Independientemente de la aplicación, o no, del Plan Baker, lo cierto es que las autoridades españolas, a ojos de las Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, está jugando un doble papel. Por un lado, vía parlamentarios de distintas comunidades autónomas, están fracasando una y otra vez en su intento de arribar hasta El Aaiun para constatar in situ qué está acaeciendo en el Sahara, tomar nota, si fuera preciso y pertinente, de los atroces actos que se vienen cometiendo en ese lugar desde hace años.

Por el otro lado, los Gobiernos estatal y canario hacen la vista gorda y prefieren mirar hacia otro lado cuando tienen que viajar a Marruecos y tratar asuntos del máximo nivel con las autoridades de ese país. Obviamente, no se trata de estar en permanente actitud hostil hacia una nación que es clave en la historia española, con unos lazos indiscutibles, pero tampoco se pueden obviar los problemas que están sufriendo los habitantes de un espacio que hace algunas décadas, conviene no olvidarlo, era una colonia de España, al igual qué también es censurable la actitud de la ONU, que se limita a ser una mera observadora de lo que en el Sahara trasciende, mientras las leyes se incumplen sistemáticamente.