La ascendente cadena de indecencias, pelotazos urbanísticos y obras públicas destructivas en Canarias no deben quedarse en mera constatación de una sucesión de escándalos. La degradación política, social y económica que padecemos tiene causas y culpables. Y la causa más inmediata es la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), clave –junto al gobierno de Coalición Canaria– de la corrupción en la última década.

La RIC no es sólo una grave regresión impositiva, con la privatización de una gran parte de los impuestos y de los recursos financieros públicos, sino una brutal proceso de acumulación de capital por parte de los sectores oligárquicos de Canarias. A la que hay que añadir el reparto privilegiado de subvenciones y contratos subvencionados a una reducida pandilla de grandes empresarios. Los fondos consignados a la RIC superan los 14 mil millones de Euros (2,4 billones de pesetas). Eso supone más de cuatro mil millones de euros en impuestos no pagados (unos 800 mil millones de pesetas, aproximadamente).

Teniendo en cuenta que la participación de Canarias en los Presupuestos del Estado es de aproximadamente el 4%, estamos hablando de entorno a 200 millones de Euros (más de 32 mil millones de pesetas) detraídos a las arcas públicas canarias. Dinero público regalado a un puñado de empresarios y que deja de ir a sanidad, educación, empleo, vivienda o servicios sociales.

Cuando hablamos de agujeros financieros en la sanidad canaria o de recortes presupuestarios en educación, tenemos que hablar de la RIC. No es de extrañar, por lo tanto, el penoso empeoramiento de las condiciones de vida de las canarias y los canarios en los últimos diez años. Tres cuartas partes de las familias canarias (el 75,6%) tienen dificultades para poder llegar a fin de mes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso supone 20 puntos por encima de la media del Estado (55,0%) y 11,5 puntos por encima de la siguiente peor comunidad, Andalucía (64,1%). La calidad de vida de los canarios presenta los peores índices estatales: salarios más bajos, pensiones más bajas, jornada laboral más larga, cesta de la compra más cara, listas de esperas más largas, fracaso escolar récord...

Paralelamente, han surgido inmensas fortunas de la noche a la mañana, cuyo origen no ha sido investigado. Añadamos a eso que más del 75% de las inversiones canarias en el extranjero se realizan en paraísos fiscales. Añadamos a esto las subvenciones directas a esos mismos empresarios o los inmensos beneficios del Régimen Específico de Abastecimientos (REA).

En esta situación, aparece el mecanismo de prefinanciación de obras públicas, la mayoría innecesarias, como mecanismo de blanqueo de dinero y, a la vez, de generación de nuevos beneficios, y de plusvalías por las adjudicaciones de esas obras. Aunque ello suponga que, de paso, destrocen aún más los recursos medioambientales de Canarias.

Esto es posible secuestrando la democracia real y poniendo las instituciones públicas al servicio de una minoría empresarial hegemónica. Y convirtiendo a los representantes políticos en meros agentes comerciales de sus intereses.

Todo ello desata luchas intestinas y pugnas por el reparto del botín entre distintas facciones de la oligarquía canaria. En esas batallas, existe el peligro cierto de que las movilizaciones populares sean utilizadas y manipuladas. Estar atentos a esas manipulaciones y desenmascararlas es una prioridad.

En definitiva, es preciso acabar con la RIC y con las políticas que lleva aparejadas, pasando de las luchas parciales y parceladas a una lucha general contra la corrupción y los métodos de saqueo del capitalismo de corte colonial en Canarias.