Guardo el recorte del periódico del día 24 de mayo del presente año donde la Comisión Europea anunciaba a bombo y platillo que la Agencia de Control de Fronteras (conocida por FRONTEX) movilizaría en quince días, es decir, en torno al 8 de junio -hace ya mes y medio-, un sistema de patrulla naval y aéreo coordinado por ocho países comunitarios en las costas de Canarias, Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, para tratar de contener el flujo migratorio de estos últimos tiempos. En 2007, ese operativo se extendería a Gambia y Guinea.

Escribo estas líneas a lo largo de esta última semana y todavía percibo los ecos de la Cumbre sobre Inmigración en Rabat, donde acudió el comisario europeo de Justicia e Interior, Franco Frattini, y del Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo celebrado en Madrid, donde se pronunciaron palabras y palabras sobre ese fenómeno social y planetario y donde se exhibieron exquisitos protocolos para todos los invitados.

Aunque sea un lugar común, recurro a esa cita algo agotada de Shakespeare en la que el atormentado príncipe Hamlet le contesta a una pregunta de su lord chambelán Polonio sobre qué era lo que leía con la expresión desengañada, "Palabras, palabras, palabras".

La retórica se adueña demasiadas veces de la gestión política y produce demoras dramáticas, como es el caso que nos ocupa de la emigración africana hacia las Islas Canarias. Mientras las Secretarías de Estado de Inmigración y las Comisarías europeas de Justicia e Interior siguen con sus palabras, palabras y palabras, se suceden las muertes a nuestro alrededor y las mafias de seres humanos siguen alentando aventuras imposibles en el océano que nos rodea.

Por mucho que intentemos rebajar la tensión producida por el fenómeno migratorio en nuestras islas, es imposible no indignarse con tanta parsimonia oficial, con tanto fracaso diplomático, con tanta dilación a la hora de enfrentar un problema que lleva casi una década planteado y que ahora sólo se agrava tal y como todos esperábamos.

Si algún día Canarias llegara a convertirse en un problema político no sabemos cómo reaccionaría España, pero si España, la franquista y la no franquista, se portara con Canarias un diez por ciento de lo mal que se ha portado con el Sahara Occidental aviados íbamos. Y no sé por qué esa posibilidad la veo dibujada en todo lo relacionado con el asunto de la inmigración.

Nadie parece responsable de nada. España dice que Europa y Europa dice que ocho países colaborarán en controlar los flujos de personas desde las costas africanas, pero la coordinación de esas acciones se aplaza una y otra vez.

Patrullar las costas vecinas para frenar los movimientos de las mafias, poner en práctica sistemas de repatriación eficaces, aumentar el diálogo diplomático y las ayudas al desarrollo, blindar las fronteras de los territorios comunitarios: son respuestas que en el papel valoramos pero que exigen su traducción a hechos concretos.

Por otro lado está la pasividad de todos estos años, la recepción de todos los irregulares que franqueen nuestras aguas, la natural y humanitaria acogida y el envío a la Península de la mayoría de los llegados a Canarias, aunque no poseemos datos fiables de los que deciden quedarse en el Archipiélago. Colonias magrebíes de Fuerteventura, Lanzarote, sur de Gran Canaria y sur de Tenerife nacen fuera de todo control por mucho que las autoridades quieran darnos la impresión de lo contrario.

Si la gravedad del fenómeno inmigratorio en Canarias era algo previsto desde hacía muchos años y la respuesta del Estado español y la Unión Europea ha sido tardía y confusa, y sigue siendo tardía y confusa, debemos pensar que de todo se aprende y debemos llegar a algunas conclusiones.

Por ejemplo, la de considerar el nacionalismo canario no sólo como una ideología sino como una cuestión de ser o no ser de nuestra tierra.

Desde hace muchos años entendemos ese nacionalismo como la defensa de un territorio, de una sociedad y de un legado cultural, un proyecto de vida en común y una memoria compartida.

Al margen de reformas de estatuto, consensuadas o no, los objetivos políticos prioritarios y básicos para esta hora de Canarias son la delimitación de nuestras aguas oceánicas y la clarificación de nuestra mediana con Marruecos y, esperemos que en su día, con la República Árabe Saharaui Democrática; la recuperación de nuestra seguridad interior y el control efectivo de nuestras fronteras marítimas y aéreas; la racionalización de la carga poblacional y medioambiental que son capaces de soportar nuestras islas, muchas de ellas hoy desbordadas por sus parques móviles, por la desatención sanitaria, las coberturas educativas y sociales en general (pensiones, centros de acogida para nuestros mayores, para drogodependientes e inmigración no integrada), por la escasez de vivienda y hasta por el colapso de los juzgados; la lucha contra el paro y contra la entrada indiscriminada de cincuenta mil foráneos cada año en Canarias; la consecución de una estabilidad económica y de un modelo económico mixto al que se le abre ahora la oportunidad de ver a Canarias como base logística y estratégica de intervención y de cooperación del mundo desarrollado y de los países en vías de desarrollo; la recuperación de la calidad educativa de nuestros centros docentes y apoyo a nuestros creadores de cultura y a las entidades donde ésta se defienda y promocione en diálogo con otras culturas.

Son, todos los enumerados, objetivos que conciernen a una ideología nacionalista que aunque no llegue a plantear directamente el constituirnos como un estado, como lo es Malta dentro de la Unión Europea, sí ha de reclamar el que nos comportemos como tal, con iniciativas y reflejos propios en una hora de incertidumbre tanto europea como española.

Tanto en el caso del fenómeno inmigratorio como en el caso de la reforma del Estatuto culminada hace unos días, lo relevante no son las palabras que se pronuncian o se escriben alrededor de estos hechos, sino la puesta en práctica de esas palabras.

Del dicho al hecho hay un buen trecho. Y así llevamos años viendo venir al lobo de la inmigración sin ponerle remedio, como hemos tenido un Estatuto de Autonomía vigente que no hemos sabido desarrollar.

Casi todos los objetivos políticos prioritarios y básicos que antes mencionamos habrían podido canalizarse por el Estatuto de Autonomía todavía vigente, el reformado en diciembre de 1996, pero hemos sido incapaces de ello.

El texto estatutario que acaba de terminar la ponencia parlamentaria va mucho más allá en el fortalecimiento del autogobierno, ahora queda esperar que la práctica política sepa aplicarlo con sabiduría y responsabilidad. Si no es así, todo quedará convertido una vez más en un ejercicio de simple retórica.