Este título no tiene absolutamente nada que ver con la célebre película protagonizada por los magníficos actores Anthony Hopkins y Jodie Foster. Al margen de cualquier consideración cinematográfica -que no es el caso-, refleja perfectamente, con toda crudeza y en toda su dimensión -es tremendamente gráfico-, la claudicante, desoladora y humillante actitud silenciosa de este pueblo, ante la gravísima situación que atraviesa Canarias, y en la que nadie parece reparar; o lo que es peor, que esta "clase dirigente" que nos ha tocado padecer, minimiza una y otra vez, cuando no obvia descaradamente, en una vergonzante huida hacia adelante.

Una situación cada día más explosiva y peligrosa, difícil de soportar que, como he dicho en numerosas ocasiones en estas mismas páginas y en otros medios de comunicación, obedece exclusivamente a la ignominiosa, denigrante e injusta indefensión político-jurídica en que se encuentra este Archipiélago. Sujeto, por otra parte, a diferentes Legislaciones superpuestas y contrarias entre sí, cuya aplicación tiene un claro objetivo: perpetuar "sine die" el actual "statu quo" de Canarias, en una flagrante conculcación del Derecho Internacional y de la propia Carta de Naciones Unidas.

El pueblo canario, o lo que queda de el, sigue inerme, incapaz de reaccionar, sufriendo en silencio y con una degradante resignación -como un patético rebaño- este infame oprobio; dirigido y hábilmente manipulado, por una caterva de políticos que quieren mantenerse en el poder al precio que sea, y que actúan a su antojo, previo dictado de Madrid, en función de espúreos intereses, que para nada tienen que ver con los legítimos intereses del pueblo canario en su conjunto.

Un pueblo al que se le está hurtando de forma canallesca la verdadera realidad de Canarias (como ha ocurrido históricamente), en un proceso alienante y encubridor que niega la irrefutable realidad geográfica de nuestro territorio, y tergiversa la historia, en una deleznable política de "hechos consumados", para dar carta de naturaleza a una ficción jurídica que no se sostiene en pleno siglo XXI.

Una monumental mentira, un engaño masivo para seguir ocultando nuestra situación real de "territorio nacional" de un País europeo en África, y que nos considera un "Archipiélago de Estado" sin serlo (estamos en otro continente, distinto y distante al de la Nación que nos hizo suya), para conservar como sea lo único que queda del Imperio español más debajo de las "Columnas de Hércules". Mientras la burguesía canaria, tan dependiente y sumisa, no asuma, cuanto antes, el hecho "colonial canario" (sus intereses están siendo gravemente lesionados), no trascenderá todo lo que está pasando en Canarias y la verdadera naturaleza de nuestra problemática.

En esta coyuntura histórica, en la que se está dilucidando el futuro de las generaciones venideras, debemos tomar conciencia de una vez por todas, de que tenemos el derecho inalienable e imprescriptible de ser los únicos protagonistas de nuestro futuro, y los legítimos dueños de nuestra tierra. Debemos reivindicar, al amparo del Derecho Internacional, el "status" que posibilite el establecimiento y la delimitación de nuestras "aguas archipelágicas" y la demarcación de nuestras fronteras marítimas. No solo para podernos "salir" de la Zona Económica Exclusiva de Marruecos, sino para disponer libremente de los recursos de nuestro territorio, petróleo y gas incluidos. La reciente aparición de yacimientos de hidrocarburos en esta parte del Atlántico -cuya existencia se ha ocultado deliberadamente, durante décadas-, le confiere a este enclave un valor geoestratégico de primer orden. Ello ha potenciado nuestra "renta de situación" que los canarios debemos rentabilizar en beneficio propio. Téngase en cuenta que desde el Golfo de Guinea hasta Marruecos, ya hay numerosas explotaciones petrolíferas en todos los Países productores del África Occidental, y que la española REPSOL/YPF pretende extraer el petróleo y/o gas de las "aguas españolas".

A partir de aquí, la pregunta es obligada: ¿A quién pertenecen legalmente los yacimientos petrolíferos localizados en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura? El interrogante requiere varias puntualizaciones para general conocimiento de la opinión pública.

En efecto: los permisos que en su día concedió el anterior Gobierno del Partido Popular (BOE, 23 de enero de 2002) a REPSOL/YPF para realizar prospecciones en "aguas canarias", y que ahora pretende confirmar ilegalmente el Gobierno socialista, ¡son nulos de pleno derecho! con el Estatuto Jurídico del Mar por delante.

España, pese a que no puede delimitar nuestros espacios marítimos -aunque mantenga a capa y espada la "soberanía política" sobre Canarias-, "estableció" unilateralmente una supuesta mediana desde nuestro Archipiélago con el Reino de Marruecos -sin haber sido aceptada por este País-, en base a la Ley 15/1978 de 20 de febrero sobre ZEE (que no está desarrollada y, por tanto, no existe jurídicamente), y mediante el subterfugio legal de aprovechar la entrada en vigor del Reglamento de control comunitario, para la puesta en práctica del Sistema de localización de buques pesqueros vía satélite, y cuyas virtuales coordenadas geográficas figuran detalladas en una carta del anterior Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, dirigida al "lobby" armador español, con fecha 23 de octubre de 2000.

¿Con esta "chapuza jurídica" pretende España atribuirse la "jurisdicción" de unos espacios marítimos aún por delimitar, y la "propiedad" de los enormes recursos energéticos que contienen?...

Canarias, mayo de 2005