Salud pública y discapacitados
Justo
Fernández Rodríguez
La atención sanitaria pública es un
derecho de los ciudadanos y una obligación de quienes ostentan el poder
político de cualquier Estado democrático. Sin embargo, la deshonestidad de una
buena parte de los gobernantes, que utilizan los cargos públicos para su
enriquecimiento particular y el de los grupos económicos que los apoyan y
subvencionan, supedita el derecho de los ciudadanos a los intereses bastardos de quienes han convertido la sanidad en un
negocio especulativo y privado.
En España, y desde 1997, se ha producido un deterioro progresivo del servicio
de salud pública en beneficio del negocio privado de la salud, como principio
orientador de la política de los gobiernos aznaristas.
El gasto sanitario, es insuficiente, incluso ha disminuido ligeramente,
mientras crece en la mayoría de los países de
Sin embargo, si comparamos nuestra situación con la de la mayoría de los países
de Asia, Latinoamérica o África, gozamos de una situación de privilegio, que no
debe hacernos rebajar el nivel de exigencia ciudadana de una sanidad pública eficaz,
menos burocrática y, desde luego, no supeditada a los intereses de la sanidad
privada.
La pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados. La salud es un
factor determinante del crecimiento económico y del desarrollo, mientras que la
enfermedad es, al mismo tiempo, causa y efecto de la pobreza.
Según
La mayor parte de las muertes por enfermedades infecciosas se produce en los
países en desarrollo. La tercera parte de estos países, 1.300 millones de
personas, viven con ingresos inferiores a un dólar diario, por lo que carecen
de la posibilidad de acceder a medicamentos esenciales, además de ser
ciudadanos de países que destinan escaso dinero a los servicios de salud.
En busca de soluciones, se ha celebrado en Río de Janeiro el XI Congreso
Mundial de Salud Pública (21-25 de agosto). Asistieron cerca de 10.000 expertos
de varios países. En conferencias, debates, paneles, talleres y foros se
presentaron más de 6.000 trabajos. El tema principal del Congreso fue "La
salud en un mundo globalizado: rompiendo barreras sociales, económicas y
políticas".
La inauguración corrió a cargo del presidente de Brasil, Lula da Silva, quien
adquirió el compromiso de pedir a los gobernantes que no permitan que los
países pobres vean morir a sus hijos porque no pueden acceder a los caros
remedios producido por los laboratorios multinacionales. Este no es un
problema económico. Es un problema eminentemente político que, por lo tanto,
está en nuestras manos". "La salud colectiva en el mundo, en especial
en los países con graves disparidades de renta y oportunidades, trasciende las
barreras de los hospitales, las farmacias y las universidades. Es necesaria la
cooperación internacional.
Muchos oradores coincidieron
en que, pese a la expansión de las economías y los avances técnico-científicos
que ampliaron el conjunto de recursos profilácticos y terapéuticos, la pobreza,
el hambre, las enfermedades evitables y la violencia continúan sustrayendo y
comprometiendo la salud y la vida de tres cuartas partes de la población
mundial. El presidente de
El presidente de
No parece que vayan a cambiar las cosas. A las importantes ausencias al
Congreso hay que añadir el escaso seguimiento de los medios de comunicación de
los debates y resoluciones adoptadas. Es más que probable que, en la
celebración del XII Congreso Mundial de Salud Pública se viertan las mismas
ácidas críticas sobre la situación y los intereses que se oponen a su solución,
pese a que para alcanzar los objetivos planteados, según Marcchiori
Buss, sólo sería necesario gastar menos de lo que
el mundo gasta en armas en apenas un año. Volver a plantearse la necesidad
de reducir a dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de
cinco años; aminorar la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes;
detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA y contener y disminuir
la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. Y, una vez más, los
intereses de la sanidad privada quedarán a salvo.
El 10% de los habitantes del planeta vive con alguna discapacidad y el
porcentaje aumenta por el envejecimiento de la población y el incremento de las
expectativas de vida; sin embargo, hasta ahora no existe ningún instrumento
internacional vinculante que proteja los derechos de los 650 millones de
personas que sufren minusvalías en todo el mundo. Tras cinco años de
negociaciones, los delegados de 192 países y representantes de organizaciones
no gubernamentales (ONG) han llegado a un acuerdo en la redacción final de la
convención internacional para el reconocimiento de los derechos de los
discapacitados. En el próximo periodo de sesiones de
La convención estipula que los gobiernos de los países signatarios habrán de
introducir cambios en sus legislaciones para mejorar y promover el acceso a la
educación y empleo de las personas con discapacidades. Asimismo, la igualdad de
acceso a la información, los sistemas de salud y la eliminación de obstáculos
físicos y sociales para la movilidad de estas personas. Lógicamente, se prohíbe
la discriminación de los discapacitados en todos los terrenos, incluido el de
los derechos civiles y el acceso al transporte.