Desde Canarias a la Ancha Castilla

Wladimiro Rodríguez Brito *

Estos días hemos tenido conocimiento de un documento de la Dirección General de Costas, en el que se plantea aplicar la ley hecha para un continente a los territorios insulares. Dicha legislación ignora las reglas de convivencia en un territorio limitado, accidentado y escaso, como este archipiélago atlántico.

La rigidez en la utilización indiscriminada de la cinta métrica en lugares como el Roque de las Bodegas, Almáciga, Cho Vito o Benijo para contar 100 metros tierra adentro, como si estuviéramos en Alicante, Cádiz o Bilbao. Esta actitud indica una vez más la ignorancia y desconsideración que -cíclicamente- ejerce Madrid sobre los territorios de la ultraperiferia. Hace 400 ó 500 años, los agricultores, pastores o pescadores levantaron sus viviendas en la ladera norte de Anaga. Su única preocupación consistía en los lugares que las rocas de las laderas y las olas del mar les permitieran sobrevivir, y es en este marco, en el que tenemos numerosos ejemplos de núcleos construidos a lo largo de toda la línea costera, en especial en lugares inhóspitos para la agricultura, muchos de ellos sobre coladas de lava recientes: Costa Brava, Playa San Juan, Alcalá, Las Aguas, en San Juan de la Rambla, y un largo etcétera.

No podemos reivindicar otra cosa que la defensa de nuestras costas debe ser una prioridad de todas las administraciones, en especial con el reciente y desmesurado avance de la urbanización, el incremento de vertidos, afecciones a la flora y la fauna, etc. Sin embargo, no podemos permitir que este rigor se materialice desde Madrid sobre núcleos de población consolidados y de clase trabajadora. Nos sorprende negativamente la alegría que manifiesta Costas al aludir a la nulidad del PRUG de Anaga. Un documento que llevó años de trabajo y esfuerzo de técnicos, vecinos y colectivos y que requirió un amplio consenso y cesiones por todas las partes para lograr su aprobación. Este plan proporcionó un marco legal que permitía a los vecinos del Parque Rural mejorar sus viviendas, dignificarlas, garantizando una calidad de vida a la vez que asegurando el respeto a la naturaleza y el valioso paisaje de Anaga. Estos vecinos y no la administración son los principales responsables de que Anaga se haya conservado como un tesoro de nuestro patrimonio natural hasta la actualidad.

Parece curioso que las principales preocupaciones de Costas pasen por caseríos pobres, que apenas han crecido en las últimas décadas, mientras que urbanizaciones suntuosas y chalets de lujo, en los que se puede pescar desde la ventana del dormitorio, salen indemnes. ¿Por qué esta persecución hacia los más desprotegidos? Asimismo, no deja de sorprender que en el Levante español, en Benidorm, Torrevieja o Torremolinos, por citar sólo tres casos, el deslinde de Costas ni se inmute ante gigantescos rascacielos en primera línea de playa, con todo un continente a su espalda.

Ante esta situación que juzgamos injusta, sería necesario que la Ley de Costas tuviera una cierta flexibilidad a la hora de analizar casos singulares como los que tenemos en diferentes enclaves de nuestra geografía insular. Sólo pedimos que se tengan en cuenta nuestras peculiaridades geográficas y culturales para permitir a los ciudadanos la convivencia con un territorio único que nada tiene que ver con la Ancha Castilla. En este estado de cosas, que quita el sueño a muchas familias de recursos escasos, es donde decimos con voz clara y firme que los vecinos que desarrollan su vida a la sombra de los roques de Chinobre, Anambro y Las Ánimas, se merecen el apoyo y el aliento de la administración, no el acoso. Las leyes están pensadas para proteger a los ciudadanos y su patrimonio natural, no a la inversa, como está sucediendo en este caso. Convertir este asunto en un problema de jueces y abogados es desviar la atención. La responsabilidad es política, tanto a nivel de legislación como en la gestión del territorio. En definitiva, sólo apoyamos la necesidad de una mayor justicia social de la Administración con los pobladores de esos caseríos que, por mucho que se empeñe Costas, ya son asentamientos históricos. En ese sentido, solo queda pedir una legislación más racional y coherente con el territorio y la sociedad que pretende regular, no a cualquier precio, esperamos.

* Consejero del Área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife