Las fotos de Aminetu Haidar mostrando su vestido lleno de sangre, con la cabeza abierta por una enorme brecha pero mirando de frente a la cámara deben haber dado la vuelta al mundo. Esta mujer, activista saharaui de Derechos Humanos y ex-presa política, lleva días encerrada en las dependencias de la policía marroquí, que la detuvo en el hospital a que había ido a curarse las heridas que sus miembros le causaron cuando reprimieron la manifestación pacífia en la que participaba pidiendo la independencia de su país, el Sáhara Occidental.

Sin embargo, los cuerpos de intervención y de seguridad alauitas no tuvieron suficiente con ella. La casa donde vivía fue saqueda y sus hijos, junto a la abuela, ya no pueden volver allí Aminetu, como Leila Lili o Ahmed Saib son algo más que nombres, son los símbolos más cercanos del cansancio de un pueblo que ha visto morir (asesinados o en la guerra) a muchos de los suyos y que lo ha intentado ya todo por conseguir el derecho a la autodeterminación que las leyes internacionales siempre le han reconocido pero que, en la práctica, es ignorado por los que tienen la responsabilidad de llevarlo a efecto.

El próximo mes de noviembre se cumplirán 30 años desde que España entregara ilegítimamente el territorio de su antigua colonia, en el norte de Africa y lo dividiera entre Marruecos y Mauritania ocasionando un drama humano que, a día de hoy, constituye uno de los episodios más terribles de la Historia reciente.

La brutalidad de los ejércitos invasores fue más allá de la mera ocupación e intentó aniquilar al pueblo saharui bombardeándolo, en su huída hacia la nada infame del desierto de la Hammada, con napalm y fósforo blanco. Quinientos niños llegaron a morir al día en medio de aquel éxodo.

Fue entonces cuando las acciones militares emprendidas (en1973) por el movimiento de liberación nacional del Frente Polisario para lograr la independencia del territorio y el fin del colonialismo español se transformaron en la respuesta armada a la invasión de las fronteras saharauis.

Dicha respuesta, pese a traer como consecuencia el acuerdo de paz con Mauritania en 1979, no frenó la ambición de Marruecos, que ocupó el territorio evacuado por los mauritanos. Sería el principio de la reimplicación de la ONU en su interés (a estas alturas más que cuestionable) de solucionar el conflicto. El alto el fuego logrado en 1991, así como las numerosas resoluciones salidas de todos los foros en los que se debate sobre el derecho de autodeterminación de este pueblo legitiman sus reivindicaciones.

Mientras tanto la política marroquí, que lleva tres décadas atentando contra la legalidad y violando sistemáticamente los Derechos Humanos de los saharauis no ha merecido una apuesta contundente de la comunidad internacional ni, lo que es peor, de España, que sigue siendo (desde la resolución dictada por el Tribunal de La Haya, en 1975) la potencia administradora del Sáhara Occidental.

La represión, detenciones arbitrarias y torturas que han llevado a cabo las fuerzas policiales y del ejército de Marruecos para acabar con las manifestaciones pacíficas de ciudadanos saharauis en las últimas semanas muestran, aunque sólo en parte, lo que todos ellos soportan en su propia tierra.

En este sentido, según el último comunicado de la Federación Estatal de Instituciones solidarias con el Sáhara (FEDISSAH), "se sabe que el ejército marroquí está distribuyendo, entre los colonos asentados en las ciudades ocupadas, vestimentas típicas saharauis junto a banderas marroquíes con el objetivo de celebrar actos de apoyo a la marroquinidad del territorio".

De hecho, el primero de estos actos tuvo lugar el domingo 19 de junio cuando un grupo de "supuestos saharauis" pudieron acceder a la pista del aeropuerto de El Aaiún en la que se encontraba el avión que había llevado, hasta la capital del Sáhara Occidental, a una delegación de políticos asturianos (la tercera que se traslada al lugar desde que empezara la intifada) y que esperaba ser devuelta a España sin cumplir la labor de observación que pretendían efectuar.

La estrategia de Marruecos -tal como queda expuesta en el comunicado de FEDISSAH)- es ganar tiempo para desbaratar la resistencia saharaui y preparar un acto masivo de afirmación marroquí que se desarrollaría a la llegada de la delegación de parlamentarios españoles que tiene previsto desplazarse a la zona en una fecha aún no determinada.

Entre tanto, la comunidad internacional guarda silencio y España, lejos de asumir el papel activo que le corresponde y defender sin ambages no sólo la legalidad vigente sino la seguridad de una población que sigue siendo española de derecho, se limita a mirar hacia otro lado.

Así, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores afirmaba, a finales de junio, que "no sería justo ni apropiado" presentar quejas ante Marruecos por impedir a las delegaciones de Madrid, Cataluña y Asturias desembarcar en El Aaiún, si se tiene en cuenta el ofrecimiento hecho por el Gobierno alauita para que un grupo de congresistas y otro de senadores visite oficialmente el Sáhara Occidental". En el curso de una comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso, Bernardino León eludió calificar la actuación de la polícía y de los cuerpos de seguridad marroquíes al reprimir de forma en extremo violenta las manifestaciones de los saharauis que reclamaban la autodeterminación y sitiar las principales ciudades ocupadas con camiones de asalto del ejército y patrullas antidisturbios.

Desde el 22 de mayo, fecha en que las primeras concentraciones y protestas de saharauis empezaron a ser repelidas a golpes por la policía marroquí, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) no ha hecho absolutamente nada por evitar los enfrentamientos y proteger a la población civil atacada. La pasividad de los cascos azules desplegados en la zona ha llegado al punto de no responder a las peticiones hechas por políticos y periodistas para entrevistarse con ellos y exponerles la gravedad de una situación que ocurría, entre otros lugares, delante de su sede en El Aaiún.

Ni siquiera la carta enviada por el presidente de la República Arabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, urgiendo al secretario general de la ONU para que su organización salvaguardara la vida de los ciudadanos, tanto en las zonas ocupadas como dentro del propio Marruecos, ha tenido una repercusión sobre el terreno.

A pesar de las imágenes transmitidas por los medios de comunicación en España, el número dos del Ministerio de Exteriores justificaba la inacción de la MINURSO diciendo que existían serias dudas de que la Misión tuviera competencias en un caso así y añadía que la "prioridad era revitalizar el proceso político para buscar una solución al contencioso ahora que el Plan Baker había entrado en vía muerta". Con la misma tibieza con la que el Gobierno socialista ha abordado el conflicto saharaui desde que ganara las elecciones de marzo de 2004, León insistía en que es necesario "terminar con el statu quo, que genera frustraciones en las partes y pone en riesgo la estabilidad de la región".

Durante el año y medio que lleva el PSOE en el poder, sus responsables se han caracterizado por desarrollar una política de absoluta ambigüedad teórica que, en la práctica, ha reforzado las posiciones del gobierno y la monarquía marroquíes opuestas siempre al cumplimiento de la legalidad internacional.

Tan es así que España, en el período de sesiones de la ONU, celebrado en octubre de 2004, favoreció un pulso que acabó con el consenso logrado hasta ese momento en la Cuarta Comisión de Descolonización y también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas .

Marruecos, con el respaldo de Francia y sobre todo, con el acercamiento a sus tesis del Gobierno español pugnaba por incluir, en ambas resoluciones, el nombre de Alvaro de Soto como sustituto de James Baker, que dimitió de su cargo como enviado personal de Kofi Annan a la zona, en junio del pasado año. Baker es el autor del plan de Paz vigente para el Sáhara Occidental (resolución 1495/2003 del Consejo de Seguridad) según el cual, la solución política óptima del conflicto pasa por la celebración de un referéndum que garantice el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui reconocido por las leyes internacionales desde el mismo año (1975) en que la antigua colonia española fue ocupada ilegalmente por el ejército marroquí.

El propósito de esta inclusión no era otro que el de ampliar el mandato de De Soto (base de la apuesta española) para igualar sus competencias con las del ex secretario de Estado norteamericano y asegurarse de este modo los posibles retoques del Plan Baker en beneficio de la monarquía alauíta.

Los representantes saharauis dejaron bien clara su postura desde el inicio. Por un lado, los eventuales "ajustes" del Plan Baker, defendidos por Marruecos y España eran inviables por cuanto afectarían al espíritu mismo del papel jugado por la ONU o tendrían que ver con cuestiones menores que los harían irrelevantes. Por otro, Alvaro De Soto era el representate especial del secretario general de la ONU, no su enviado personal y por tanto no podía asumir sus funciones.

Ahmed Bujari, representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas exponía de forma meridiana la posición de su gobierno en un artículo publicado en el diario El País, el 25 de octubre de 2004 en el que afirmaba que "los responsables españoles no son explícitos porque en realidad el Plan Baker no puede ser modificado sino mediante su eliminación total. Eso es lo que quiere Marruecos, a fin de reemplazarlo por un nuevo plan, por una nueva dinámica que concentre los esfuerzos (...) en un estatuto autonómico para el Sáhara Occidental como parte "integrante " de Marruecos".

El resultado de la liza, si bien arrastró con ella el fin del consenso entre los Estados con representación en la ONU ante el contencioso del Sáhara Occidental, también impidió que Marruecos y sus aliados lograran modificar el Plan Baker, amparándose en la probable ampliación del mandato de Álvaro De Soto.

A partir de ese momento, la diplomacia saharaui centró sus esfuerzos en forzar la retirada de De Soto del escenario del conflicto y profundizar en las relaciones políticas con los países de América Latina y Europa.

El primer objetivo se materializó a principios de mayo cuando De Soto fue apartado del cargo después de expresar reiteradas veces su incomodidad en el puesto. No obstante, el hecho de que aún no se haya nombrado a nadie para que represente al organismo internacional en la zona crea un vacío lleno de incertidumbres en especial para los saharauis, que han sabido ver en ello un nuevo intento de postergar la solución del contencioso y, más aún, de quitarle relevancia.

Uno de los pocos puntos en los que coiciden el Gobierno español y el de la RASD es en la necesidad de que el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental sea un norteamericano con el suficiente peso político para impulsar la salida de la crisis.

Paralelamente, la dirigencia saharaui da señales de haber asumido el deterioro de Naciones Unidas como mediador válido en cualquier tipo de conflicto internacional. Quizás por esta es razón su trabajo ahora esté fundamentalmente orientado hacia la implicación política de los Estados Unidos.

Mientras, el representante del Polisario ante la ONU, Ahmed Bujari recorre el cono sur americano para intentar fortalecer la posición de su Gobierno en una parte del mundo en la que el Sáhara Occidental no se considera una cuestión menor. La República Árabe Saharaui Democrática no sólo ha sido reconocida por un nutrido grupo de países latinoamericanos, sino que mantiene abiertas embajadas y desarrolla importantes acuerdos de cooperación con varios de ellos.

Es el caso de Cuba, Venezuela, Panamá o Méjico, donde la sensibilidad hacia lo que ocurre en las zonas ocupadas y los campamentos de refugiados de Tindouf es una realidad palpable.

Curiosamente, si establecemos una comparación sobre todo entre los detractores de la causa saharaui en los pasillos del Congreso norteamericano, no resulta difícil encontrar similitudes con algunos de los países mencionados. Según los datos que ofrece un reportaje aparecido en la edición de El País del 20 de junio, la labor del embajador de la RASD en Washington, Maulud Said, ha conseguido el apoyo de algunos de los congresistas más conservadores del Partido Republicano como Suzanne Scholte.

Por contra, las grandes cantidades de dinero invertidas por la monarquía alauíta han colocado a Marruecos en una situación estratégica en el Congreso, que se traduce en el apoyo de Lincoln Díaz- Balart (de Florida), hombre vinculado a las poderosas mafias cubano-americanas y de Phil English, de Pensilvania. Ambos, junto a su grupo de aliados respaldaron el Acuerdo de Libre Comercio entre EE.UU y Marruecos de 2004 y defienden su postura en la Cámara. Pese a todo, sin lobbys que los financien ni organismos de paz en los que puedan confiar, el pueblo del Sáhara Occidental está decidido a escribir su propia historia. Ahmed Saib fue torturado por policías marroquíes hasta que lo creyeron muerto. Fue él mismo quien afirmó después a la prensa que ?la vida es un precio muy simple para la liberación de mi pueblo?.

*REPORTAJE QUE APARECERA EN LA REVISTA UNIDAD Y LUCHA, QUE DEDICA SU PORTADA AL PUEBLO DEL SAHARA OCCIDENTAL