabajo, ante la invasión de trabajadores de otras latitudes y una de las causas por las que los niveles de desempleo son los más altos de España.

Las generosas ayudas europeas a la formación, que el Gobierno canario canalizó a través del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem), podían haber resuelto las carencias formativas de miles de desempleados y jóvenes que se incorporaban al mercado de trabajo. Sin embargo, los resultados han sido catastróficos. Diez años después, todos los estudios señalan que la causa de la alta precariedad laboral y los sueldos más bajos que "disfrutan" los canarios es consecuencia de su escasa formación.

Los rumores sobre la utilización de las subvenciones como una especie de soborno social, para beneficiar a ayuntamientos "de la casa", a familiares, correligionarios políticos e, incluso, a patronales, sindicatos, organizaciones culturales y ONG, comenzaron a extenderse. Se crearon centenares de empresas ficticias, con domicilio social falso, con el solo objetivo de recibir las ayudas. Se inventaban cientos de cursos de formación que no se realizaban; se falsificaban firmas de asistentes, inventando o inflando el coste del material didáctico, ordenadores, profesores, locales, sin que se exigiera acreditación previa de la capacidad legal o técnica de las empresas inventadas, ni las justificaciones del dinero recibido.

El 22 de junio de 1998, el secretario de la Federación de Administración Pública de CC.OO., José Luis Moreno, y Herman Dait, delegado de CC.OO. en la Consejería de Empleo, represaliados posteriormente por la Consejería de Empleo y expulsados por la propia dirección de CC.OO., denunciaron las prácticas ilegales de Víctor Díaz, consejero de Empleo, y al director del ICFEM, Francisco Zumaquero, al designar a la consultora Arthur Andersen para elaborar informes de reintegro de las empresas que no lo habían hecho y el intento del consejero de Empleo y de la dirección regional de CC.OO. de silenciar el asunto.

Más tarde, Víctor Díaz promete que el Parlamento "conocería el nombre y apellidos" de las empresas que utilizaron fraudulentamente las subvenciones del Icfem, lo que nunca se cumplió. Todavía se espera al camión con los documentos que nunca llegó al Parlamento. Sin embargo, la petición del Grupo Socialista de constituir una comision de investigación parlamentaria contó con la negativa de Coalición Canaria, a la que se sumó el PP, en reciprocidad con la actitud de CC en Madrid, votando en contra de que prosperara cualquier comisión de investigación, en los casos de corrupción del lino o las peculiares andanzas fiscales, empresariales y subvencionadas de Piqué, que afectaban al Gobierno de Aznar.

La Audiencia de Cuentas analizó las subvenciones entre 1994 y 1997. Utilizando una muestra selectiva de 191 expedientes, detectó "en la mayoría de los expedientes la consciente e intencionada vulneración de todos y cada uno de los trámites de obligado cumplimiento, con gravísimo quebranto para las arcas públicas", en la concesion de subvenciones para la formación. En septiembre de 1998, el Icfem tenía 4.646 expedientes de subvenciones sin justificar, por un importe de más de diez mil millones de pesetas. En diciembre la cifra había superado los doce mil millones.

En el verano de 2002, el Tribunal de Cuentas dio el carpetazo en un intento de echar tierra a uno de los más desmoralizantes escándalos de la democracia, descartando "la necesidad de formalizar demanda, por cuanto los derechos de la Comunidad Autónoma quedaron absolutamente protegidos". ¿Y los derechos de los desempleados y de los jóvenes que buscaban empleo o de quienes pretendían, honradamente, contribuir a impartirles formación? Esos derechos no contaron para el Tribunal de Cuentas.

Durante años, el Boletín Oficial de Canarias requería, a diario, a decenas de empresas, cuyo domicilio social era desconocido, para la justificación o devolución de las ayudas recibidas. Sorprendente, hubo hasta un requerimiento a un bar de alterne, al que se reclamaba la devolucion de siete millones de pesetas. ¿Sería para formación?

Tres años después, un auto del juez Luis Galván mantiene la imputacion del ex consejero de Empleo Víctor Díaz y a cinco ex directores generales del Icfem por "falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa", concediendo diez días a las partes para que formulen la petición de apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Dos de los imputados, Aurelio Ayala y Diego León, desempeñan actualmente los cargos de director general de Promoción Económica y director de la empresa pública Proexca, respectivamente.

Dice el auto del Juzgado nº 6 de Las Palmas que se financiaron proyectos "de nula utilidad práctica, sin programación, ni planificación alguna"; se otorgaron ayudas, "sin solicitud del beneficiario o sin convocatoria pública" o "a quienes no reunían los requisitos exigidos, comúnmente, a otros beneficiarios". Determinados beneficiarios fueron dispensados de las obligadas garantías, sin razón alguna de interés público. Sin motivo alguno, se abonaba el importe total de la subvenciones sin esperar a las justificaciones parciales que no se exigieron. Se continuó concediendo ayudas a quienes tenían pendiente la liquidación de las anteriores. Se detectaron gastos excesivos en material, retribuciones de profesorado, satisfaciendo gastos de personal no docente, cuyas fichas no existían.

Esto es sólo un ejemplo de los escandalosos incumplimientos de la legalidad, del favoritismo y la desidia cómplice en la concesión y dilapidación de miles de millones de subvenciones para la formación de los desempleados canarios.

Otro ejemplo de la "colaboración" del Gobierno con la justicia. La Secretaria General de Presidencia todavía no ha enviado las actas de los Consejos de Gobierno en las que se convalidaron las subvenciones multimillonarias, lo que hace sospechar que se trata de ocultar las posibles implicaciones del propio Gobierno en el desaguisado en que se han despilfarrado o defraudado miles de millones.

Resulta intolerable y cínico que miembros del Gobierno de Coalicion Canaria intenten justificar las altas cifras de desempleo o el bajo nivel salarial de Canarias a la falta de formación adecuada. ¿Prevalecerá la Justicia?